¡Repudiamos la agresión imperialista
a Venezuela!

Durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, EE. UU. atacó a Venezuela y a su pueblo. En la capital, Caracas, hubo bombardeos y fuertes explosiones en distintos puntos especialmente en la zona sur de la ciudad y también agresiones similares en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.
Los acontecimientos están en pleno desarrollo y las distintas afirmaciones que circulan, han de ser confirmadas. Sin embargo, EE. UU. ha asegurado que capturó -secuestró-, a Nicolás Maduro y su esposa y los sacó del país; y la escalada de la agresión es un hecho que no puede esperar a ser rechazado. ¡No se puede dejar que el imperialismo agreda la integridad de otros países con total impunidad y bajo cualquier pretexto para defender sus propios intereses!
Desde la Liga Internacional Socialista (LIS):
-Condenamos los bombardeos y agresiones imperialistas de Trump a Venezuela y rechazamos cualquier injerencia en su destino político interno.
-Exigimos el retiro inmediato de las fuerzas aeronavales y tropas que agreden a Venezuela y acechan a Colombia y el caribe.
-Exigimos la condena de los gobiernos de Latinoamérica y el mundo, así como de las fuerzas que se declaran democráticas contra las acciones piratas e intervencionistas del gobierno de los EE. UU.
-Más allá de las diferencias irreconciliables que mantenemos con el régimen venezolano, del cual somos opositores desde la izquierda, repudiamos todas las acciones imperialistas llevadas a cabo la madrugada del 3 de enero.
-Estaremos junto al pueblo venezolano y la defensa de la soberanía de su país contra el injerencismo de Trump y sus cómplices locales; y para que la clase trabajadora recupere sus derechos democráticos, sociales, políticos y sea la que decida el destino de su país.
-Repudiamos el rol cómplice de la derecha colaboracionista de Venezuela y el resto de Latinoamérica.
-Llamamos a la más amplia unidad de acción y la movilización mundial contra el imperialismo norteamericano y en defensa del pueblo venezolano.
¡Fuera el imperialismo de Venezuela y América Latina!
Secretariado Internacional – Liga Internacional Socialista
3 de enero de 2025
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Ante la consulta del Pacto Histórico
el 26 de octubre
Por una alternativa revolucionaria
en las próximas elecciones

El próximo domingo se realizará la consulta del Pacto Histórico para definir su pre-candidato a una posible consulta con otros partidos el 8 de marzo de 2026, en la cual se elegirá el candidato presidencial del que denominan Frente Amplio. A la vez se definirá orden de los aspirantes a Senado y Cámara.
Luego de vueltas y revueltas, ideas y venidas, alegatos jurídicos a diestra y siniestra, confrontaciones con el Consejo Nacional Electoral y una compleja y sorda lucha interna, de los más de 10 pre-candidatos que salieron al ruedo al inicio solo quedaron dos por los cuales se votará: Iván Cepeda y Carolina Corcho. Algún votante distraído podrá marcar la casilla de Daniel Quintero, quien se retiró la semana anterior. No está claro si esos votos por Quintero se contabilizarán o si su retiro lo inhabilita para presentarse a la de marzo de 2026.
¿Un evento trascendental para la “democracia”?
A voz en cuello, en plaza pública y decenas de veces en su cuenta de X, el presidente Petro ha tratado de convencer de que la consulta del 26 es uno de los más grandiosos eventos de la denominada “democracia” y que los ciudadanos, todos, deben acudir a las urnas. Ingenuos quienes se creen el cuento.
Por supuesto que para quienes comparten el programa, la estrategia y las propuestas políticas del Pacto Histórico y han respaldado activamente al gobierno de Petro el asunto reviste importancia; así se haya desinflado por la reducción a solo dos opciones.
Sin embargo, nada democrático es, en últimas, que fuerzas o movimientos políticos con un programa, estrategia y políticas distintas tengan la posibilidad de influir en la vida interna de otra organización, del Pacto en este caso. Tal era la situación, denunciada por integrantes del mismo Pacto, frente a Daniel Quintero quien era señalado como un “caballo de troya”, no reconociéndole credenciales suficientes para ser partícipe de esa consulta.
Daniel Quintero, oportunista hasta la médula, fue empujado, promocionado, catapultado para que participase en esa consulta por el mismo Petro; lo que muestra que la estrategia del Pacto, determinada por Petro, continúa y continuará siendo la misma: aliarse hasta con el diablo para continuar controlando el Ejecutivo o, por lo menos, en una coalición con otras franjas putrefactas de la política tradicional, luego del 2026 seguir teniendo una tajada del aparato gubernamental.
Apuesta arriesgada
El Pacto y Petro terminaron haciendo una apuesta arriesgada con la consulta del 26. Un importante grupo de organizaciones que respaldan al gobierno, que han sido parte del Pacto (que aún, por recovecos legales, no es un partido sino un acuerdo de partidos) decidió no ser parte de la consulta e ir directamente a la inter-partidaria del 8 de marzo del 2026. Esas fuerzas, ¿llamarán a sus seguidores a votar este 26? ¿Espontáneamente sus seguidores lo harán? El desinfle de la consulta, por lo menos en lo relativo a pre-candidato presidencial, puede hacer que la motivación para acudir a las urnas el 26 disminuya sustancialmente.
Los enredos de la consulta no solo han dependido de las trabas que el Consejo Nacional Electoral ha colocado aduciendo razones jurídicas. En palabras de Jorge Rojas, ex director del Dapre e integrante de la Colombia Humana, “No sólo es el Consejo Nacional Electoral. Dentro de los partidos del Pacto dimos papaya, como se dice coloquialmente, y el CNE está haciendo todo para impedir que ese proceso termine bien. Por eso la consulta se volvió un problema, incluso para la izquierda” (El caos en la consulta del Pacto quiebra el plan de Petro para el 26 – La Silla Vacía)
Sin duda una parte del cálculo inicial era que una masiva participación (más de 2 millones de votantes) significaría al Pacto Histórico una jugosa suma de dinero (hasta 5 mil millones de pesos o más) para financiar la campaña parlamentaria y presidencial del 2026. Pero, más importante aún, una masiva participación se podría valorar como un referendo favorable al gobierno, a sus planes y un respaldo a su continuidad. Pero, ¿si esto no se produce? ¿De qué magnitud será el golpe para el gobierno, que ya está en su final, si la participación es baja? El desgaste, desilusión e incertidumbre que existe ante el gobierno, entre muchos de quienes respaldaron en el 2022 a Petro, será mayor.
¿Por qué lo importante es intrascendente?
Lo que es muy importante para muchos, en especial para Petro y el Pacto Histórico, en realidad es bastante intrascendente. En su esencia, en el programa y estrategia, no existe ninguna diferencia entre Iván Cepeda Castro y Carolina Corcho. Tampoco existía ninguna diferencia esencial cuando el abanico era de más de una decena o estando Daniel Quintero. Quienes intentaron presentarse en nada esencial se diferenciaban de Petro. Petro puede ser más gritón, más bulloso, hacer más alharaca que Iván Cepeda quien aparece como más frío, calculador y reflexivo; o que Carolina Corcho, quien tiene otro “estilo”. Pero en la esencia, en lo que interesa de fondo a los trabajadores, a los revolucionarios, los tres –y todos los que antes competían en la consulta y se bajaron de ella– defienden la estructura de la sociedad capitalista, preconizando solo algunos cambios y retoques.
Las organizaciones revolucionarias, que levantamos en alto otra estrategia, otro programa, que reivindicamos la lucha por otra sociedad radical y completamente distinta, ¿debemos entonces promover, participar o llamar a votar por alguno de los candidatos en la consulta? Estamos seguros de que no. Flaco servicio se presta a la conciencia de los trabajadores llamarlos a que sean furgón de cola de las propuestas y políticas que hace el reformismo para mantener su influencia política.
Hemos levantado, durante décadas, una política electoral que tiene como esencia la independencia de clase. Significa que llamamos a los trabajadores a reconocerse políticamente de manera independiente tanto de la burguesía como de los partidos de la pequeña burguesía. Integrarse a la consulta, convirtiéndose en parte de ella, como lo hace el Partido Socialista de los Trabajadores –PST-C–[i] significa renunciar a ese criterio esencial de la participación política electoral del socialismo revolucionario.
Es posible una participación electoral revolucionaria
Múltiples organizaciones revolucionarias hemos reivindicado nuestra independencia política respecto del actual gobierno. No nos oponemos a las escasas medidas progresivas que se han podido concretar, pero hemos señalado sus profundas limitaciones debidas a los compromisos de Petro con sectores de la burguesía que han actuado como camisa de fuerza contra cualquier reforma que tenga alguna radicalidad. Y el principal obstáculo ha sido subordinarse a las instituciones del autoritario régimen político colombiano, entre ellas las antidemocráticas normas del código electoral y los trámites parlamentarios, terrenos minados para lograr conquistas sociales.
En las próximas elecciones tenemos la posibilidad de presentar una alternativa verdaderamente revolucionaria. Organizaciones como el Congreso de los Pueblos, la Asamblea Nacional Popular Independiente (ANPI) y otros espacios de coordinación de las luchas sociales, como las Coordinadoras de Solidaridad (Cosol) y la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular (CNSSP) podríamos convocar un Encuentro Nacional Obrero Campesino Juvenil y Popular y allí definir democráticamente una fórmula electoral que represente las luchas de resistencia que seguimos librando todos los días desde las fábricas, las minas, los campos, las comunidades originarias, los barrios, escuelas, colegios y universidades.
Desde ese espacio podríamos exigir el derecho a presentar esas candidaturas independientes. Siendo fieles a la experiencia histórica de la clase obrera podremos utilizar la campaña para agitar un programa de verdaderos cambios estructurales a la sociedad colombiana, un programa opuesto por el vértice del programa reformista del Pacto Histórico o el futuro Frente Amplio. Un programa para eliminar la propiedad privada de los medios de producción, para ponerlos bajo control de los trabajadores y los pobres; por la destrucción revolucionaria del régimen narcoparamilitar con que se oprime y controla a sangre y fuego a nuestra sociedad, y para establecer un gobierno de los trabajadores, los campesinos pobres, las comunidades originarias y los sectores populares; no un gobierno de coalición entre franjas de políticos oportunistas pequeñoburgueses y personajes venidos de la más podrida politiquería tradicional como el que preside Gustavo Petro. Ese gobierno revolucionario debe superar los vaivenes imprevistos de un caudillo mesiánico y basarse en el poder de las organizaciones sindicales, sociales y populares, la fuerza de su movilización y el armamento general de la población para derrotar en las calles al uribismo y a la ultraderecha que continúa asesinando los líderes sociales y atacando la protesta social. En síntesis, un programa y un gobierno para la inaplazable revolución socialista colombiana.
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Dirección Nacional
Bogotá, Medellín, 19 de octubre de 2025
[i] Ver su editorial Por la derrota definitiva del uribismo, este 26 de Octubre, voto crítico por Iván Cepeda – PST-Colombia
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Las movilizaciones del 7 de octubre
Un triunfo de la unidad
antisionista y antiimperialista

El pasado 7 de octubre en Bogotá, las capitales departamentales principales y otras ciudades colombianas, se realizaron importantes movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino víctima durante dos años de lo que la Corte Internacional de Justicia calificó como genocidio.
La masividad de la participación en Bogotá fue el fruto de un intenso trabajo unitario promovido por el recientemente creado Frente de Acción por Palestina, secundado por la Comunidad Palestina en Colombia. Superando la dispersión que ha caracterizado esta actividad de solidaridad en los pasados dos años, más de 130 organizaciones de diversa índole fueron dando respaldo público a la convocatoria y contribuyeron a fortalecerla con múltiples iniciativas preparatorias en los días previos a la movilización. Foros de propaganda, cátedras presenciales y virtuales sobre la historia de la colonización sionista de Palestina, proyección de películas, recitales poéticos, y otras acciones culturales, además de mítines y plantones de protesta fueron creando una voluntad colectiva de impulso a la movilización.
El ánimo que respaldó la convocatoria se correspondió con una coyuntura internacional y nacional favorables a la participación. En primer lugar, la llamada Flotilla Humanitaria Sumud (firmeza, perseverancia, en lengua árabe) que se desplazaba por el Mediterráneo hacia Gaza para llevar alimentos y medicamentos fue interceptada por el ejército sionista en aguas internacionales y sus integrantes secuestrados y encerrados en una cárcel israelí violando de manera flagrante el derecho internacional. La Flotilla contaba con participantes de más de cuarenta países, entre ellos la reconocida activista sueca Greta Thunberg, y la diputada argentina Celeste Fierro de la Liga Internacional Socialista, entre otros militantes internacionalistas, como las jóvenes colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto. La respuesta inmediata por el asalto a la Flotilla fueron movilizaciones masivas de protesta por la inacción de gobiernos como el de España e Italia que la custodiaban oficialmente, pero la abandonaron a su suerte cuando fue interceptada por los militares sionistas. En Italia se realizó una huelga general que paralizó el transporte y parte de la economía.
En segundo lugar, las declaraciones del presidente de Colombia Gustavo Petro en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que señaló el carácter genocida de la actuación de Netanyahu y su posterior llamado en una plaza de Nueva York a las tropas yanquis a desobedecer las órdenes de Trump, provocaron la cancelación de su visa y una significativa crisis diplomática. Además, Petro ordenó a los representantes consulares de Israel en Colombia que abandonaran el país y anunció la revisión del Tratado de Libre Comercio vigente entre los dos países. Ese enfrentamiento político caldeó los ánimos de los sectores políticos que respaldan al gobierno y su influencia en organizaciones sindicales y sociales. Organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Federación Colombiana de Educadores FECODE y su filial más importante la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá, se sumaron oficialmente a la convocatoria del 7 de octubre. Eso también puso en evidencia la indolencia del Pacto Histórico y su bancada parlamentaria en los dos años transcurridos y la inconsecuencia del gobierno que no convocó a la movilización. De ser así la protesta habría podido escalar y la participación multiplicarse, derrotando agresiones de grupos represivos como ocurrió con la marcha en Medellín.

Ese clima político internacional y nacional coincidió con la fecha simbólica de dos años de genocidio continuado sobre el territorio gazatí y la crisis interna del gobierno de Netanyahu presionado por los familiares de los retenidos por Hamás y el cada vez más extendido aislamiento político del enclave sionista, como se constató con el reconocimiento del Estado Palestino por varios países que durante más de setenta años se habían negado a hacerlo. Ese aislamiento explica la celeridad con la que Donald Trump, de común acuerdo con varios gobiernos árabes, le han impuesto un supuesto “plan de paz” en el que, a cambio de la liberación de veinte rehenes y los cuerpos de los fallecidos en cautiverio, Netanyahu se ha visto obligado a liberar a dos mil presos palestinos –muchos de ellos condenados arbitrariamente a cadena perpetua en las siniestras cárceles sionistas– y permitir el ingreso de centenares de camiones con ayuda humanitaria.
Por más que los medios de comunicación en manos de grandes conglomerados empresariales a nivel mundial hoy pretendan presentar como una actitud generosa de Trump la imposición del cese al fuego en Gaza y el acceso de ayuda humanitaria para frenar la hambruna a la que ha estado sometida la población gazatí, la realidad es que estas medidas han sido resultado de la generalización del rechazo al genocidio sionista y el incremento de la simpatía de masas con la causa palestina. Pero ese tramposo plan de paz –que intenta dejar por fuera del gobierno palestino a Hamás y desarmar sus milicias, así como establecer un protectorado sobre Gaza, encabezado por Trump y sus socios inmobiliarios—puede provocar el debilitamiento de la movilización.
La llamada “solución de los dos Estados” por la que abogan ahora las principales potencias imperialistas será la continuidad del régimen de apartheid y segregación de la población palestina, cuyos territorios son invadidos por colonos que han convertido a Cisjordania en un laberinto con vías exclusivas para los israelíes y casetas de control para los palestinos, al tiempo que se desplaza a la población nativa de Jerusalén para consagrarla como capital de Israel
Las opulentas burguesías árabes han sido cómplices de esa situación, al tiempo que instrumentalizan a la resistencia islámica como ocurre con Hezbolá en El Líbano, los hutíes de Yemen o Hamás en la Franja de Gaza. Hasta ahora Gustavo Petro no ha hecho ningún pronunciamiento que deslinde a Colombia de esas burguesías. Todo lo contrario, ha establecido lazos económicos y políticos cada vez más estrechos con Catar, sede de negociaciones de paz con el llamado Clan del Golfo. Sólo la presión social obligará al gobierno colombiano a profundizar la ruptura con el Estado sionista y dejar de capitular a las burguesías árabes.
En Colombia, y en el resto del mundo, debemos ser conscientes que sólo la destrucción del Estado Sionista –que no significa el exterminio de los judíos o la población hebrea, sino el desmonte de su aparato militar colonial, guerrerista y expansionista y su institucionalidad teocrática– y la constitución en todo el territorio de la Palestina histórica de un Estado Laico, Democrático, No Racista y Socialista, abrirá la posibilidad de una paz duradera.
Con ese objetivo el Frente de Acción por Palestina y la Comunidad Palestina en Colombia debemos continuar impulsando la propaganda, la movilización y la lucha solidaria con Palestina. Debemos persistir en difundir la verdad sobre el genocidio, la colonización, y el apartheid contra el pueblo palestino. Promovamos cátedras institucionales en todos los centros educativos, como la que se realiza actualmente en la Universidad Nacional de Colombia; repliquemos esas cátedras en nuestras organizaciones sindicales y sociales; multipliquemos también los foros y conferencias virtuales y, sobre todo, constituyamos comités de solidaridad con la resistencia palestina.
Y exijamos al gobierno de Petro que no retroceda en ninguna de las medidas que se han tomado en la perspectiva de una ruptura definitiva con el Estado Sionista y con su patrocinador principal, el también genocida gobierno de Donald Trump.
¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Bogotá, Medellín, 15 de octubre de 2025
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Detener el genocidio, ¡es urgente!

A dos años del recrudecimiento del genocidio contra el pueblo palestino, desde la Liga Internacional Socialista (LIS) y Unidad Obrera y Socialista (UNÍOS) denunciamos con absoluta firmeza el horror al que está siendo sometido el pueblo Palestino y llamamos a redoblar la movilización internacional para detener el genocidio y exigir la libertad de quienes han sido secuestrados por el Estado de Israel por brindar ayuda humanitaria.
1. A dos años de genocidio intensificado: más de 15 mil niñas y niños asesinados
Se cumplen dos años desde que Israel intensificó su ofensiva genocida sobre la Franja de Gaza, especialmente desde octubre de 2023. En este periodo, según datos de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, más de 35.000 palestinos han sido asesinados, de los cuales más de 15.000 eran niñas y niños. Además, se contabilizan decenas de miles de personas heridas, con una infraestructura hospitalaria colapsada, y más de 1.8 millones de personas desplazadas en lo que ya ha sido descrito como una “Nakba” moderna: una limpieza étnica en curso.
Israel no solo asesina con bombardeos masivos e indiscriminados, sino que lo hace también bloqueando el ingreso de agua, alimentos, medicamentos y combustible. Gaza está siendo convertida en un campo de concentración a cielo abierto.
2. La Flotilla de la Dignidad Global Sumud: ayuda humanitaria interceptada, activistas secuestrados
Hace pocos días, la Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 400 activistas internacionales, fue ilegalmente interceptada por el Estado de Israel en aguas internacionales, mientras transportaba ayuda humanitaria vital hacia Gaza. La tripulación, entre quienes se encuentran médicas, periodistas, defensoras de derechos humanos y parlamentarias, fue secuestrada y está siendo sometida a maltratos y torturas.
Entre las personas secuestradas está nuestra compañera Celeste Fierro, diputada de la Ciudad de Buenos Aires por el MST en el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) y dirigenta de la LIS. Desde hace más de cuatro días no hay comunicación con ella, y se ha confirmado que está encarcelada en una prisión del desierto israelí, bajo condiciones inhumanas.
También han sido secuestradas nuestras compañeras Luna Barreto y Manuela Bedoya, dos jóvenes colombianas defensoras de derechos humanos que valientemente se sumaron a la flotilla. Exigimos su liberación inmediata, así como la de toda la tripulación.
Denunciamos estas acciones como actos de violaciones del derecho internacional y crímenes de guerra. Redoblamos nuestro llamado a movilizarnos en todo el mundo, a no quedarnos de brazos cruzados, y a exigirle a los gobiernos que actúen de inmediato para presionar por la liberación de todas las personas retenidas ilegalmente por el Estado sionista y genocida de Israel.
3. El gobierno de Petro: medias medidas no bastan
Valoramos la decisión del gobierno de Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel y suspender exportaciones de carbón. Sin embargo, esto no es suficiente frente a un genocidio en curso.
Exigimos la ruptura inmediata del Tratado de Libre Comercio firmado en 2020, el cual permite que el 97% de las exportaciones agrícolas y agroindustriales colombianas a Israel estén exentas de aranceles, manteniendo relaciones económicas con un régimen genocida.
También denunciamos que siguen vigentes los acuerdos militares y de cooperación con Israel, incluyendo el uso de aviones Kfir, fusiles Galil y cooperación en temas de “ciberseguridad” bajo el paraguas de la OTAN. ¿Cómo puede hablarse de solidaridad con Palestina mientras se mantiene el negocio de armas con Israel y se acepta cooperación militar con uno de los principales actores del colonialismo en Medio Oriente?
No alcanza con discursos, ni siquiera con gestos importantes como aparecer junto a Roger Waters en foros internacionales. Hay que ser consecuente: romper todos los acuerdos militares, económicos y comerciales con Israel. Tampoco basta con denunciar al imperialismo cuando a la vez no se señala el papel traidor de las burguesías árabes que han abandonado a su suerte al pueblo palestino y han hecho toda clase de pactos y acuerdos con Israel, reconociendo su existencia.
Y exigimos al Estado colombiano y a la Cancillería que actúen inmediatamente para garantizar la libertad de Luna y Manuela, las dos defensoras de derechos humanos hoy secuestradas por Israel.
4. No al “acuerdo de paz” de Trump: es un plan para borrar a Palestina del mapa
Desde la LIS y UNÍOS rechazamos rotundamente el “acuerdo de paz” impulsado por Donald Trump y sus aliados sionistas. Este no es un acuerdo ni es por la paz: es un plan para consolidar el colonialismo y borrar a Palestina del mapa.
Rechazamos también la política de “dos Estados”, que en la práctica solo ha servido para legitimar la ocupación y dividir a la resistencia palestina. No puede haber paz mientras exista un Estado racista, confesional y colonial como el de Israel.La política de existencia de dos estados que también defiende Petro solo ha servido para facilitar el expansionismo de Israel, arrebatando la tierra que legítimamente pertenece al pueblo palestino.
Nosotros luchamos por una única salida real: un Estado palestino único, laico, libre, socialista y no racista, en el que puedan convivir en igualdad de condiciones todas las personas, sin importar su religión, etnia o nacionalidad. Solo la clase trabajadora y los pueblos de la región pueden construir esta alternativa, superando las divisiones impuestas por las potencias y los regímenes árabes cómplices.
¡Basta de genocidio!
¡Libertad inmediata para Celeste Fierro, Luna, Manuela y toda la Flotilla Global Sumud!
¡Ruptura total con el Estado de Israel genocida!
¡Por un solo Estado Palestino, libre, socialista y laico!
Unidad Obrera y Socialista (UNÍOS)
7 de octubre de 2025
Frente a las diversas reacciones
ante el fallecimiento de Miguel Uribe
Pronunciamiento de la Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
[A partir de los debates internos que han enriquecido nuestra línea política —reflejados en artículos recientes de las secciones “Polémica” y “Nacional” de este blog— y ante las interpretaciones externas surgidas frente a nuestro pronunciamiento del 11 de agosto, desde ¡UNÍOS! presentamos este nuevo pronunciamiento. En particular, aclaramos que la expresión “comprender el dolor” utilizada en el anterior pronunciamiento no implica de nuestra parte empatía, solidaridad ni compartir el «dolor», y de ninguna manera equivale a enviar condolencias a enemigos de clase.]
Luego de debatirse entre la vida y la muerte, debido al atentado de que fue víctima el pasado 7 de junio, ha fallecido el senador Miguel Uribe Turbay. Desde una posición revolucionaria —totalmente contraria a la de Uribe Turbay, a la del Centro Democrático y la ultraderecha que instrumentalizan su muerte para presentarse como víctimas de persecución política por parte del gobierno de Petro y la “izquierda”—, nuestra agrupación política ¡UNÍOS! reivindica la posición histórica del rechazo al uso de esos métodos.
Los rechazamos porque en nada convienen, ni a la lucha democrática, ni a la lucha revolucionaria de la clase obrera y de les oprimides y explotades. Incluso cuando esas acciones son realizadas por organizaciones que, en ciertos casos, se proclaman revolucionarias, como sucedió muchas veces en el pasado en el país, las hemos rechazado. Hoy, sin saberse aún con certeza quién haya dado la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay, nos pronunciamos en un sentido similar.
Mientras los sectores más reaccionarios de la burguesía y los medios de comunicación tradicionales califican este caso de magnicidio, aprovechando para difundir su política de cara a las próximas elecciones, y mientras el reformismo asume como propio el “duelo” en nombre de la democracia — democracia burguesa, ajena a la clase trabajadora—, activistas, trabajadores, víctimas y familiares de víctimas de verdadera persecución política y terrorismo de Estado, han expresado con justa causa su repudio al personaje en cuestión, a la privilegiada atención que se le brindó, de la cual carece nuestra clase, y a la exagerada cobertura mediática de la que ha sido centro. Reivindicamos todas estas críticas, pero también aprovechamos para hacer hincapié en que la violencia aislada y el terrorismo individualista, ejercido por individuos o pequeños grupos a espaldas de la consciencia de les trabajadores, no sustituye la acción del proletariado organizado buscando su emancipación y, de hecho, la debilita. Como lo dijo Lenin en 1901, «Rechazamos decididamente el terrorismo individual, porque no puede alcanzar el objetivo que sus partidarios se proponen, y porque inevitablemente aparta a los mejores combatientes del movimiento y arruina sus fuerzas.»
Así mismo, nos oponemos rotundamente a la violenta forma en que la ultraderecha celebra y estigmatiza los asesinatos de luchadores, líderes sociales, a quienes sí categoriza como «buenos muertos”. Por esto, en vez de caer en burlas hacia el genuino dolor que pueden sentir incluso trabajadores y habitantes de sectores populares, confundidos en su conciencia, por la muerte de quien erróneamente consideraban como representante de sus intereses políticos, resaltamos que desde ¡UNÍOS! nos remitimos a exponer nuestro análisis de clase, a expresar con claridad que nuestras diferencias políticas muestran por qué este “duelo” no nos pertenece como clase, por lo evidente que representaba el senador Uribe Turbay, quien era protector de intereses de clase completamente antagónicos a los de millones de trabajadores que ¡UNÍOS! busca acompañar y con les que quiere luchar. Uribe Turbay representaba la defensa y continuidad de la explotación capitalista. Nosotres representamos, programática, estratégica y metodológicamente, la lucha de la clase obrera, les explotades y oprimides, por construir una nueva sociedad sin explotades ni explotadores.
Es por ello que los acontecimientos de su asesinato, nos hacen cuestionar, reflexionar y rechazar el atentado que ocasionó su muerte y el uso de esos métodos en el proceso político del país.
Por lo anterior, también rechazamos la forma en que Indepaz —ONG que ha sido una fuente altamente referenciada al momento de denunciar masacres y asesinatos selectivos de luchadores y activistas— confunda la conciencia de trabajadores, oprimidos y explotados al incluir a Miguel Uribe Turbay en el listado de líderes sociales asesinados en 2025. Él no era un líder social, era un líder político de una fracción de la burguesía que nada tiene que ver con la lucha social por las mayorías, y la que deberíamos dejar de denominar así, y pasar a nombrarla nítidamente por lo que es, la lucha de clases.
Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Agosto 14 de 2025
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Ante el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay
Pronunciamiento
de Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!

Luego de debatirse entre la vida y la muerte, debido al atentado de que fue víctima el pasado 7 de junio, ha fallecido hoy el senador Miguel Uribe Turbay.
Desde una posición revolucionaria, totalmente diferente a la de Miguel Uribe Turbay, nuestra agrupación política ¡UNÍOS! reivindica la posición histórica de rechazo al tipo de atentado de que fue víctima.
Rechazamos estos métodos porque en nada convienen a la lucha democrática y revolucionaria de la clase obrera y de los oprimidos y explotados del país por sus derechos y reivindicaciones. Incluso cuando esas acciones son realizadas por organizaciones que se proclaman revolucionarias, como sucedió muchas veces en el pasado en el país, las hemos rechazado. Hoy, sin saberse aún con certeza quién haya dado la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay, nos pronunciamos en sentido similar.
Nuestras diferencias políticas con la fuerza que representaba el senador Uribe Turbay nacen de que ella expresa y representa intereses de clase completamente antagónicos a los de la clase obrera y millones de trabajadores que ¡UNÍOS! busca representar. Ellos representan la defensa y continuidad de la explotación capitalista. Nosotros representamos, programática, estratégica y metodológicamente, la lucha de la clase obrera, los explotados y oprimidos, por construir una nueva sociedad sin explotados ni explotadores.
Pero las anteriores diferencias no nos impiden comprender el dolor de su familia, de los seguidores del Dr. Uribe y, de nuevo, rechazar el atentado que ocasionó su muerte y el uso de esos métodos en el proceso político actual del país.
Dirección Nacional
Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Bogotá/Medellín, 11 de agosto de 2025
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Editorial
Ante el juicio a Álvaro Uribe V.
Ni perdón, ni olvido ¡Juicio obrero y popular!

Foto tomada de Prensa Latina
Este lunes 28 de julio de 2025 se realizará la audiencia en la cual la jueza Sandra Liliana Heredia anunciará formalmente el contenido de la sentencia respecto al proceso penal por fraude procesal y soborno a testigos del que es acusado Álvaro Uribe Vélez.
Los antecedentes y el proceso judicial
Este juicio tuvo sus inicios en 2012 cuando Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, expresó en el Congreso su sospecha de la implicación del expresidente en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); Uribe respondió demandando a Cepeda por calumnia agravada y fraude procesal.
La Corte Suprema de Justicia abordó el caso por cuatro años; además de no encontrar pruebas contra Cepeda y archivar el caso, encontró pruebas en contra de Uribe. Aunque Uribe afirmó que jamás renunciaría al Senado para evitar la jurisdicción de la Corte, esto fue precisamente lo que hizo en agosto de 2020 luego de que la Corte ordenara su detención domiciliaria preventiva.
Así su caso pasó a la justicia ordinaria, por lo que una jueza ordenó su libertad y la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente. El escrito de acusación fue elaborado por Gilberto Iván Villarreal y radicado por la Fiscalía General de la Nación, en manos de Francisco Roberto Barbosa, quien tenía como intención que de tener que acusar, se acusara mal para establecer un límite y un techo frente a lo que se podía hacer en el proceso. Queda en evidencia cómo desde esta institución del régimen se hizo todo lo posible para proteger y encubrir a Uribe, y de ahí en adelante han hecho todo, incluso más allá de los límites legales como señala el abogado Miguel Ángel Del Río, para lograr la preclusión.
Por ello, los abogados defensores de Uribe solicitaron en dos ocasiones el cierre del caso, lo que fue negado tanto por los juzgados de primera instancia como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que en 2024 otra fiscal decidió acusarlo y el juicio comenzó este año, donde la principal estrategia de la defensa han sido las maniobras dilatorias como se evidenció en los juicios transmitidos en vivo desde febrero, en paralelo al juicio de Diego Cadena quien fuera abogado de Uribe y actuó bajo sus instrucciones.
¿Qué relevancia tiene el juicio de Uribe?
Cabe resaltar que, respecto a la acusación contra Álvaro Uribe, la Corte planteó la figura de “determinador” –persona que organiza y pone en funcionamiento su plan, no un plan de terceros. Tiene una posición jerárquica de poder y dominio sobre los demás– en vez de “coautor” –los aportes se dividen entre los involucrados–.
La relevancia que este juicio tiene para la clase trabajadora y los sectores populares colombianos no se reduce a que puede convertirse en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente, sino en la ilusión de justicia frente a un personaje que representa a los terratenientes y en general al sector más reaccionario de la burguesía, que ha defendido los intereses de la lumpen burguesía –de la cual hace parte– y ha garantizado la completa subyugación al imperialismo estadounidense.
Con seguridad el imperialismo y el gobierno de Trump han actuado para defender a Uribe; tal como abierta y ramplonamente intentan defender al golpista Bolsonaro de Brasil. El senador colombo-norteamericano del Estado de Ohio por el Partido Republicano Bernie Moreno –sobrino del colombiano Roberto Moreno Mejía, fundador de la constructora Amarilo, y hermano de Luis Alberto Moreno, exembajador en Washington durante los gobiernos de Andrés Pastrana y el mismo Álvaro Uribe, y expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– afirmó que el juicio contra Uribe “es un camino muy peligroso para quien debería ser uno de los principales aliados de los Estados Unidos en Latinoamérica”. Además, Álvaro Uribe Vélez ha sido figura central en múltiples crímenes de lesa humanidad y ataques contra la clase trabajadora y los sectores populares; desarrollando políticas y planes directamente respaldados por los distintos gobiernos de Estados Unidos. Así:

- siendo gobernador impulsó las Convivir, que sirvieron como base legal para la expansión del paramilitarismo, estando además ligados familiares suyos y funcionarios de su gobierno con las AUC y con masacres como la de El Aro que estuvo relacionada con el rescate de Mario Uribe Escobar primo de Álvaro Uribe.
- por medio de la Seguridad Democrática y operaciones militares como Mariscal y Orión, impulsó la política del enemigo interno enfocada en las guerrillas y el movimiento de masas, y la política contrainsurgente que dio vía libre a la militarización de la vida civil, la persecución a organizaciones, la criminalización de la protesta e incluso la destrucción de organizaciones de la clase trabajadora, pues estigmatizó y persiguió a opositores, defensores de DDHH, periodistas y sindicalistas bajo la narrativa de que estos eran auxiliadores o colaboradores del terrorismo. Por otro lado, la Seguridad Democrática incentivó ejecuciones extrajudiciales, como las 6402 que ha documentado la JEP, pues la presión desde los altos mandos para aumentar las bajas motivó a secuestrar y asesinar civiles para presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
- durante su gobierno (2002-2010) el desplazamiento forzado creció exponencialmente, facilitando el despojo de tierras –según cifras de ACNUR CODHES más de 3 millones de personas fueron desplazadas en medio de enfrentamientos en zonas de conflicto vinculadas a intereses económicos como la minería y la palma aceitera, en las cuales participaron paramilitares y fuerza pública–. Además, promovió la inversión privada en zonas rurales con fuerte presencia paramilitar; muchas tierras despojadas terminaron en manos de grandes empresarios o agroindustriales aliados al modelo de seguridad del gobierno.
- en 2002 impulsó la Ley 789, una contra reforma laboral que extendió la jornada diurna pagando el recargo nocturno solo a partir de las 10 pm, incrementó la flexibilidad laboral y promovió la tercerización, creciendo además el empleo informal y la precariedad.
¿Habrá justicia?
Desde las primeras polémicas en que ha estado implicado Uribe, las víctimas y el pueblo colombiano en general ha estado entre la esperanza de justicia y el pesimismo de que todo siga en impunidad, durante este juicio no ha sido la excepción. Mientras una parte de la población celebra el proceso como máximo triunfo, otra duda que llegue a haber condena partiendo de la experiencia de inoperancia, revictimización e impunidad por parte de la justicia colombiana, y advierte que de haber condena, estos delitos menores se penalizan con cárcel entre 6 y 12 años, pero es improbable que la pena supere los 8 años por lo cual tendría el privilegio de casa por cárcel, evidenciando una vez más que la prisión y las sentencias dictadas por la justicia burguesa son un arma de dominación de clase y no una herramienta para garantizar la verdad, reparación y no repetición, siendo los grandes empresarios y los dirigentes del régimen quienes tienen todo a su favor.
Una sentencia condenatoria en primera instancia es un pequeño triunfo en una larga batalla que aún continúa, por un lado, en el ámbito judicial, pues la defensa puede apelar, pero más importante aún en el ámbito político y de la lucha de clases. Es por lo anterior que promovemos seguir los pasos de las y los sobrevivientes a la dictadura en Argentina, cuyos tribunales civiles condenaron un genocidio cometido por su propio Estado, condenando incluso a seis veces más represores (más de mil condenados) que los 150 genocidas Nazis condenados después de finalizada la segunda guerra mundial.
Esta experiencia de lucha nos enseña que no podemos simplemente llamar a defender y respetar la independencia y autonomía de la rama judicial del Estado burgués como lo hace el gobierno de Petro, pues al igual que en Argentina, las instituciones del régimen promoverán la impunidad y el olvido sin reparación. Debemos presionar por medio de la movilización y la protesta para que se logre la máxima sentencia y no conformarnos con migajas, al tiempo que avancemos en fortalecer las organizaciones de nuestra clase y seguir luchando por verdadera justicia, hasta lograr la consolidación de un Tribunal Popular compuesto por las víctimas, único organismo que realmente podría dar un juicio y veredicto, juzgando no sólo a Álvaro Uribe Vélez sino también a todos los que dieron y ejecutaron las órdenes.
¡Exigimos máxima condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal
y soborno a testigos! ¡Que sea enjuiciado por todos sus crímenes!
¡Exigimos cárcel común para Uribe y todos los responsables de terrorismo de Estado!
¡No más casa por cárcel para los genocidas!
Rechazo enérgico a cualquier intromisión del gobierno de Trump
en los procesos judiciales del país.
¡Por la apertura de todos los archivos del terrorismo de Estado y de las chuzadas del DAS!
¡Exigimos que se abra la investigación del proceso de desmovilización de Justicia y Paz!
¡Que se abran investigaciones de las políticas de Uribe siendo gobernador y presidente!
¡Que avancen las investigaciones por nexos y participación de Uribe
en grupos paramilitares!
¡Levantemos un Tribunal Popular compuesto por las víctimas que juzgue
a Álvaro Uribe Vélez por sus crímenes de lesa humanidad!
Dirección Nacional
Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Bogotá / Medellín, 27 de julio de 2025
Reunión del Grupo de La Haya en Bogotá
¡Basta de genocidio! ¡Basta de diplomacia!
¡Desconozcamos al estado nazi-sionista de Israel!
¡Ruptura de todos los tratados
y expulsión del embajador sionista!
¡Juicio y castigo a los genocidas!

Se está realizando en Bogotá la reunión del llamado Grupo de La Haya, promovido por Sudáfrica y Colombia. La reunión fue convocada como una cumbre ministerial de los países que exigen que se respeten tratados internacionales que obligan a los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas a someterse a tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. Se busca así presionar medidas diplomáticas, políticas y de boicot contra el estado sionista israelí por el genocidio que perpetra contra el pueblo palestino.
Por iniciativa del gobierno de Sudáfrica país en el que se vivió el ignominioso régimen del apartheid -que segregaba “legalmente” a la aplastante mayoría de la población negra de la minoría blanca descendiente de los colonizadores holandeses e ingleses- la Corte ha juzgado como genocidio la agresión brutal del ejército israelí contra la población inerme de la Franja de Gaza en Palestina y determinó la captura y juicio de Benjamín Netanyahu, Primer Ministro del estado sionista.
En medio del genocidio –que ha cobrado más de 60.000 víctimas, la mayoría de ellas niños, mujeres y ancianos- Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU para Palestina, presentó un informe que desnuda las cifras de la barbarie. Ella es protagonista de la reunión de Bogotá.
Como era de esperarse, la orden de detención contra Netanyahu ha sido burlada tanto por Israel como por el gobierno yanqui, cómplice y patrocinador del genocidio, pues suministra armamento y financiación a Israel. Netanyahu ha sido recibido como héroe en el Congreso de EEUU, mientras Donald Trump decreta sanciones contra Albanese.
A pesar de las multitudinarias y crecientes manifestaciones de solidaridad con el pueblo palestino que se han dado en diversos países del mundo desde que se inició la agresión israelí, el genocidio continúa y, en este momento, se desplaza a la mayoría de la población gazatí hacia el sur de la Franja con el objetivo de expulsarlos y apropiarse definitivamente de todo su territorio.
Sin desconocer la importancia política de la reunión del Grupo de La Haya en Bogotá, es necesario pasar de las declaraciones diplomáticas y las sanciones inocuas contra Israel a medidas concretas que impidan el genocidio. La propia Albanese ha declarado que es necesario boicotear al estado israelí.
Los socialistas revolucionarios creemos que hay que ir más allá. El gobierno de Petro, que rompió relaciones diplomáticas con Israel, debe definitivamente desconocer su existencia como Estado, pues fue creado artificialmente por la ONU en 1948, legalizando el desplazamiento y el exterminio permanente del pueblo palestino. Hay que cerrar la embajada de ese aparato militar fascista de colonización del Medio Oriente y expulsar al embajador de Netanyahu. Hay que romper de inmediato todos los acuerdos económicos, políticos, militares y culturales con los genocidas y sus empresas. Bloquear de inmediato el suministro del carbón de la Guajira que da energía a la economía israelí y a su ejército. Que los mineros de El Cerrejón rescaten la tradición internacionalista de la clase obrera mundial e impidan por la fuerza que se carguen los barcos de carbón que van para Israel o a cualquier Estado que mantenga relaciones con Israel.
Contra el frente de países imperialistas que escuda a Israel, es necesario un frente de la clase obrera mundial y los pueblos contra el genocidio.
¡Palestina para los palestinos!
Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Bogotá-Medellín, julio 16 de 2025
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Editorial
Por una lucha LGBTIQA+ revolucionaria y socialista

Con el surgimiento de las sociedades sedentarias, se crea el excedente en la producción, y este se soluciona con la concepción de la herencia. Esta herencia, implicaba por obligación controlar la sexualidad femenina, convirtiéndola, junto con su respectiva reproducción, en la primera propiedad privada. De esta manera, se construyeron los pilares de un sistema de opresión que aún persiste. A lo largo de la historia, las concepciones de la sexualidad y el género han variado enormemente. Por ejemplo, en la Antigua Grecia, la homosexualidad no solo no estaba restringida, incluso reafirmaba la masculinidad, poseyendo el estatus social y económico “correcto”. Pasando al siglo VI en Bizancio, es con el emperador Justiniano, que se adoptaron leyes teocráticas que criminalizan la homosexualidad y la castigaban incluso con la muerte. Este tipo de leyes marcó el inicio de una complicidad sistemática entre Estados e Iglesias para imponer un modelo sexual y de género rígido, basado en la cisheterosexualidad y la monogamia.
En este marco, las instituciones religiosas jugaron un rol clave al imponer la idea de que el sexo debía tener exclusivamente fines reproductivos. A partir de ahí, el control sobre los cuerpos y las sexualidades se volvió sistemático, con el fin de perpetuar el dominio patriarcal en ascenso. Las iglesias y los Estados se aliaron para imponer una única forma «correcta» de amar y de vivir la sexualidad, condenando cualquier otra expresión como inmoral, pecaminosa o perversa.
Así se refuerza la heteronorma, y se consolida como el estándar «natural» a través de procesos históricos que involucraron el desarrollo de las fuerzas productivas y de sistemas sociales, que sostuvieron y reprodujeron dicha narrativa. Leyes, religión y ciencia sirvieron para clasificar, invisibilizar y «corregir» todo lo que no se encasille con las normas sociales estipuladas e impuestas, que estos poderes patriarcales. Cualquier práctica sexual que no tuviera fines reproductivos, imposibilitando heredar la propiedad privada, pasó a ser una amenaza al orden social y político establecido.
Hoy, los discursos de odio siguen vigentes. Complementan las bases del orden socioeconómico, para que este no tambalee y se mantenga el capital patriarcal. Grupos ultraconservadores y religiosos continúan atacando a la comunidad LGBTIQA+, no por azar, sino para defender el status quo de estos sistemas socioeconómicos, porque la diversidad sexual desafía al sistema capitalista: que necesita reprimir cuerpos y deseos para mantener sus privilegios, su orden y su poder.
Desde una perspectiva socialista y de clase trabajadora, denunciamos cómo el capitalismo ha invisibilizado el contenido revolucionario de la lucha de las disidencias sexuales, instrumentalizándolas para su propio beneficio y lucro. Por un lado, al institucionalizarlas, las ha despojado de su raíz de clase, reduciéndolas a demandas meramente simbólicas que no cuestionan las estructuras de opresión material que nos precarizan. Por otro lado, las empresas que durante años se pintaron con los colores del arcoíris, utilizando nuestra existencia como herramienta de marketing, sin implementar políticas reales de inclusión ni transformación. Se enriquecen a costa de nuestra opresión, explotando a una comunidad que sigue siendo uno de los sectores más vulnerables en el mundo laboral. Este año, con el crecimiento de discursos anti-derechos a nivel internacional, muchas de esas mismas empresas decidieron no mostrarse diversas, dejando en evidencia que nunca tuvieron un compromiso genuino con nuestras luchas. Lo que queda claro es que su apoyo era oportunista, y que nuestras críticas a esa falta de coherencia y a la cooptación capitalista son más urgentes que nunca.
También denunciamos las múltiples formas de discriminación que enfrenta la población queer en Colombia, especialmente las personas trans, quienes sufren violencia estructural, exclusión laboral y negación de derechos fundamentales.
Ante la crisis política del gobierno de Gustavo Petro, su incapacidad para implementar políticas efectivas contra la discriminación, con un Ministerio de Igualdad sin resultados materiales concretos y frente al avance de una derecha burguesa que promueve abiertamente discursos de odio y utiliza nuestras identidades como blanco electoral, el movimiento LGBTIQ+ tiene el desafío urgente de organizarse en unidad con la clase trabajadora. Solo desde una articulación real con quienes también padecen las consecuencias del capitalismo, podremos construir un programa político capaz de enfrentar las raíces estructurales de nuestra opresión.
La urgencia de una Ley Integral Trans
La Ley Integral Trans, actualmente en trámite en el Congreso, busca garantizar el reconocimiento legal de las identidades de género diversas, sancionar la discriminación institucional y asegurar el acceso a servicios de salud, educación y empleo para las personas trans. Esta ley es fundamental para proteger a una población históricamente marginada y violentada. El transfeminicidio de Sara Millerey, ocurrido en 2025, evidencia la necesidad urgente de esta legislación.
Los datos son más que números, son una expresión desgarradora de la urgente necesidad de aprobar la Ley Integral Trans para apalear la discriminación, explotación y opresión de la población LGBTIQA+.
-En Colombia, la tasa de desempleo para la población LGBTIQA+ es del 16,2%, frente al 13% del resto de la población.
-Solo el 4% de las personas trans en el país tienen un contrato laboral formal.
-Más del 99,68% de las personas con identidad de género no normativa en Bogotá han sido víctimas de agresiones físicas o verbales.
-La esperanza de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es de 35,5 a 41,2 años, debido a la violencia, la exclusión y la falta de acceso a servicios de salud.
¡Por una sociedad diversa, inclusiva y socialista! Las conquistas por las que debemos luchar:
1. Aprobación inmediata de la Ley Integral Trans.
2. Por un sistema de salud público con enfoque de género: Garantía de acceso universal a la salud sin discriminación. Cobertura gratuita para hormonización y cirugías para personas trans.
3. Acceso universal y sin restricciones, independientemente de la orientación sexual o identidad de género, a la educación primaria, secundaria, técnica, tecnológica y profesional. Educación sexual integral con perspectiva de género y diversidad para toda la sociedad.
4. Supresión de los subsidios y privilegios estatales a instituciones religiosas privadas. Defensa de una educación pública, laica y científica.
5. Por la igualdad plena en el trabajo y contra la brecha salarial: A igual trabajo, igual salario; que sea digno, sin precarización ni flexibilidad laboral. Implementación de programas con enfoque diferencial para garantizar empleo e inclusión laboral, con énfasis en el cupo laboral trans.
6. Por el derecho a decidir: despenalización total del aborto con acceso totalmente libre, legal, seguro y gratuito. Producción pública, distribución y acceso gratuito de anticonceptivos y medicamentos abortivos.
7. Elección por voto popular y mandatos revocables a jueces y fiscales, que se contemple la obligación de capacitación con perspectiva de género para abordar los casos de VBG.
8. Destitución de funcionarios que encubran y cuiden a violadores y feminicidas.
9. Reconocimiento y reparación histórica: a las víctimas de violencia y transfeminicidios, como Sara Millerey, y a sus familias.
Llamamos al movimiento LGBTIQA+ a luchar con una perspectiva de independencia política de clase y con autonomía a todos los gobiernos burgueses, para lograr una sociedad libre de discriminación, donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, puedan vivir con dignidad e igualdad.
Dirección Nacional
Comisión de género y disidencias
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Fuentes:
1. Universidad del Norte, Trabajo Digno para Todos: Desafíos y Oportunidades para la Comunidad LGBT+ en Colombia. Blog Informativo OCSA #14, 2025
2. Universidad Nacional. En Colombia la inclusión laboral de personas trans sigue siendo una ilusión. Periódico UNAL, 2024.
3. Universidad del Valle. Crítica situación viven las Mujeres Trans en Cali. Escuela de Salud Pública, 2022.
4. Observatorio de convivencia escolar. VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO Y VIOLENCIA SEXUAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE BOGOTÁ. Alcaldía de Bogotá, 2023.
5. Documento técnico de formulación de Programas Estratégicos. Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos. Ministerio de Igualdad y Equidad, 2024.
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Editorial
Para reconquistar nuestros derechos
Se necesita más
que el paro del 28 y 29 de mayo

En medio del forcejeo con el Congreso por el hundimiento de la consulta popular y la “resurrección” del trámite de la Reforma Laboral el gobierno lanzó llamamientos hasta a la huelga general. Propuso la realización de un paro nacional cuya convocatoria, por “delegación” que hizo el presidente a las direcciones de sindicales y de organizaciones populares que lo respaldan, fue formalizada por una Cumbre de ellas –denominada Asamblea Nacional– realizada el pasado 19 de mayo.
En las propuestas de movilización del gobierno se combinan dos elementos. Por un lado, se levanta la lucha por recuperar derechos y conquistas de millones de trabajadores que fueron arrebatadas a sangre y fuego por los anteriores gobiernos. Por otro lado, se trata de impulsar la continuidad del proyecto político del Pacto Histórico en las elecciones parlamentarias y presidencial del 2026.
Los revolucionarios socialistas siempre impulsaremos, participaremos y respaldaremos las luchas y movilizaciones por recuperar conquistas perdidas en años anteriores. Más aún, por obtener otras nuevas. Pero decimos también con claridad: esa pérdida de conquistas fue, en gran medida, facilitada por la política de conciliación, concertación y colaboración que durante décadas mantuvieron esas direcciones que hoy llaman a recuperar esos derechos.
A la vez, en los llamamientos actuales a la movilización, hay una componente sobre la cual alertamos, que no compartimos y que señalamos como una trampa política. Se intenta vender el relato de que el gobierno ha fracasado en su propuesta de profundas y revolucionarias reformas sociales debido a un “bloqueo parlamentario”; debido a que no se tienen las mayorías en esa institución podrida del régimen político: el Congreso de la República. Y que lo que hay que hacer es organizar, preparar y avanzar en la campaña electoral del 2026 para obtener esas mayorías parlamentarias y, por esa vía, realizar las grandes transformaciones económicas, sociales y políticas que para la satisfacción de las necesidades de millones son necesarias. ¡Mentira!
Los gobiernos reformistas, como el de Petro, venden las ilusiones de la pequeña burguesía –a la cual representan (en alianza y complicidad con sectores burgueses)– de que es posible una profunda transformación social –que modifique de manera sustancial las condiciones de existencia miserable de millones que se debaten en la pobreza, el desempleo, la falta de atención en salud, la carencia de vivienda, de tierra para trabajar, los déficits en educación, etc.– manteniendo lo central de la estructura capitalista: la propiedad privada sobre los grandes medios de producción, sin expropiar a la burguesía y a los terratenientes, sin romper con el imperialismo, integrados a la estructura capitalista mundial, sin realizar una verdadera revolución socialista.
Llevados por sus necesidades y esperanzas, más de una vez millones de trabajadores y luchadores honestos creen en esos gobiernos, se ilusionan con ellos, confían y aplauden sus discursos encendidos. Y esos gobiernos buscan mantener vivas esas ilusiones para, por esa vía, continuar siendo parte del aparato de estado del cual viven y vegetan, integrados al mismo, partícipes de todos sus mecanismos de clientelismo y corrupción.
La lucha actual, justa y válida, por recuperar algunos derechos laborales de millones está combinada con la propuesta engañosa de que lo fundamental es respaldar a un gobierno que, él mismo lo reconoce, ha fracasado e incumplido las promesas de profundos cambios. Por eso, a la vez que respaldamos esa lucha, con paciencia, pero con profundo convencimiento, tenemos que explicar que el movimiento obrero y popular deben asumir una posición independiente del actual gobierno; que los llama a un camino que, como se dice popularmente, no conduce a ningún Pereira.
Por las débiles actividades de organización y discusión democrática que se ha dado en los días previos al paro convocado, por la confusión que genera en muchos trabajadores que el paro sea en respaldo a un gobierno en el cual cada día confían menos, por el carácter burocrático y corrupto de la mayoría de las direcciones que lo convocan, es bastante posible que el paro, en lugar de un verdadero paro, termine convertido en movilizaciones y protestas que, aunque no subvaloramos, no serán suficientes para conquistar o reconquistar los derechos que se reclaman. Se imponen entonces nuevos planes y, lo fundamental, una visión estratégica diferente para la lucha obrera y popular.
¿Hacia dónde orientarnos? La lucha por los derechos y reivindicaciones inmediatas y estratégicas de los trabajadores continuará más allá de la suerte electoral del actual gobierno y debemos asumirla con total independencia, gobierne quien gobierne. Esa lucha plantea retos inmensos: fortalecer las organizaciones sindicales, que actualmente cubren una ínfima parte de la masa trabajadora del país; hacer que esas organizaciones sindicales y populares funcionen democráticamente, pues actualmente son dirigidas, en su enorme mayoría, en forma burocrática y clientelista; discutir democráticamente en las bases las reivindicaciones concretas, de cada sector y generales, por las cuales luchar y movilizarse.
Pero lo fundamental, decisivo, sin lo cual toda conquista será efímera, se volverá a perder tarde o temprano: definiendo que la lucha obrera y popular debe tener un objetivo hacia el cual se oriente de manera permanente: organizarse políticamente, construir su propio partido, con absoluta independencia de la burguesía y la pequeña burguesía, reivindicando su propio carácter de clase, señalando que su meta estratégica es la conquista del poder político, la conformación de un gobierno obrero y de campesinos pobres, independiente del imperialismo, que se plantee la extensión de su propia revolución nacional a nivel internacional, por la construcción de una sociedad socialista. En esta tarea estratégica UNÍOS compromete todas sus fuerzas e invita a todos los luchadores honestos a unificarnos en torno a ella.
Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Sección en Colombia de la Liga Internacional Socialista – LIS
Bogotá/Medellín, 27 de mayo de 2025
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Editorial
Grescas, pactos, movilizaciones y nueva consulta
¡Los derechos de los trabajadores no se conquistan en el Parlamento!
¡A las calles a luchar,
con la huelga general!

Las manifestaciones del 1º de mayo, con participación de decenas de miles en manifestaciones en todo el país, mostraron la decisión de amplios sectores de trabajadores de luchar por recuperar derechos, bastante elementales y justos, que les fueron arrebatados a sangre y fuego por gobiernos anteriores.
El gobierno de Petro, con su propuesta de Consulta Popular, se apoya en ese sentimiento para ganar respaldo y confrontar a un Congreso de mayorías reaccionarias, abiertamente defensoras de las ganancias de los empresarios capitalistas. Queda claro que son las necesidades más sentidas y elementales de millones de trabajadores las que pueden dinamizar la lucha social. El gobierno y los partidos que lo respaldan, de la mano de la burocracia sindical, están convirtiendo esta lucha justa y necesaria en plataforma de su campaña electoral para parlamentarias y presidencial del 2026.
Asistimos así, en otra forma y nivel, a una desviación electoral de la lucha social similar a la que se dio en el estallido social a caballo del cual Petro logró ganar la presidencia de la República.
El curso del proceso político, que en el momento tiene esta lucha como determinante fundamental, tuvo una variación significativa la semana anterior. En acuerdo que incluyó a los partidos de gobierno, la plenaria del Senado revivió la discusión sobre la Reforma Laboral. A continuación, por muy estrecha mayoría, votó negativamente la convocatoria a la consulta propuesta por el presidente.
La discusión de la reforma se dará ahora a toda prisa en una nueva Comisión del Senado. No se puede descartar que por la presión existente se logren aprobar un conjunto de medidas, importantes pero mínimas, favorables a los trabajadores. La burguesía y el imperialismo no tienen interés en que en medio de este proceso se profundice la movilización de masas; por el temor a que ella salga del control del propio gobierno o, como mínimo, potencie la fuerza del gobierno dándole la oportunidad de aumentar su fuerza parlamentaria y tener un presidente de continuidad en el 2026.
Entretanto el presidente Petro anuncia que presentará nueva solicitud de consulta popular; mostrando que apuesta a ambas cartas: por un lado, negociar, conciliar, pactar en el Congreso; como lo ha hecho durante todo su gobierno. Por otro lado, utilizará las banderas de las necesidades de millones para, con discursos radicales, mantener la efervescencia de los sectores que lo respaldan en forma más o menos incondicional o que lo consideran el mal menor frente a las corruptas maquinarias políticas que por décadas han dominado el país.
Los socialistas revolucionarios debemos impulsar, dinamizar, fomentar y encabezar, en la medida de nuestras fuerzas, la movilización y acciones de lucha de los trabajadores por sus derechos; con absoluta independencia de la política de negociación y conciliación de clases que orienta el gobierno. Todo derecho o conquista consagrado en leyes o decretos en cualquier estado burgués es producto de la lucha y movilización. Nunca han sido concesiones gratuitas o dádivas de los empresarios; cuyo interés último es aumentar sus ganancias a costa del trabajo y sudor de millones. Así ha sido y así es hoy por hoy.
Para avanzar en la lucha por reconquistar los derechos, mínimos y elementales, que el gobierno ha colocado en la consulta se necesita mucho más que movilizaciones de respaldo al gobierno para darle fuerza en sus negociaciones en el Parlamento. Se necesita la acción masiva e independiente de miles y miles, que llegue hasta a la paralización de la producción de fábricas y empresas, exigiendo la aprobación y entrada en efecto inmediato de esas medidas.
La dirección sindical debería entonces desarrollar un plan de emergencia que tenga como elementos fundamentales, entre otros, los siguientes:
a) Convocatoria inmediata a asambleas de trabajadores en toda fábrica, empresa o institución, abiertas a la participación de trabajadores sindicalizados o no, de sus familias y vecinos, en las cuales se discuta de manera absolutamente democrática y se definan las exigencias de cada sector; tomando en consideración las preguntas de la consulta, pero sin limitarse a ellas.
b) Convocatoria y realización, igualmente con carácter de emergencia, de una gran asamblea o encuentro nacional de trabajadores y sectores populares; con delegados elegidos de manera directa en las asambleas de base indicadas antes, en una proporción de amplia democracia (por ejemplo, un delegado por cada 50 asambleístas de base).
c) Tal Encuentro Nacional Obrero y Popular o Asamblea Nacional de Trabajadores debería precisar un pliego de exigencias que deben ser satisfechas de manera inmediata por el gobierno (o aprobadas por el parlamento) y definir un conjunto de acciones para obligar a que efectivamente se adopten todas las medidas legales para ello. Entre esas acciones estarían a la orden del día la convocatoria a un paro nacional, paros sectoriales de producción y movilización general de los trabajadores, sindicalizados o no.
Un proceso del tipo anterior es el único que nos podría conducir a una lucha masiva y generalizada no solo por reconquistar derechos perdidos en décadas anteriores. Nos conduciría a que miles y miles comprendan que es imprescindible cambiar de raíz la actual estructura económica y social capitalista. Que para ello es necesario un gobierno obrero y popular que no defienda al capitalismo –como lo hace el gobierno de Petro– sino que plantee el inicio de la construcción de una sociedad socialista; sociedad en la cual el elemento esencial no será que los capitalistas obtengan mayores ganancias sino la satisfacción de las necesidades de la totalidad de la población. En ese proceso, al servicio de satisfacer las necesidades de toda la población se dispondrá de los recursos fundamentales de la sociedad, dejando de ser ellos propiedad privada de unos pocos.
Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Bogotá/Medellín, 19 de mayo de 2025
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Editorial
A propósito de la Consulta Popular
¡Con la lucha se conquistan libertades y derechos,
con la lucha se defienden!

El país se empieza a polarizar en torno a la Consulta Popular. Ante el hundimiento de la reforma laboral el gobierno de Gustavo Petro pasó a la ofensiva convocando la Consulta e iniciando de hecho la campaña electoral para las presidenciales del próximo año. Los representantes de los sectores más reaccionarios de la burguesía se han atrincherado en el Senado tratando de evitar su aprobación. El martes 13 y el miércoles 14 de mayo se ha librado un enfrentamiento político en el Senado de la República y los partidos que respaldan al gobierno llamaron a concentrarse en la Plaza de Bolívar de Bogotá para presionar al Congreso. A pesar de que el margen de votos a favor es estrecho, es probable que la Consulta salga adelante y pasemos a un segundo tiempo, la campaña por el SÍ, para alcanzar el umbral del censo electoral que exige la ley y más de la mitad de votos de aprobación a las 12 preguntas. Es muy difícil lograrlo, pero no es imposible.
Todas las preguntas se refieren a algunas de las medidas contempladas en la reforma laboral hundida en el Congreso. Si bien la Consulta recoge la necesidad de cambio para la clase trabajadora, fruto de la reaccionaria reforma laboral de Uribe en 2002 que implicó un retroceso en cuanto a la remuneración del trabajo nocturno, los días de descanso, a la compensación por despidos arbitrarios y la deslaboralización legal del contrato de aprendizaje, quedan por fuera temas fundamentales para la clase trabajadora y los sectores populares. El gobierno descartó algunos puntos del cuestionario propuesto por la CUT, CTC y CGT como el aumento de la indemnización por despido injustificado, el incremento anual de la mesada pensional que actualmente no es conforme al salario mínimo sino al IPC, o como la negociación con trabajadores no sindicalizados que obstaculiza la negociación colectiva y debilita el movimiento sindical. Además no se incluyen aspectos relacionados a la reforma a la salud, la educación, la vivienda y tal vez el más importante de todos, por ser la causa fundamental del conflicto armado que ha desangrado al país por más de medio siglo: una reforma agraria radical que devuelva la tierra a los campesinos desplazados por la violencia de terratenientes y paramilitares y el accionar de las organizaciones insurgentes. La solución del problema rural sería la mejor base para la llamada Paz Total que hasta ahora ha sido imposible de concretar.
La aprobación de la Consulta y las preguntas sería sólo un pequeño paso hacia la recuperación de algunos derechos laborales. Luego vendría la batalla para que se hagan efectivos. Y allí se pondría en evidencia, una vez más, que para conquistar transformaciones estructurales que resuelvan los problemas sociales fundamentales no basta con negociar en el parlamento con los enemigos de la clase obrera y los sectores populares o acudir pacíficamente a las urnas. Las conquistas laborales y sociales que aún se preservan se lograron con cruentas luchas sociales.
Los socialistas revolucionarios estamos a favor de la Consulta y promoveremos el voto por el SÍ a todas las preguntas tal como fueron formuladas en la propuesta gubernamental y llamamos a que, si el Senado no aprueba la consulta popular, levantemos un paro nacional que exija la renuncia de quienes voten en contra —como ya han expresado públicamente que es su intención algunos senadores del Centro Democrático, Cambio Radical, Colombia Justa Libres, Partido Conservador, Partido de la U, Partido Liberal e incluso Alianza verde— o de quienes saboteen al no asistir para evitar que se tenga suficiente quórum, como ocurrió el martes 12 de mayo. Al mismo tiempo que apoyamos la consulta diremos que eso no es suficiente, que debemos retomar las exigencias del pliego del pasado Paro Nacional, preparando un nuevo estallido social. No será el pantanoso proceso electoral presidencial el terreno para lograr el verdadero cambio que necesitamos. Sólo en una sociedad en la que se eliminen las causas de la desigualdad podremos construir un porvenir deseable para las mayorías.
Debemos exigir a las direcciones de nuestras organizaciones sociales que los comités por el SÍ que se están empezando a organizar no se limiten a la promoción de la Consulta o a ser la base organizativa de la campaña electoral presidencial. Así como las Asambleas Populares fueron los embriones de organización social independiente durante el estallido social, los comités por el SÍ deben ponerse al servicio de preparar un gran Encuentro Nacional Obrero Campesino Estudiantil y Popular para organizar un nuevo estallido social que vaya por más y en el cual esté presente la clase trabajadora, superando así las limitaciones de los estallidos sociales previos. Es en las calles en donde recuperaremos plenamente los derechos perdidos y lograremos nuevas conquistas sociales.
¡Exijamos al Senado la aprobación de la Consulta!
¡Respondamos SÍ a todas las preguntas!
¡Preparemos un Encuentro Nacional Obrero Campesino Estudiantil y Popular!
¡Sí al Pliego Nacional! ¡Sí al Paro Nacional!
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Bogotá-Medellín
Mayo 13 y 14 de 2025
Primero de Mayo
¡A las calles, a luchar!

¡Contra la ofensiva imperialista y de la ultraderecha mundial!
¡Contra el armamentismo y las guerras contrarrevolucionarias!
¡Solidaridad con la resistencia palestina y ucraniana!
¡Por la unidad de las luchas sindicales y sociales en defensa de nuestros derechos!
¡Basta de conciliación! ¡Organizar y preparar un nuevo estallido social!
¡Fuera las bases militares imperialistas de Panamá y de todo el mundo!
¡No al pago de la deuda externa!
¡Por un frente de países deudores contra el pago de la deuda!
¡Por la Segunda Independencia de América Latina!
¡Por un gobierno de los trabajadores y los sectores populares!
El Primero de Mayo es el día internacional de la clase obrera. Es el día en que salimos a las calles a proclamar nuestra decisión de derrotar al capitalismo mundial y al sistema imperialista que lo sustenta. Esta vez lo haremos en medio de la ofensiva que el gobierno de Donald Trump ha declarado contra todos los pueblos del mundo. La política exterior de EEUU busca quedarse con una mayor porción de la plusvalía global por medio de la llamada guerra arancelaria o comercial. Ésta le otorga ventajas en el mercado mundial y termina descargando sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores del mundo la grave crisis económica que paraliza la economía yanqui y la debilita frente a China, su principal competidor por la hegemonía mundial. Pero todos los gobiernos capitalistas, incluido el chino, enfrentan la misma crisis y el incremento de precios que provoca este conflicto ataca directamente los ingresos de las masas trabajadoras.
La ofensiva imperialista
Con el pretexto de imponer un intercambio “justo” de materias primas, bienes y servicios, lo que se discute es el grado de sobrexplotación al que se someterá a la clase trabajadora en todos los países. Necesita regímenes represivos y autoritarios capaces de imponer estas formas de superexplotación; es por esto que sectores de la clase dominante alrededor del mundo impulsan el ascenso de la extrema derecha. La política interior de EEUU también tiene como objetivo intensificar la explotación y aumentar las ganancias empresariales: se calcula que cada hogar perderá más de tres mil ochocientos dólares que irán a parar a las arcas del Estado; el objetivo no es financiar los servicios sociales, como salud y educación, sino reducir los impuestos de las grandes corporaciones. Miles de trabajadores del Estado, a cargo de esos servicios, han sido despedidos.
Si bien las medidas impulsadas por Trump perjudican en lo inmediato a algunos sectores de la burguesía como a las multinacionales estadounidenses que tienen gran parte de su producción instalada en el exterior y se han presentado polémicas con los gobiernos burgueses de otras naciones, las reacciones no van más allá de respuestas diplomáticas, mediáticas y contraataques arancelarios. Los diferentes sectores de la burguesía se preparan para una posible negociación global y buscan sacar la mejor tajada, aunque ningún acuerdo entre las principales potencias imperialistas es capaz de eliminar la competencia y los conflictos entre ellas.
Los voceros del imperialismo europeo encabezan la cola de quienes solicitan cita con el matón que ocupa la Casa Blanca, para regatear las condiciones de nuevas reglas comerciales y monetarias. Al mismo tiempo Úrsula Von der Leyen, quien preside la Comisión Europea, anunció la creación de un fondo común de 800.000 millones de euros para gastos militares, que irán a parar en su mayor parte a los bolsillos de los industriales de armas de EEUU, al tiempo que sirven para reactivar la producción militar en países como Alemania. Este proceso de rearme de la Unión Europea refleja un mundo en disputa por una nueva distribución de los mercados. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz (SIPRI) de Estocolmo, en 2024 se invirtió el 2,3% del PIB mundial en gastos militares. Se preparan así las condiciones para una nueva guerra mundial. En lugar de financiar la seguridad social, la educación o la vivienda para las mayorías, se promueve la histeria bélica entre la población frente al supuesto peligro de una agresión militar de Rusia contra Europa.
Por su parte, Trump negocia directamente con Putin el porvenir de Ucrania en medio de una continua ofensiva rusa que cuenta con toda la capacidad bélica para perpetrar sus agresiones, lo que amenaza a Ucrania con el desmembramiento de su territorio y la hipoteca a perpetuidad de sus recursos naturales. La hipocresía de la burguesía europea se evidencia también en su apoyo a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, a quien Trump anima a continuar con la limpieza étnica por medio del genocidio, el desplazamiento forzado de los palestinos y el bombardeo sistemático de la Franja de Gaza, para apropiarse del territorio y desarrollar «la Riviera de Oriente Medio».
Latinoamérica sometida
Todos los gobiernos latinoamericanos, de derecha o “izquierda”, más allá de discursos repletos de retórica nacionalista, uno a uno han venido aceptando el chantaje yanqui. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, apenas se inició el ataque comercial, deportó a capos de la droga mexicanos, y desplegó diez mil policías en la frontera sur de su país para tratar de contener la ola migratoria de pobres hacia EEUU. Ante la revocatoria de licencias, impuesta por Trump, o las sanciones a países que compren petróleo venezolano, Nicolás Maduro ha salido a defender el “derecho” de la transnacional petrolera yanqui Chevron a saquear su petróleo. Pero eso no basta para Trump: en su dinámica de agresiones se propone, por ejemplo, desconocer la soberanía de Panamá sobre el Canal, incrementando la presencia de tropas yanquis y exigiendo la ruptura de acuerdos con China.
Gustavo Petro, en el reciente encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, en que asumió la presidencia pro tempore de la organización, al tiempo que llamaba a la unidad latinoamericana para enfrentar la crisis, proponía “a los gobiernos de derecha e izquierda” poner los recursos energéticos de la región, de origen hidráulico, ¡al servicio de la descarbonización de la economía yanqui, para que abandonen la extracción de petróleo y gas! Simultáneamente ordenó intensificar la erradicación de cultivos de coca en nuestro territorio, reactivando el uso del contaminante pesticida glifosato, para evitar la descertificación que recorta la ayuda norteamericana para ese propósito. Incluso planteó que uno de los objetivos inmediatos de la CELAC debía ser la coordinación de las policías latinoamericanas para combatir al crimen transnacional. Y aprobó la compra multimillonaria de dieciséis aviones caza al imperialismo sueco. Se desnuda así cómo los llamados gobiernos “progresistas” representan no sólo los intereses de las burguesías criollas, sino también los del imperialismo mundial, para el cual América Latina sigue siendo territorio en disputa por materias primas y mercados.
La clase trabajadora no debe reconocer como legítima la deuda adquirida por los gobernantes de los Estados burgueses que cuando no tienen recursos suficientes para el pago venden bonos de deuda y otorgan concesiones de tierras, extractivismo y jugosos negocios a los grandes capitales. No tolerar el pago de la deuda externa va más allá de la capacidad económica para hacerlo, es una decisión política que parte de reconocer cómo la deuda pública somete a los países del mundo a las decisiones de los organismos imperialistas internacionales para saciar los intereses del capital financiero que es incapaz de valorizarse y extraer plusvalía de los procesos productivos por lo que recurre a saquearla, impidiendo así que los recursos sean usados para saciar las necesidades de quienes realmente producen las riquezas: la clase trabajadora. Por eso, la verdadera unidad latinoamericana debe encaminarse a consolidar un frente de países que se nieguen al pago de la deuda externa.
La consulta: ¿votar o luchar?
En Colombia muchos trabajadores y sectores populares aún conservan la expectativa de profundas reformas sociales prometidas por el actual gobierno, que nuevamente instrumentaliza el Primero de mayo, utilizándolo para presentar las preguntas de la consulta popular al reaccionario Senado de la República. No debemos caer en este engaño; esta convocatoria sólo ha servido para iniciar una nueva campaña electoral presidencial para el 2026. Ya el Partido Liberal presentó ante el Congreso su propio proyecto de reforma para sacarle aire a la consulta. En el pasado reciente Gustavo Petro amenazó con la convocatoria de una Asamblea Constituyente para poder ejecutar sus proyectos, lo que no pasó de ser un espantapájaros para presionar a la oposición. Por la vía parlamentaria o consultas engañosas, los trabajadores y los pobres no obtendremos ninguno de los cambios de fondo por los que murieron decenas de jóvenes que pusieron el pecho a las balas del régimen durante el estallido social y el Paro Nacional.
Todas las banderas que levantamos durante esa histórica lucha de masas siguen vigentes, y este Primero de Mayo debemos volver a llevarlas a las calles: Por educación pública, gratuita y al servicio del pueblo. Por un sistema nacional de salud público, único y gratuito. Por tierra para los campesinos sin indemnizar a los terratenientes. Por derechos para las comunidades afros e indígenas que reclaman autonomía para sus comunidades que sufren la violencia del Estado y el narcotráfico. Por el desmonte del Esmad (ahora Undmo) y que no se pueda desarrollar otro cuerpo represivo con las mismas funciones. Por la libertad y absolución de las personas apresadas por luchar. Millones de jóvenes y mujeres trabajadoras deben levantar sus banderas contra las opresiones y la sobreexplotación capitalista.
Debemos exigir a las direcciones de nuestras organizaciones sindicales y sociales que reivindiquen la independencia política plena de la clase obrera frente a cualquier gobierno burgués, de derecha o “izquierda”. Para esto proponemos concretar un gran Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular como preparación de un nuevo Paro Nacional que profundice y potencie las anteriores experiencias de lucha superando sus contradicciones.
¡Proletarios de todos los países: ¡UNÍOS!
Este Primero de Mayo debemos recordar que, como proclama El Manifiesto Comunista desde hace más de siglo y medio, “la liberación de los trabajadores sólo puede ser obra de los trabajadores mismos”. Por eso, frente a la ofensiva imperialista y de todos los capitalistas del mundo, los trabajadores debemos redoblar todas las acciones de resistencia, de las cuales los ejemplos más heroicos nos los dan los pueblos palestino y ucraniano, pero también las multitudinarias manifestaciones de protesta contra el fortalecimiento de la ultraderecha y el fascismo en Europa o la reciente tercera huelga general en Argentina. El gobierno de Trump, los magnates burgueses y todos los capitalistas del mundo nos han declarado la guerra. Preparémonos para las batallas que se avecinan.
Para organizarnos en la lucha por la revolución socialista mundial, los invitamos a sumarse a la Liga Internacional Socialista. La bandera roja de la Internacional es la bandera de nuestras próximas victorias.
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Bogotá, Medellín, 1 de mayo de 2025
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Editorial
Jornada de apoyo a las reformas del gobierno de Petro
¡Reformas sí… pero no así!

Los trabajadores, los sectores populares, campesinos, juveniles y demás explotados y oprimidos de Colombia hemos sido convocados de nuevo a salir a las calles el 18 de marzo para apoyar las reformas que el gobierno de Petro lleva dos años y medio negociando en el corrupto Congreso de la República. Ahora se anuncia que, si se hunden la reforma laboral, la de salud y la pensional no pasa el control constitucional, se convocará una Consulta Popular “para que el pueblo decida”.
La burocracia sindical, que se ufana de haber desencadenado el estallido social de 2019 y haberle dado continuidad el 2021, se ha limitado a servir de comparsa de los trámites parlamentarios. Mientras tanto las condiciones sociales en que malvive la amplia mayoría de la población continúan degradándose, provocando inconformidad y, sobre todo, desencanto con el “gobierno del cambio”. Poco o nada ha cambiado realmente para los trabajadores y los pobres.
Lo que se ha puesto en evidencia es que la decisión de gobernar con lo más podrido de los partidos políticos de empresarios, terratenientes y banqueros, preservando sus ganancias y privilegios, así como los de las transnacionales que saquean nuestros recursos naturales, o garantizar a rajatabla el pago de la fraudulenta deuda externa, ha sido una camisa de fuerza que impide aplicar las reformas estructurales que se requieren para empezar a resolver los problemas más graves que padece el pueblo colombiano: acceso masivo a la tierra de millones de campesinos con garantías para poderla cultivar de manera rentable, empleo estable para la población urbana con remuneración suficiente para el sostén de la familia, servicios de salud para todos, educación gratuita y de calidad a cargo del estado, y un largo etcétera de reivindicaciones postergadas.
Lamentablemente el gobierno de Petro y el Pacto Histórico se empeñó en gobernar con sus propios enemigos políticos, enemigos jurados de la población pobre a la que hicieron masacrar y reprimir durante el estallido social. Esa contradicción no se puede resolver con “pactos históricos”, “acuerdos nacionales” o componendas en el Congreso. Un ejemplo de eso es el ascenso a jefe de Gabinete y Ministro del Interior del repudiado Armando Benedetti para que se ponga al frente del tráfico de influencias y repartija burocrática que requiere el gobierno para tratar de demostrar que se pueden aprobar las colchas de retazos en que han quedado las reformas sociales.
La reforma laboral no alcanza siquiera a recuperar los derechos perdidos a partir de la Ley 50 de 1990, gracias a las cual los empresarios se apropiaron de billones de pesos que correspondían a costos salariales y prestacionales. La reforma a la salud garantiza que las EPS se sigan lucrando con el presupuesto estatal destinado al pago de los servicios. La salud del magisterio, por ejemplo, sigue en la incertidumbre entre la ineficiencia y la corrupción. La reforma pensional es un nuevo regalo al sector financiero al que le entregan los ahorros de todos los que devengan más de 2,3 salarios mínimos, mientras se amenaza con el marchitamiento de Colpensiones. Para la educación superior sigue pendiente la financiación creciente que solucione su déficit crónico de funcionamiento, para se haga realidad la matrícula cero, bienestar para la permanencia y alta calidad de la formación. Y en general para los trabajadores del Estado sigue pendiente la eliminación de las plantas paralelas, botín del clientelismo político y motivo de vulneración de los derechos laborales de más de un millón de funcionarios.
Si el gobierno de Petro quisiera resolver estos problemas estructurales debería tomar medidas radicales como no pagar la fraudulenta deuda externa y utilizar esos recursos para planes de obras públicas que garanticen empleo para todos. Reducir la jornada laboral a seis horas con el mismo salario para crear puestos de trabajo. Reforma agraria expropiando a los grandes terratenientes y ganaderos sin indemnización para que los millones de desplazados de las tres últimas décadas puedan regresar a sus parcelas. Ese sí sería un paso en firme para lograr la paz total en las zonas rurales. Nacionalizar todas las empresas extranjeras y ponerlas bajo control de sus trabajadores. Esa debe ser nuestra respuesta a la “guerra comercial” que ha desencadenado Donald Trump. Por eso es también indispensable romper todos los pactos económicos, políticos y militares que subordinan a Colombia a los planes del imperialismo saqueador, genocida, guerrerista y depredador empezando por cerrar todas las bases militares yanquis en Colombia.
El 18 de marzo no nos llaman a luchar por esas medidas sino a que apoyemos reformas que no hemos discutido ni aprobado. Recordemos que el magisterio se tuvo que lanzar a las calles para impedir que se aprobara la Ley Estatutaria de Educación acordada entre parlamentarios del Pacto Histórico y el Centro Democrático de Álvaro Uribe que le arrebataba conquistas logradas durante más de sesenta años de lucha.
Por todas estas razones, la Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS! no impulsa la jornada del 18 de marzo ni participa en ella. Rechazamos el llamado de la burocracia sindical de “presionar para concertar” que tantas derrotas nos ha provocado y la emplazamos a que se ponga no al servicio de una nueva campaña electoral sino de promover asambleas en todos los lugares de trabajo y estudio, discutir la situación política actual y definir planes de acción y lucha independientes del gobierno buscando concretar un gran Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular como preparación de un nuevo Paro Nacional; sólo así podremos conquistar las verdaderas reformas por las que luchamos en el estallido social.
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Bogotá-Medellín, 17 de marzo de 2025
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Editorial
Catatumbo
¡Defender a la población abandonada!

Los acontecimientos de las últimas semanas en el Catatumbo, con decenas de muertos y decenas de miles de pobladores pobres desplazados, desprotegidos, inermes ante la violencia y los enfrentamientos desatados por los ataques del ELN a las disidencias de las FARC, marcan un casi seguro no retorno en el fracaso de la paz total del actual gobierno.
Analizar ese proceso, cómo un gobierno denominado de izquierda fue incapaz de lograr sólidos y estables acuerdos de paz con unas guerrillas que aún se consideran a sí mismas revolucionarias, es de trascendental importancia.
Pero lo más urgente e importante en el momento actual es levantar la voz y una gran movilización por la defensa de la población abandonada, inmisericordemente atacada por unos y otros. La población del Catatumbo ha sufrido durante décadas el abandono y violencia estatal, sufrió la violencia paramilitar, ha sufrido el control y dominio forzado de los diversos actores armados (llámese guerrillas como el ELN, las antiguas FARC o sus actuales disidencias o grupos directamente delincuenciales).
A pesar de todas las alertas, el gobierno de Petro fue incapaz de adoptar a tiempo las medidas necesarias para proteger a la población. Incapaz, porque para lograr comenzar a sacar a la población del Catatumbo de la dolorosa situación en la que sobrevive son necesarias medidas revolucionarias.
En el Catatumbo los grupos armados luchan por el control del multimillonario negocio del narcotráfico. El gobierno de Petro se ha limitado a una política de incautaciones, incapaz de adoptar la medida radical de legalización; única que permitiría comenzar a eliminar la violencia que la ilegalidad genera. En el Catatumbo, por su carácter fronterizo, en ese negocio ilegal actúan sectores vinculados al gobierno y fuerzas armadas de Venezuela. El gobierno de Petro, con sus ambigüedades respecto al régimen de Maduro, ha terminado aceptando que la región esté sometida al “destino” de ser ante todo productor de hoja de coca; para beneficio de todos los carteles y de sus socios directos o indirectos.
No cabe la menor duda que el régimen de Maduro, con acuerdos tácitos o explícitos con esos grupos armados, se lucra de la inestabilidad que se genera en la región. Las declaraciones expresas de algunos de esos grupos de estar dispuestos a defender la denominada “revolución bolivariana” así lo demuestran. Maduro cataloga a algunos de esos grupos como parte de la retaguardia estratégica para defenderse de agresiones del imperialismo.
Pero el imperialismo mismo también se ha beneficiado. Las guerrillas colombianas (todas, desde el mismísimo M-19 hasta las FARC, ELN, EPL, etc.) con sus métodos y accionar equivocados, dieron argumentos para justificar el carácter reaccionario del régimen político y los miles de asesinatos cometidos por sus Fuerzas Armadas que hicieron de Colombia la fosa común más grande América Latina en las últimas décadas. La llamada “guerra contra las drogas” permitió a Estados Unidos mantener un control y dominio casi completo sobre Colombia y su proceso político.
No son garantía para la defensa de la población del Catatumbo las declaratorias de conmoción interior; independiente de que con ellas el gobierno intente colocar algunos paños de agua tibia a la situación. La defensa de la población del Catatumbo debe ser asumida por las organizaciones obreras, populares, campesinas, indígenas, adoptando una serie de criterios que permitan avanzar en una solución radicalmente democrática, como mínimo. Entre esos criterios deben contemplarse:
a) mantener autonomía e independencia del Estado, del imperialismo, de todo gobierno capitalista (de Petro y Maduro)
b) La movilización por la defensa de la población del Catatumbo no debe ser instrumentalizada por quienes respaldan al gobierno de Petro para apoyar reformas que no garanticen conquistas y derechos para los trabajadores y la población más pobre.
c) A las comunidades se les debe garantizar protección y provisión de alimentos y vivienda de parte del gobierno; abriendo la posibilidad de que democráticamente se organicen para defenderse de cualquier grupo armado que actúe contra ellas.
d) Ninguno de los grupos armados enfrentados (denomínense guerrillas o no) representa los intereses de los trabajadores y campesinos. Su interés fundamental está en el control de la economía de la coca. Exigimos el cese inmediato de cualquier actividad, armada o no, de esos grupos. Las comunidades organizadas garantizarán la vida de unos y otros, exigiéndoles que, si es el caso, depongan ante esas mismas comunidades sus armas.
e) Las comunidades deben reunirse de manera democrática, libre de toda injerencia del gobierno, de sus Fuerzas Armadas, de los grupos armados enfrentados y definir un pliego de exigencias al gobierno. Además de la exigencia de respeto y protección a su vida, en tal pliego deben exigirse soluciones inmediatas a las necesidades de vivienda, salud, educación, servicios públicos, financiación completa e indefinida para sustitución de cultivos, compra directa de la hoja de coca mientras se lleva a cabo la sustitución a cultivos igual o más rentables que la coca, etc.
f) Especiales garantías deben exigirse para la actividad de los maestros y los cuerpos de asistencia médica.
Bajo la consigna “El Catatumbo somos todos” y con consignas como “La defensa de la vida; la consolidación de la paz con justicia social y el respeto y las garantías para los docentes, directivos docentes, estudiantes, comunidades educativas y población en general”, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, ha convocado a una movilización nacional para el próximo 30 de enero. Con independencia, desde ¡UNÍOS! invitamos a participar en esa movilización. Ella debe ser un paso adelante para que todas las organizaciones obreras, sindicales, de trabajadores, populares del país se pronuncien y comiencen a movilizarse por la defensa de la población del Catatumbo. Ese será el inicio del fin de la larga y tenebrosa pesadilla a la que el estado colombiano y los grupos armados (algunos que aún se denominan revolucionarios) han sometido a millares de compatriotas en esa región.
Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Dirección Nacional
Bogotá/Medellín, 28 de enero de 2025
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Editorial
¡Rechacemos un reajuste miserable,
exijamos aumento general de salarios!
¡Salario mínimo equivalente a la canasta familiar!

solo unas cuántas monedas?
La mesa de concertación salarial de 2024 debe definir el salario mínimo de 2025 para cerca de dos millones de trabajadores que lo devengan y sirve de referencia para el resto de los asalariados del país, en especial en las áreas rurales. Esta población subcontratada o del llamado trabajo informal involucra más de diez millones de hombres y mujeres que deben rebuscarse el día a día, en condiciones de precariedad y pobreza.
El costo de vida de los trabajadores urbanos y rurales se ha encarecido. El salario mínimo de $1.300.000 no cubre ni el 50% de las necesidades de un trabajador independiente (alimentación, vivienda, servicios públicos, transporte, salud, educación, recreación, etc.). Es decir que una familia básica de 4 miembros demanda un ingreso básico de 4 millones de pesos, cerca de 1.000 dólares.
Las propuestas del gobierno, la burocracia sindical y los empresarios
Por intermedio de Hacienda y el Ministerio de trabajo se han fijado unos criterios de concertación, anunciando un 7% de reajuste que ni se acerca a revertir la insuficiencia de un salario que se establece a espaldas de millones de trabajadores. Las centrales obreras, en particular la CUT, solo habla de superar el 10%, como un paliativo, o sea $130.000 de incremento que serán agua con azúcar el 1 de enero. Mientras, los empresarios se rasgan las vestiduras para ofrecer un mísero 5% más 1% de productividad. Los argumentos son variados, pero todos en la mesa mienten, pues la realidad es que aumentar al nivel de costo de vida exige medidas más amplias que un simple aumento salarial.
El salario rural: una tarea pendiente de las centrales sindicales
y el movimiento obrero

Colombia es un país en el que, además de altos niveles de pobreza, lo que predomina es la actividad económica extractiva y agropecuaria. En las áreas rurales el salario de los funcionarios públicos supera el mínimo, pero no cubre a más del 20% de la contratación laboral. Para el resto de los trabajadores agrícolas, jornaleros y peones el salario oscila entre 70% y 50% del mínimo. Hay además una enorme desigualdad para las mujeres que son confinadas a tareas de cuidado y producción doméstica, y sufren las mayores tasas de desempleo. Los niños sufren producto de la pobreza, pues se ven forzados a ayudar económicamente desde temprana edad para cubrir el sustento diario. Esa trampa de la pobreza condena a la mujer y a los trabajadores rurales a bajos niveles de escolaridad, además de accesos a un régimen precario de prestaciones sociales (salud, pensión, riesgos profesionales, educación, servicios públicos y vivienda).
La diversidad del trabajo urbano y rural impone enormes desigualdades entre los sexos, pues en las ciudades las diferencias entre hombres y mujeres con el mismo trabajo a nivel salarial es de 15%, mientras en el campo es cerca de 40%. Ha de considerarse que la tasa de desempleo en Colombia, según la OIT, en zonas rurales es cerca de 50%, pero lo que concentra la utilización de mano de obra es la actividad agrícola, dependiendo de la estacionalidad de las cosechas, lo que representa el 60% de los ocupados. Mientras una actividad como la minería no absorbe ni el 2% del empleo. Por ello Colombia es intensiva en otras actividades como la minería informal y la producción de coca por fuera de la frontera agrícola. Esta es la cruda realidad social del campo, que se suma a los graves índices de pobreza urbana que padece la mayoría de población desplazada a causa de la violencia rural.
Por un Encuentro Nacional de Trabajadores
de Salario Mínimo y Contratación Precaria
Como hemos explicado, la mayor parte de los asalariados del país no devengan el salario mínimo sino menos. La burocracia sindical que participa en la Mesa de Concertación Laboral no los representa. Tampoco la ministra de Trabajo quien ha declarado su preocupación por la estabilidad económica de las empresas o su sumisión a la Regla Fiscal que privilegia el pago de la Deuda Externa sobre las necesidades sociales de la mayoría de la población.
La burguesía fomenta las divisiones entre trabajadores estatales, privados e informales pues le permiten presionar a la baja el precio de los salarios. Entretanto, mantiene un ejército de reserva abundante de desempleados, que produce otros fenómenos como la delincuencia social, o la emigración hacia economías como EE.UU. en busca de oportunidades que les permita escapar de la trampa de la pobreza. Los medios de comunicación de los empresarios se encargan de decir que los trabajadores y los pobres debemos moderar nuestras exigencias para garantizar su acumulación de riqueza.
Los asalariados del país debemos denunciar el papel nefasto de la Mesa de Concertación Laboral, la posición miserable de los grandes empresarios y repudiar el rol de la burocracia sindical o el gobierno que pretenden conciliar con ellos el reajuste salarial.
Debemos llamar a los sindicatos de base a que impulsemos un Encuentro Nacional de Trabajadores de Salario Mínimo y de Contratación Precaria para ir construyendo un movimiento que exija que el salario mínimo sea equivalente al costo de la canasta familiar, lo que implica en lo inmediato por lo menos un incremento del 100% que impacte positivamente los ingresos de la mayoría de la población trabajadora, se acabe la discriminación del salario urbano y rural, y se iguale el salario de las mujeres y los hombres, eliminando toda forma de discriminación laboral.
Las Coordinadoras de Solidaridad y Lucha (Cosoles), los integrantes de la Asamblea Nacional Popular Independiente y demás sectores que luchamos por la independencia política de los trabajadores y la unidad de acción para la defensa y conquista de derechos sociales y laborales debemos poner nuestras fuerzas al servicio de esa tarea.
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Bogotá-Medellín, diciembre 8 de 2024
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Editorial
23 de octubre
Organicémonos y movilicémonos por nuestras reivindicaciones
de manera independiente
del gobierno

Desde que se anunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciaría una investigación contra la campaña electoral de Gustavo Petro, afirmando que se desbordaron los topes de gasto establecidos y se recurrió a fuentes prohibidas por la ley, el presidente ha salido a denunciar esto como un “golpe de estado institucional”. En otras ocasiones ha hablado de un “golpe blando” y planteado que está en riesgo la democracia.
Frente a esta situación el Pacto Histórico y las organizaciones sociales que influencia han convocado a movilizarse el 23 de octubre. Muchos trabajadores y sectores populares se sienten en la obligación de acudir a enfrentar el supuesto “golpe de estado”, pero también se los llama a apoyar las reformas en trámite en el Congreso de la República; reformas que siguen siendo negociadas con la oposición burguesa, recortadas, modificadas o, como ocurrió con Ley Estatutaria de Educación, convertidas en verdaderas contrarreformas que golpean a sectores medios y asalariados.
La realidad es que la investigación del CNE solo expone al mandatario a multas, pero no a la pérdida del cargo. Lo que sí podría suceder es que el CNE remita una copia de la investigación a la Cámara de Representantes para que el presidente sea sometido a un juicio político. Pero si el caso llegase a avanzar, sería el Senado el que debería adelantar el juicio y definir si lo condena o lo absuelve. Para que esto suceda se requiere que el Senado acepte la acusación por mayoría absoluta, todo esto antes de que terminen los 19 meses de mandato que le quedan al gobierno de Petro.
Tomando en cuenta lo anterior, el “golpe de estado institucional” es algo improbable por parte de una burguesía que le teme a un nuevo estallido social y busca una salida institucional, intentando ganar las presidenciales en el 2026, recuperando así el control pleno del gobierno. En sus dos primeros año el gobierno sólo ha planteado reformas limitadas, sin impacto profundo para la clase trabajadora y los sectores populares, lo cual ha llevado a que no haya un apoyo masivo del pueblo en contra de los ataques de un régimen que ha estado soportado por partidos y sectores políticos de la ultraderecha reaccionaria.
El uribismo, sus partidos políticos y sus representantes en las instituciones del régimen han salido a la ofensiva en contra del gobierno de Petro con el objetivo de recuperar el espacio perdido después del estallido social del 2021 que puso en vilo al gobierno de Duque. Como ¡UNIOS!, llamamos en ese momento y ahora al pueblo colombiano a rebelarse contra ese régimen y los sectores políticos que han impuesto mayores condiciones de explotación y opresión en el país. Sin embargo, también nos oponemos a este gobierno de colaboración de clases que ha cogobernado haciendo acuerdos con los sectores tradicionales más reaccionarios.
Petro ha mostrado tener absoluta confianza en las instituciones de este régimen. Poco después de haber sido elegido montó una coalición mayoritaria y “diversa” en el Congreso. Al Pacto Histórico se sumaron el partido Verde y partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y el partido de la U, lo que le dio una falsa mayoría de 79 de las 108 curules del Senado y 140 de las 184 curules de la Cámara en los primeros meses de su gobierno; mayoría que se fue esfumando, ya que dichos partidos políticos han sido parte del saboteo en contra de las reformas o quienes han presionado para que las mismas respondan a las directrices del FMI, el BM y la OCDE, tal cual como el paquetazo propuesto por Duque en 2021.
Muchos continúan esperando del gobierno Petro medidas que solucionen la precariedad social o laboral, pero los cambios para responder a las necesidades del pueblo colombiano deben tomarse sin consulta a la burguesía. Bastarían decretos que congelen las tarifas de servicios públicos, abolir la Ley 100 de salud y nacionalizar el sistema hospitalario, reducir a la mitad el presupuesto militar o suspender el pago de la deuda externa y destinar esos recursos a la educación pública en todos los niveles. Así el gobierno de Petro vería que el apoyo social derrotaría todo intento de saboteo a reformas profundas y conjuraría cualquier intento de desconocer la legitimidad de su cargo.
Como ¡UNIOS! no nos movilizaremos hoy 23 de octubre y señalamos las contradicciones y limitaciones del actual gobierno. Llamamos a la clase trabajadora y los sectores populares a luchar porque se cumplan las exigencias que impulsaron el estallido social del 2021. Debemos insistir en organizarnos de manera independiente y concretar un plan de acción que no se limite al terreno electoral, sino que tenga como objetivo derrotar en las calles a la oposición burguesa, los gremios patronales y la injerencia del imperialismo en nuestro país.
Bogotá, Medellín, octubre 23 de 2024
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Editorial
19 de septiembre.
Por qué no marchamos

La Asamblea Nacional y Popular por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad, realizada el 15 de septiembre en Bogotá reafirma el apoyo incondicional de la burocracia sindical al gobierno de Petro. La declaración final termina llamando a la defensa de la reforma pensional, la misma que muestran progresiva, pero que entregó la parte gruesa de nuestros ahorros a los fondos privados, mientras dicen que defienden el subsidio a los “viejitos”. También llama a derrotar el supuesto “golpe blando” del Consejo Nacional Electoral, al que el gobierno duplicó su presupuesto para reducir asperezas. El evento ratificó la convocatoria de marchas y concentraciones para el 19 de septiembre en apoyo al gobierno y las reformas que negocia en el Congreso de la República. Como Unidad Obrera y Socialista -¡UNÍOS!- no invitamos a participar.
El estallido social de 2021 tuvo como consecuencia en el terreno electoral el triunfo de Petro, pero su proyecto político y el de los partidos del Pacto Histórico ha sido cogobernar con las mismas maquinarias políticas derrotadas en las urnas, representantes del viejo régimen reaccionario y responsables de la política de hambre, represión y muerte que ha padecido el pueblo colombiano. Solo la movilización permanente podrá derrotar al régimen de miseria.
Como ¡UNÍOS! hemos insistido en que los trabajadores debemos preservar la independencia de todo gobierno respaldado en un Estado que subsiste con base en las desigualdades e injusticias estructurales. La lucha de los trabajadores y el movimiento popular debe reivindicar los derechos democráticos, sociales, económicos y políticos negados por empresarios, banqueros, terratenientes y multinacionales. Rechazamos el llamado a pactar un Acuerdo Nacional con estos sectores, responsables de un régimen de despojo, hambre y sangre, cuyos representantes políticos pujan por el fracaso del llamado gobierno del cambio. El propio Petro reconoce que es infructuoso esperar benevolencia de quienes apuestan por descargar la crisis en la clase trabajadora; pero insiste en atar la movilización al respaldo de reformas que no tocan las ganancias del capital, como la del sector salud que deja intactas las EPS, la reforma pensional que no toca las AFP y la reforma laboral que no da garantías de estabilidad y se restringe a las propuestas de la OCDE.
El gobierno ha dado un trato diferenciado a las movilizaciones sociales. A los maestros se les quería imponer una tramposa reforma que privatizaba la educación, pero el paro de docentes terminó derrotando tal iniciativa. Y a los funcionarios del Ministerio de Trabajo se les presionó a levantar la huelga y se les retuvo el salario luego de haberla suspendido, como castigo ejemplar para quienes luchen por sus reivindicaciones. Pero a la gran patronal del transporte se le sentó a manteles durante el paro promovido por el sector, retrocediendo en su intención de ajustar las tarifas del diesel, llevando a mesas de concertación a los pequeños propietarios y dosificando las cargas a las ganancias de los grandes empresarios. Ni que decir de la utilización del ESMAD (actual Unidad de Dialogo y Mantenimiento del Orden) contra las movilizaciones indígenas, mientras se da tratamiento político a los brazos armados del paramilitarismo.
El verdadero cambio solo puede expresarse en soluciones estructurales a la explotación capitalista, como un salario que cubra el costo real de la canasta familiar, la nacionalización de las empresas entregadas al capital privado y todo el sector bancario, el desconocimiento de la regla fiscal y el no pago de la deuda externa, la nacionalización de los recursos naturales y energéticos, el control de los trabajadores de la producción de todos los bienes y servicios, la expulsión de las bases militares de EE.UU. y la OTAN del territorio nacional, la libertad inmediata de todos los presos políticos y el reconocimiento de los partidos que expresen políticamente los intereses de los explotados, el proceso judicial de los altos mandos militares y de toda la burguesía comprometida en el despojo de tierras y las masacres de campesinos, además la realización de una reforma agraria y urbana, con la que el Estado entregue tierra productiva a los campesinos pobres y se dote de vivienda a millones que no la pueden cubrir con sus ingresos.
Muchos continúan esperando del gobierno Petro medidas que solucionen la precariedad social o laboral, pero no podemos hacer cola frente a un corrupto congreso hecho a la medida de las chequeras patronales. Los cambios para responder a las necesidades del pueblo colombiano deben tomarse sin consulta a la burguesía; solo bastan decretos que congelen las tarifas de servicios públicos, abolir la ley 100 de salud y nacionalizar el sistema hospitalario, reducir a la mitad el presupuesto militar y destinar esos recursos a la educación pública en todos los niveles. Así el gobierno de Petro vería que el apoyo social derrotaría todo intento de saboteo a las medidas reivindicativas que reclamamos los explotados.
La burguesía presiona al gobierno desde sus huestes más reaccionarias, como el uribismo y la ralea de conservadores y Cambio Radical, pero de conjunto los empresarios entienden que lo mejor es dejar terminar el gobierno de Petro con mínimos de realización y desgastado por la crisis social que se agudiza. Para 2026 ya se alista la gran burguesía para recuperar en las urnas el gobierno sin intermediarios incómodos; lamentablemente esta es la carrera en la que nos quiere meter el gobierno: movilizar para apoyar unas reformas a la final cosméticas al capital. Mientras tanto la burguesía baraja sus candidatos para presionar al Pacto Histórico y a Petro, en una agenda electoral adelantada.
La unidad en la lucha de los trabajadores y sectores populares solo puede fortalecerse con un verdadero proceso de movilizaciones y democratización sindical, en el que las bases puedan elegir a los más consecuentes, removiendo a quienes duden en la lucha y los métodos de la clase obrera. Los trabajadores tienen derecho a organizarse políticamente, con una política de independencia de clase y levantando sus propios dirigentes y programas, al ritmo de las luchas y movilizaciones que arranquen derechos. Ese es el camino al poder, para tener un gobierno de los trabajadores y el movimiento popular, que rompa con los capitalistas y libere a Colombia de la subordinación imperialista.
Es por todo lo anterior que no impulsamos la marcha del 19 de septiembre convocada por el gobierno. Esperamos de las centrales obreras el anuncio de un próximo encuentro obrero y popular que vote medidas contra la persecución sindical, los despidos y el desconocimiento a los reclamos de trabajadores y sectores populares, por garantías a la huelga y la movilización.
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Medellín-Bogotá, septiembre 18 de 2024
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Editorial
Declaración ante la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales,
la Paz y la Unidad y la Asamblea Nacional Popular
¡En defensa de nuestros derechos: tierra, trabajo,
educación y salud para todos!
¡No más EPS, no más fondos privados de pensiones!
¡Exijamos estabilidad laboral: basta de precarización!
¡Derrotemos a la ultraderecha con la movilización callejera!

El pasado 30 de mayo y 1 de junio debería haberse realizado en Bogotá, en la Sede de la Universidad Nacional de Colombia la llamada Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad #Asamblea del Cambio. Era, como se planteó en la convocatoria, un evento de apoyo a la política del gobierno y para enfrentar el largamente anunciado “golpe blando” que estaría siendo preparado por los sectores más reaccionarios de la burguesía colombiana. Intempestivamente la Asamblea fue aplazada y trascendió que todo se debía a la falta de voluntad del gobierno que se habría negado a financiarla. Se fijó una nueva fecha para el 19 y 20 de julio con el mismo carácter y los mismos convocantes (el Pacto Histórico, las centrales sindicales, Fecode y la Minga entre otras organizaciones.
Pocos días después se hizo una convocatoria a una Asamblea Nacional Popular independiente. Esta es una iniciativa de algunas organizaciones políticas y sindicales que proclaman su independencia política del gobierno y levantan como plataforma de lucha el Pliego Unificado que se levantó durante el pasado paro nacional y el estallido social.
Ambas convocatorias deben interesarnos a los trabajadores, a los sectores populares y sociales y a las organizaciones políticas revolucionarias. Es la razón por la que la Unidad Obrera y Socialista ¡UNIOS! emite esta Declaración. Retomamos en ella los ejes de nuestra Declaración de independencia frente a las marchas del Primero de Mayo pasado, que fueron utilizadas por el gobierno de Gustavo Petro para retar a la oposición burguesa, insistir en el llamado proceso constituyente, pero seguir proponiendo un Acuerdo Nacional con los mismos sectores que dice enfrentar con el respaldo popular.
Los trabajadores y los sectores populares en Colombia tenemos muchas razones para luchar. La carestía de la vida, la informalidad laboral y el desempleo, la desprotección de niños y ancianos abandonados siguen presentes, mientras se incrementa la violencia social. El tránsito de decenas de miles de migrantes por nuestro país incrementa la tensión social, pues muchos son carne de cañón para una delincuencia creciente. El retorno a sus tierras de labranza de millones de campesinos, indígenas y población afrodescendiente, desplazados violentamente de sus territorios, es marginal y condicionado por la compra de tierras a los grandes latifundistas. Éstos quieren lucrarse del erario, y se han lanzado al rearme de sus bandas paramilitares para evitar la ocupación de tierras por las comunidades. La Paz Total se ha convertido en interminables negociaciones parciales con diversos grupos insurgentes y delincuenciales dedicados al narcotráfico, mientras se recrudece la violencia en amplias zonas del país y se sigue asesinando a los líderes sociales. Menos publicitados, pero constantes, son los conflictos sindicales en diversas empresas reclamando condiciones laborales dignas y cumplimiento de acuerdos convencionales, como el paro en el propio Ministerio de Trabajo o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La Universidad Nacional, principal universidad del país, está paralizada hace dos meses y medio en lucha por un autogobierno democrático.
Todos esos motivos de inconformidad social le han permitido a la oposición burguesa lanzarse a las calles y tratar de poner al gobierno contra las cuerdas agravando todos los factores de crisis. Los grandes grupos empresariales y los corruptos politiqueros del Congreso bloquean cualquier mínima reforma de carácter progresivo, obligando a la minoritaria bancada de gobierno a pactar cada artículo, parágrafo e inciso, preservando lo fundamental de sus negocios y ganancias. Mientras tanto continúa rampante la más descarada corrupción en la contratación estatal, incluso la destinada a atender emergencias que afectan a decenas de miles de pobladores. A casi dos años del gobierno del cambio los efectos sociales de su gestión son muy limitados, y todos se han lanzado a una campaña electoral prematura para disputarse el poder y los negocios.
Ante el bloqueo de las reformas, el presidente Gustavo Petro anunció una Constituyente y se lanzó a recorrer plazas y zonas rurales radicalizando su discurso, llamando a las calles. Al mismo tiempo intervenía por decreto la EPS Sanitas y la Nueva EPS, para presionar la reforma del sector salud, empantanada en el Congreso. La gravedad de la crisis del sector se evidenció con la quiebra de Sura. En medio del desbarajuste ha quedado en entredicho el servicio de salud de los maestros y sus familias. La propia Central Unitaria de Trabajadores CUT, ha tenido que declarar que múltiples conflictos laborales, como el paro en el Ministerio de Trabajo, deben solucionarse abriendo canales de negociación entre el gobierno y los trabajadores. Por eso nos preguntamos: si se han podido tomar por decreto medidas para evitar la quiebra de las EPS, o declarar la emergencia por los desastres ambientales, ¿por qué no se decreta estabilidad laboral para más de un millón de trabajadores del sector público que carecen de ella? Esa es la diferencia entre las palabras y los hechos, en un país que sigue esperando “el cambio”.
Es que lo que se necesita son medidas radicales para atender las reformas estructurales por las que salimos a luchar en el Paro Nacional. Una de ellas sería suspender el pago de la deuda externa ilegal y usurera que asfixia las finanzas públicas. Ese dinero se puede destinar a un gran plan de obras públicas que brinde empleo estable para todos, construyendo vías, escuelas y hospitales, y viviendas de interés social. A los campesinos desplazados se les debe devolver la tierra sin indemnizar a los grandes terratenientes, como el convicto Álvaro Uribe, que se apropiaron de ella asesinando a miles de labriegos. Y a sus bandas paramilitares se las debe enfrentar con las legítimas medidas de autodefensa que organicen las propias comunidades como nos enseña la Guardia Indígena. Los recursos naturales, en primer lugar el petróleo, el gas y el carbón, además de otros minerales esenciales para la gran industria, deben ser nacionalizados, en lugar de dejarlos en manos de las transnacionales. En síntesis, el cambio que se necesita es una revolución social, que arranque por una revolución democrática que liquide el régimen genocida con el que la gran burguesía y el imperialismo han gobernado a Colombia.
Para preparar esa revolución debemos recuperar nuestras organizaciones sindicales y sociales para la lucha, contra la política de conciliación de clases que impone la burocracia sindical. Para conquistar verdaderos cambios, no se pueden conciliar los intereses de los trabajadores y los pobres con los del gran capital nacional e internacional, explotador, depredador, guerrerista y genocida por naturaleza, que desangra el presupuesto nacional y saquea nuestras riquezas naturales. La Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad #Asamblea del Cambio no debería ser una simple plataforma electoral para enfrentar la campaña iniciada por la oposición de derecha que pretende volver al poder en 2026, sino una Asamblea para ratificar el Pliego Nacional por el que luchamos en 2021 y abrió paso al triunfo electoral de Gustavo Petro. Es el mismo llamado que hacemos a quienes convocan la Asamblea Nacional Popular que se realizará en Cali el 13 y 14 de julio. Nuestro pliego debemos respaldarlo con un plan de acción que derrote en las calles cualquier conspiración contra la voluntad popular.
Promovamos un verdadero Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Indígena, Juvenil y Popular, preparado democráticamente desde las bases sindicales y populares, para realizar un nuevo Paro Nacional en defensa de nuestras reivindicaciones y derechos.
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Junio 6 de 2024
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Editorial
Primero de Mayo
¡Exijamos ruptura inmediata de relaciones
con el estado sionista de Israel!
¡Solidaridad con la resistencia
de Ucrania contra la invasión rusa!
¡Contra la política de guerra
del imperialismo yanqui y europeo!

El Primero de Mayo los trabajadores y los pobres de Colombia tenemos más de un motivo para volver a las calles. En primer lugar, debemos recordar que es nuestro día de lucha internacional contra el capitalismo y el imperialismo. La solidaridad con el pueblo palestino contra el genocidio, al que lo somete el estado sionista, debemos convertirla en exigencia al gobierno de Gustavo Petro de ruptura inmediata de todo tipo de relaciones económicas, políticas y militares con Israel.
Igualmente debemos rechazar la invasión rusa a Ucrania y el desangre de su pueblo por el apoyo militar condicionado de la OTAN, que impide derrotar al invasor. Ucrania es víctima de la disputa por la hegemonía mundial entre bandos imperialistas; su lucha por el derecho a la autodeterminación es nuestra lucha. Ninguna confianza en los gobiernos imperialistas, ninguna confianza en el gobierno de Zelensky, agente de la corrupta oligarquía ucraniana; todo nuestro apoyo al pueblo trabajador ucraniano y a su resistencia militar contra el invasor ruso.
Por otro lado, la escalada militar en el Medio Oriente, provocada por la agresión sionista contra la Franja de Gaza, y ahora contra Irán, ha puesto en vilo a los pueblos del mundo ante la posibilidad de una guerra regional de consecuencias imprevisibles. Es evidente la impotencia de la ONU cuyo Consejo de Seguridad es bloqueado por el solo voto de EEUU, que rechazó reconocer a Palestina como Estado de pleno derecho, ratificando así su papel de potencia hegemónica mundial dominante. La política militarista de los imperialismos yanqui y europeo no será vencida con discursos pacifistas si los pueblos del mundo no nos levantamos contra sus gobiernos al servicio de la gran burguesía y los empresarios de la industria militar. Están dispuestos a arrastrarnos a la barbarie de la guerra sólo para seguir incrementando sus ganancias.
¡En defensa de nuestros derechos: tierra, trabajo, educación y salud para todos!
¡No más EPS, no más fondos privados de pensiones!
Y en Colombia también tenemos razones para luchar. A más de año y medio del llamado “gobierno del cambio”, los efectos sociales de su gestión son muy limitados. La carestía de la vida, la informalidad laboral y el desempleo, la desprotección de niños y ancianos abandonados siguen presentes. El tránsito de decenas de miles de migrantes incrementa la tensión social. El retorno de millones de campesinos o indígenas desplazados a sus parcelas es marginal y condicionado por la compra de tierras a los grandes latifundistas que se lucran del erario. En las universidades públicas, como la Nacional, la inconformidad ha vuelto a estallar. La llamada “paz total” no pasa de interminables negociaciones parciales con diversos grupos insurgentes y delincuenciales dedicados al narcotráfico, mientras se recrudece la violencia en amplias zonas del país y se sigue asesinando a los líderes sociales.
Los grandes grupos empresariales y los corruptos politiqueros del Congreso bloquean cualquier mínima reforma de carácter progresivo, obligando a la minoritaria bancada de gobierno a pactar cada artículo, parágrafo e inciso, preservando lo fundamental de sus negocios y ganancias.
Ante el bloqueo de sus reformas, Gustavo Petro anunció una Constituyente. Ese anuncio no ha pasado de ser un espantapájaros para presionar las negociaciones parlamentarias. Por eso se vio obligado a intervenir por decreto la EPS Sanitas y la Nueva EPS y hacen cola otras para salvarse de la quiebra. Si estas medidas se pueden tomar por decreto, ¿por qué no decreta contratos permanentes para más de un millón de trabajadores del sector público que carecen de estabilidad laboral?
Frente a las masivas movilizaciones promovidas por la oposición burguesa, y tratar de ganar fuerza en esas negociaciones parlamentarias, Petro, con la complicidad de la cúpula de la burocracia sindical, ha decidido “apoderarse” de la conmemoración del 1º de mayo; intentando convertir un día de lucha de los trabajadores en una manifestación de respaldo a su gobierno. Rechazamos esta maniobra.
Lo que se necesita son medidas radicales. Una de ellas sería suspender el pago de la deuda externa ilegal y usurera que asfixia las finanzas públicas. Pero Petro, en cambio, quiere conciliar los intereses de los trabajadores y los pobres con los del gran capital nacional e internacional, explotador, depredador, guerrerista y genocida por naturaleza.
Este Primero de Mayo debemos salir a las calles a defender nuestra independencia de cualquier gobierno burgués, por más progresista que se autoproclame, y a retomar las reivindicaciones contenidas en el Pliego Nacional que motivaron el Paro Nacional y el estallido social. Debemos recuperar nuestras organizaciones sindicales y sociales para la lucha, contra la política de conciliación de clases que impone la burocracia sindical. Promovamos un Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Indígena, Juvenil y Popular, para realizar un nuevo Paro Nacional en defensa de nuestras reivindicaciones y derechos. ¡La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos!
¡Por un Primero de Mayo internacionalista y revolucionario!
¡A las calles a luchar, por la revolución social!
¡Proletarios de todos los países: ¡UNÍOS!
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Bogotá-Medellín
26 de abril de 2024
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Editorial
VIII Congreso de la CUT
¡Agrupar las corrientes clasistas
y revolucionarias!

El VIII Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) fue una nueva prueba de la grave crisis del movimiento sindical colombiano. A la debilidad orgánica de los sindicatos, su fragmentación y la persecución patronal, se suma la camisa de fuerza de la burocracia. La dirigencia de la central se ha ido transformando y es hoy un mero apéndice del gobierno de Petro. Es recomendable estudiar críticamente la Declaración final del evento para que, quienes estamos por una CUT para la lucha, decidamos unir fuerzas para erradicar el burocratismo de la central. Impulsemos un plan de acción que respalde las exigencias del Pliego Nacional con el que se convocó el Paro Nacional de 2019; estas demandas siguen vigentes y es necesario reagrupar al movimiento social alrededor de ellas.
La “fecodización” de la CUT
La CUT es la principal central de los trabajadores colombianos. Cuenta con la mitad de los afiliados sindicales del país. Pero el porcentaje de afiliación en Colombia no llega al 4% de los 22’500.000 de trabajadores, prueba de la debilidad general del movimiento sindical, ahora fragmentado en 11 confederaciones, muchas de ellas de “papel” (una simple personería jurídica). En muchas empresas y entidades estatales proliferan los sindicatos de base, para multiplicar las juntas y los fueros sindicales, al tiempo que se convierten en un obstáculo para la lucha unificada de los trabajadores.
En la CUT la mayoría de los afiliados pertenecen a la Federación de Trabajadores de la Educación (Fecode), organización que controla la absoluta mayoría de la Junta Nacional y el Comité Ejecutivo, cuya característica es el clientelismo y la politiquería tradicional que se apoya en el atraso político de la conciencia del magisterio para mantener el control de la FECODE y la CUT.
Un congreso burocrático
Desde la elección de delegados que se realizó el año pasado se evidenció la ausencia de democracia en la CUT. Una buena parte de la dirección actual y los delegados al Congreso fueron elegidos por juntas directivas o en convocatorias fraudulentas sin participación activa de las bases sindicales. El ejemplo más aberrante lo encarna el actual presidente, Fabio Arias, quien no labora en ninguna empresa o entidad y participa a nombre del sindicato SintraONGs, constituido por los trabajadores de los sindicatos (¡!), que ahora son su clientela personal. Paradójico, el presidente de la mayor central trabajadores del país que impide la participación de los sindicatos de menos de 500 trabajadores es de un sindicato minoritario.
En las deliberaciones del Congreso se constató un profundo retroceso en las bases sindicales. Aunque sectores significativos de los asistentes hicieron el esfuerzo de participar en las comisiones temáticas y se esforzaron en hacer propuestas para fortalecer la central (cuotas de género para la participación de las mujeres en los puestos de dirección sindical democratizar los estatutos, acordar un plan de lucha o ratificar la autonomía de la central frente al gobierno), no fueron tenidos en cuenta.
El único afán de la dirigencia burocrática de la CUT era aprobar una Declaración de apoyo incondicional frente al gobierno de Gustavo Petro y sus recortadas reformas.
Todo se resume en el segundo párrafo de la Declaración final: “Respaldar las políticas del cambio y al gobierno, encaminadas a establecer la paz total y propender por la justicia social y ambiental. Apoyar las reformas sociales de la salud, la educación, la laboral y pensional, que cursan actualmente en el Congreso, alentando la movilización social y popular para impedir que los sectores de derecha sigan modificando las reformas contenidas en el programa de gobierno. Propender por el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y la plena aplicación de la inversión social prevista en el presupuesto nacional 2024.”
Sobran los comentarios. La dirección de la CUT ata al movimiento sindical a la agenda parlamentaria del gobierno. El Plan de Acción será para “presionar” al Congreso de la República, donde los representantes de los gremios empresariales y lo más corrupto de la politiquería tradicional tienen el control mayoritario. Los sindicatos y sectores sociales serán sólo la comparsa de la negociación de reformas recortadas que preservan los intereses empresariales, mientras nos invitan a seguir apoyando electoralmente al Pacto Histórico o el Acuerdo Nacional con los partidos burgueses.
El Partido Comunista en el gobierno
Algo importante a destacar es que, por primera vez en la historia de Colombia, el Partido Comunista hace parte del gobierno con Ministerio de Trabajo en manos de Gloria Inés Ramírez, curtida sindicalista proveniente del magisterio. El PCC ha preconizado durante décadas la colaboración de clases, la revolución por etapas y un programa de reformas del capitalismo, para volver más “humano” al sistema. Ahora tiene la oportunidad de practicar su estrategia desde el propio gobierno. Por eso, cuando Ramírez explica las dificultades para cumplir las promesas electorales, como el medio salario mínimo para quienes no tienen acceso a la pensión, lo ha justificado con las restricciones que impone la Regla Fiscal. Petro ha premiado a Gloria Inés dejándola varias veces encargada de las funciones presidenciales. Ahora, más que nunca, el discurso “socialista” de los comunistas criollos será música para los días de fiesta. En el Congreso de la CUT, los delegados del PCC se distinguieron por el ser el comité de aplausos de la burocracia, mientras coreaban “Peeetro, Peeetro”, para silenciar e intimidar las voces críticas que intentaban distanciarse de la burocracia.
Rescatar el Sindicalismo Independiente
No debemos esperar hasta el próximo Congreso de la CUT para reorganizar las fuerzas del movimiento obrero, sindical y popular. Es necesario invitar a todos los delegados que actuaron de manera independiente, aunque sus voces fueran acalladas, a un Encuentro de Sectores Clasistas y Revolucionarios, para promover la solidaridad con los sectores en conflicto, retomar el Pliego Nacional que condensa las necesidades más urgentes de los trabajadores y los pobres y construir desde las bases un verdadero plan de acción independiente de los objetivos meramente electorales del gobierno y su bancada parlamentaria. Nuestros principios siguen siendo los del histórico sindicalismo independiente, al que en los años ‘70 perteneció un amplio sector sindical hasta que quedó confinado en la CUT y sometido a la llamada política de “concertación” que aplica desde hace décadas la burocracia sindical.
Al mismo tiempo los sectores revolucionarios debemos luchar por construir un partido que articule diversas tradiciones que rescaten los principios del socialismo revolucionario.
Ratificar el principio de autonomía sindical con el que se fundó la CUT, que no es otro que el de independencia de clase frente a cualquier gobierno burgués, pasa hoy por preparar nuestras próximas jornadas de movilización, en particular el Primero de Mayo, día internacional de la clase obrera, bajo las consignas de El Manifiesto Comunista: “¡La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos!” y “¡Proletarios de todos los países, ¡UNÍOS!”
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Marzo 7 de 2024.
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Editorial
VIII Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT
Pliego nacional, plan de acción
y paro nacional
¡Por contrato fijo para los tercerizados y salud para todos administrada por el Estado!

El actual gobierno fue producto del estallido social y desde su elección por voto popular ha generado expectativas en el pueblo, en particular entre los trabajadores, por un cambio de fondo en la situación social y económica imperante en los últimos 30 años.
Desde la campaña para la elección de Gustavo Petro, la dirección de la CUT ha declarado que sería este gobierno el que iba a resolver las reivindicaciones del estallido social condensadas en el Pliego Nacional de Peticiones, sin embargo “el gobierno amigo” ha dejado la responsabilidad de las reformas que llevarían a recuperar los derechos perdidos en manos de un congreso dominado por lo más corrupto de los partidos burgueses.
Los trabajadores debemos entender que los gremios, los partidos tradicionales y las instituciones que controla la burguesía siempre jugarán en contra de cualquier cambio de fondo, en lo económico, social y político, impidiendo esos cambios estructurales que están esperando los trabajadores y la población en general.
Nos dirán que un periodo de cuatro años es muy poco para alcanzar los cambios y que por eso hay que volver a votar, dándonos caramelo para que no veamos otras opciones fuera de las elecciones burguesas, como la protesta social, la huelga y la movilización independiente de nuestras organizaciones sociales. El actual proceso de trámite de reformas en el Congreso de la República no es ninguna garantía para que las peticiones presentadas en el Pliego Nacional sean satisfechas.
Este congreso de los trabajadores debe servir para ratificar el Pliego Nacional con el que se inició el paro nacional y esas exigencias tienen que ser conquistadas a través de la acción del movimiento sindical y social, que debe declarar su autonomía de cualquier gobierno, al tiempo que define un Plan de Acción que incluya un nuevo Paro Nacional.
¡No a las EPS!
¡No a los Fondos Privados de Pensiones!
¡Solo la derogación de la Ley 50 y la Ley 100
nos devolverán los derechos que nos han arrebatado!
Unidad Obrera y Socialista – ¡UNÍOS!
Febrero 25 de 2024
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Editorial
Solidaridad con el pueblo palestino
¡Por la ruptura inmediata
de relaciones con el Estado genocida de Israel!

El Estado sionista-imperialista israelí adelanta una campaña militar genocida contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza. Ha ordenado el desplazamiento forzado de más de un millón de habitantes hacia el sur de la franja a pesar de que la Organización de Naciones Unidas ha afirmado que dicho desplazamiento es imposible. Por su parte la dictadura militar egipcia se niega a recibir a los desplazados, y su frontera está bloqueada para la ayuda humanitaria como alimentos, medicinas o combustible. Es la razón por la que en las manifestaciones de protesta en todo el mundo se denuncia: “¡No es una guerra, es un genocidio!”.
Este genocidio está siendo patrocinado por todas las grandes potencias imperialistas, encabezadas por EE.UU. y la Unión Europea. Una reciente cumbre internacional que pretendía la mediación diplomática culminó con un fracaso rotundo e inocuos discursos pacifistas, cuando es evidente la imposición del Estado de Israel a partir del genocidio palestino; los bombardeos a la franja de Gaza hasta hoy dejan más de 7.000 muertes.
En medio de esta barbarie, cuya causa principal es la agresión colonial de Israel desde hace siete décadas, se quiere equiparar la actuación militar de la resistencia palestina con el genocidio ejecutado por el ejército sionista. Hasta el propio secretario general de ONU señala que “Es importante reconocer también que los ataques de Hamás no ocurrieron de la nada. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante” y que los palestinos “han visto sus tierras constantemente devoradas por los asentamientos y plagadas de violencia. Su economía fue asfixiada. Su gente fue desplazada y sus hogares demolidos. Sus esperanzas de una solución política a su difícil situación se han ido desvaneciendo”. Por eso fue motivo de escándalo diplomático las declaraciones del presidente de Colombia en que comparaba la agresión rusa a Ucrania con la ocupación israelí en Palestina. Esas declaraciones fueron un reconocimiento a la justa lucha del pueblo palestino por su liberación. Incluso, ante las amenazas del gobierno israelí de suspender suministros militares y de inteligencia al gobierno colombiano, Petro declaró estar dispuesto a la ruptura de relaciones. Pero esa postura democrática fue rápidamente modificada y ahora Petro pretende aparecer como “mediador de paz” -mientras el genocidio continúa- abrazándose con el Embajador de Palestina y con el criminal Embajador israelí.
Las organizaciones gremiales de los trabajadores de Colombia, las organizaciones sociales de los sectores populares, y los partidos de izquierda comprometidos incondicionalmente con la causa palestina, no somos neutrales frente al genocidio. Por eso debemos exigir al gobierno de Gustavo Petro y a todos los partidos integrantes del Pacto Histórico que se pronuncien a favor de la ruptura inmediata de toda clase de relaciones con el Estado sionista-imperialista de Israel. Comenzando por ahí, Petro debería encabezar una campaña internacional de aislamiento total a Israel, hasta llegar a su expulsión de la ONU. Al igual que en el pasado luchamos contra el apartheid en Sudáfrica hasta derrotar a la segregacionista burguesía blanca, hoy debemos aislar internacionalmente al sionismo hasta derrotarlo. Junto a esa exigencia debemos redoblar los esfuerzos por la movilización de protesta y la solidaridad con el pueblo palestino.
¡América Latina está con Palestina!
¡Detener el genocidio contra el pueblo palestino!
¡Dónde están que no se ven, las sanciones a Israel!
Por una Palestina única, laica, democrática y socialista.
Unidad Obrera y Socialista ¡UNÍOS!
Bogotá-Medellín
Octubre 26 de 2023
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Editorial
El 29 de octubre – ¡Proteste!
¡Vote en blanco o anule su voto!
¡En las urnas protestar,
en las calles a luchar!

El festival electorero
En la carrera por la disputa del control de gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas locales el próximo 29 de octubre miles de candidatos están en correrías por las regiones de Colombia; prometiendo lo humano y lo divino a miles de electores que solo escuchan propuestas que endulzan sus oídos, pero que siguen viviendo la falta de empleos dignos, la pérdida de su poder adquisitivo, el aumento de la violencia en todas las regiones y los desastres naturales que afectan la vida y bienes de centenares.
A año y medio del gobierno del presidente Gustavo Petro nada que llega el cambio. Por el contrario, lo que se vive son procesos de negociación fallidos, forcejeo con sectores políticos, escándalos y discursos que no representan las grandes transformaciones económicas, políticas y sociales que se esperaban y que no han dado respuestas a las reivindicaciones mínimas como un verdadero desmonte del ESMAD o la libertad de los presos del Paro Nacional, por ejemplo.
Carencia de candidatos que proclamen un programa para los trabajadores
La mayoría de los candidatos de las elecciones locales están involucrados en actos de corrupción, politiquería, delitos electorales y alianzas con lo más recalcitrante de la vida política y social del país. Ninguno de ellos ha salido de procesos asamblearios de trabajadores que enarbolen un programa que responda a las necesidades más sentidas de trabajadores, jóvenes y sectores populares; como podría ser el paso de trabajadores del Estado con contratos de prestación de servicios a planta permanente, prohibir los contratos chatarra, declarar un presupuesto de emergencia para las universidades públicas en el marco de la aprobación de la matrícula cero mientras se logra la conquista de una reforma integral a la Ley 30, aumentar el presupuesto y la mejora del sistema público de salud y otros.
Visto lo anterior, llamamos a expresar nuestra insatisfacción en las urnas con el rechazo a todos los candidatos o partidos que se presentan en cada ciudad o departamento marcando el voto en blanco, pero si considera que hay que rechazar al sistema en su conjunto, lo invitamos a anular su voto. En ambos casos se tiene que recordar que es en las calles, con la movilización, que alcanzamos nuestros derechos y el cambio por una economía democráticamente planificada para beneficiar a las grandes masas más necesitadas.
Este 29 de octubre ¡Vote en blanco o anule su voto!
* Ningún apoyo a alianzas con politiqueros corruptos.* Por independencia política de los trabajadores
* Por la disolución del ESMAD
En las urnas protestar: ¡Vote en blanco o anule su voto! y en las calles a luchar.
Unidad Obrera y Socialista – UNÍOS
Bogotá/Medellín, 25 de septiembre de 2023
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Editorial
El juicio a Nicolás Petro
¡Ninguna confianza en la justicia de los corruptos!
¡Hay que derribar todo el régimen asesino, corrupto, mafioso y narco-paramilitar!
¡Que para investigar y juzgar a Nicolás,
a la campaña de Petro y a todos los implicados
se conforme un tribunal obrero y popular!

1. El gobierno de Petro se hunde cada vez más en el pantano por sus alianzas políticas con lo más podrido del establecimiento burgués. Armando Benedetti afirmó que los clanes políticos-mafiosos de la Costa Caribe habían aportado “quince mil millones de pesos”. Luego la esposa de Nicolás acusó al mismo de haberse apropiado sumas millonarias que esos mismos clanes mafiosos habían entregado para la campaña. Como una avalancha de lodo el escándalo cobra cada vez más fuerza y arrastra cada vez más personajes. Es imposible pronosticar hasta dónde llegará el escándalo político y sus consecuencias. La más recalcitrante oposición de ultraderecha se está haciendo un festín gratuito, prepara movilizaciones políticas y ya exige la renuncia o la destitución del presidente de la República.
2. Los trabajadores y los sectores populares de Colombia, urgidos de soluciones estructurales a los grandes problemas que nos agobian, no podemos ser indiferentes o simples espectadores de este proceso político. Hay que tener claro que no es que el sistema se haya corrompido. Es un sistema que por esencia incluye la corrupción. Es un sistema basado en la explotación del trabajo, riqueza de la que se apropian los parásitos capitalistas -sean industriales, comerciantes, banqueros o terratenientes- que por décadas se ha sustentado en la corrupción generalizada, desde el robo de la alimentación de los niños de La Guajira, hasta los grandes negociados como el de Odebrecht. En esa trama de corrupción están implicadas todas las instituciones del Estado burgués. La corrupción e ilegalidades en las campañas electorales son solo una expresión de esa corrupción generalizada. En ellas se compite con uñas y dientes para ganar control de instituciones estatales; para desde allí hacer toda clase de chanchullos y negocios turbios pues el control del Estado se convirtió en fuente de negocios y enriquecimiento. Por eso todas las instituciones deben ser desmanteladas hasta los cimientos para construir una nueva sociedad.
3. Ninguna de las instituciones que intervienen en la investigación y juicio del hijo del presidente merecen confianza de los trabajadores. La Fiscalía, en manos de Francisco Barbosa, ha sido la cabeza de la oposición institucional contra Petro, junto con la Procuraduría. Su objetivo es desgastar al gobierno y reducir aún más su agenda reformista. Si la investigación implica al presidente, ya está en curso en el Congreso de la República el proceso que puede llevar a su destitución a cargo del Senado. El actual Congreso ya ha demostrado ser “un nido de ratas” como lo señala Gustavo Bolívar. Pero las Altas Cortes, que se encargarían de las consecuencias penales de una destitución, tampoco merecen ninguna confianza; basta recordar el “Cartel de la Toga” en el que se puso en evidencia la voracidad de los magistrados por el dinero fácil.
4. Frente a este panorama de crisis lamentablemente la dirección de la mayoría de las organizaciones sociales de los trabajadores y los sectores populares y juveniles ha renunciado a la independencia política ante este gobierno. Pierden así la autoridad para llamar a juzgar los desafueros de los aliados circunstanciales con los que Petro pactó la conformación de una Coalición que le garantizara mayorías en el Congreso y le permitiera gobernar. Ahora es evidente que no se puede “dormir con el enemigo” pero el gobierno y quienes lo respaldan continúan abrazados a ese enemigo; defendiendo el régimen corrupto y vendiendo el cuento de que es posible transformarlo con algunas reformitas o cambiándole el uniforme, como hicieron con el escuadrón asesino ESMAD.
5. El presidente Petro ahora es rehén de la oposición que lo acorrala jurídicamente; ya hasta abogado defensor ha nombrado. Con los partidos burgueses y los gremios empresariales no hay Acuerdo Nacional posible que beneficie al pueblo trabajador. Además, la mayoría de la burguesía, desde César Gaviria del partido Liberal, llama a la prudencia y no desestabilizar un gobierno que puede ser tolerado en los marcos de “respeto” del régimen burgués. En ello coinciden con el partido Demócrata de EE.UU. y la administración Biden, que no ve en el gobierno de Petro un peligro a sus intereses en la región.
6. Quienes participamos en el estallido social exigiendo cambios estructurales para nuestra sociedad debemos demostrar de nuevo que “el pueblo es superior a sus dirigentes”, luchar por una salida revolucionaria a la crisis y evitar que la sigan descargando sobre nuestras espaldas. Exijamos a los dirigentes de nuestras organizaciones sociales que se convoque un Encuentro Obrero, Campesino, Popular, Étnico y Juvenil de Emergencia para deliberar sobre la crisis y las medidas a tomar de inmediato; en primer lugar, contra el hambre, el desempleo y la violencia paramilitar. Que ese Encuentro constituya un Tribunal Obrero y Popular que investigue y juzgue, no sólo al hijo del presidente, sino a todos los corruptos que hoy gozan de lo robado durante décadas a las arcas gubernamentales y a los grandes empresarios que se han lucrado con el saqueo de los recursos del país.
Grupo de Trabajadores Socialistas – GTS
Impulso Socialista – IS
Bogotá-Medellín, 13 de agosto de 2023
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Editorial
La inflación devora los salarios:
¡exijamos reajuste mensual automático!
¡Necesitamos medidas de emergencia
contra el hambre, el desempleo
y la precariedad en la vivienda!

Lo que ha ocurrido a lo largo del año con el incremento del costo de vida es suficiente para declarar una emergencia económica, que se actualicen los salarios y el gobierno defina un plan de choque que descargue los costos en las ganancias capitalistas.
El hecho de que se esté frenando la inflación es debido a que el consumo de los trabajadores y la mayoría de los empobrecidos se restringe en lo básico, mientras los costos fijos como vivienda, energía, servicios, transporte o comunicaciones los define el mercado, o sea, quienes monopolizan la economía de los más pobres.
La inflación anual, medida hasta julio, llegó a 12,3%. Un factor importante en el incremento de costos ha sido la eliminación acelerada del subsidio a la gasolina. La burguesía usó ese subsidio para ayudarse en la crisis heredada de los gobiernos Santos a Duque, pero en últimas los que pagamos los platos rotos somos los trabajadores. Ahora los organismos financieros (FMI, OCDE) presionan al gobierno para desmontar esos subsidios y destinar esos dineros garantizar el pago de la deuda externa. Esto presiona el valor del transporte de bienes, aunque se haya aplazado el alza del diésel, y provoca las protestas de mensajeros, taxistas y quienes se rebuscan el sustento con vehículos privados.
Según el gobierno es probable que la inflación alcance al final de este año un 9%, pero el impacto del cambio climático, con un verano que afecta las cosechas, reducirá la oferta de alimentos, prioridad en el consumo de los trabajadores y los pobres. Los anuncios de Petro de regular las tarifas eléctricas se han quedado en pura retórica, pues la causa real de sus costos desmedidos es el domino de las empresas privadas que extraen enormes ganancias del transporte de energía, luego de las privatizaciones de ISA e ISAGEN. Mientras el gobierno habla de transición energética y el vuelco a las energías renovables las multinacionales se hacen al control de los ejes energéticos y ponen de rodillas los planes económicos del gobierno y los más pobres. Cuando las generadoras hidráulicas lleguen a su punto más bajo las termoeléctricas definirán el precio de la electricidad, y de nuevo los servicios públicos se dispararán sin control.
Que se declare la emergencia económica
El gobierno tiene en sus manos la capacidad de regular los precios y elevar los salarios a un nivel que compense lo devorado por la inflación. Por ello debe emitir un decreto de reajuste mensual automático de salarios, en la medida que crezca la inflación.
Pero esto no basta: es indispensable definir otras medidas que disminuyan drásticamente el costo de vida de los de abajo. La misma Emergencia Económica que utilizó para enfrentar los problemas sociales de La Guajira, le permitiría a Petro emitir decretos que apunten en esa dirección. Estas pueden ser algunas de esas medidas:
- El gobierno ha solicitado al Banco de la República la rebaja de las tasas de interés. Se necesita un impuesto al sistema financiero, para un recaudo del 20% de las ganancias de los bancos privados. El gobierno debe enfocar el crédito a los pequeños campesinos, con cero intereses y así estimular la producción nacional de insumos agrícolas, mejorando además la contratación de trabajadores agrícolas.
- Es necesario un plan de construcción masiva de vivienda para las principales ciudades, que implicaría la apropiación de predios para vivienda social, la creación de una Empresa Nacional de Construcción de Vivienda, para las familias de barrios sin servicios. Como muchos pobladores han sido empujados a las peores tierras y condiciones de riesgo, se les debe reubicar en núcleos urbanos con dotación de servicios y rutas de transporte, para evitar tragedias como la de Quetame, Cundinamarca. La única condición para acceder debe ser estar registrado en el SISBEN. Este plan debe ser controlado por comités de vivienda en cada barrio, que nombren representantes para comités municipales que administren los proyectos de vivienda. Destinar para los trabajadores de empresas públicas o privadas un bono de vivienda equivalente al 5% del canon de arriendo, o la constitución de un fondo que garantice la dotación de vivienda a todos los trabajadores.
- Se deben nacionalizar ISA e ISAGEN, y todos los intermediarios de las generadoras de electricidad, y constituir la Empresa Estatal de Energía, que empalme con todos los proyectos de generación eólica y solar, eliminando los sobrecostos que han impuesto las intermediarias privadas en las tarifas de energía.
- El gobierno debe suspender de inmediato el pago de intereses a la deuda externa y declarar su moratoria para financiar este plan de choque, y reactivar la producción creando empleos formales y prohibiendo toda forma de tercerización o precarización laboral. Se debe organizar la más amplia movilización y constitución de comités de trabajo, que agrupen a trabajadores sindicalizados o no, coordinando las acciones para que el régimen burgués y sus partidos sean derrotados y los trabajadores democráticamente nos encaminemos a dirigir la sociedad demostrando unidad y determinación para desenmascarar las instituciones que se oponen a la mejora de las condiciones sociales de los empobrecidos.
Grupo de Trabajadores Socialistas – Impulso Socialista
24 de julio de 2023
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Editorial
Frente a las manifestaciones del 7
y el Encuentro del 10 y 11 de junio
¡Plena independencia
de los trabajadores
y sus organizaciones!

La mayoría de las centrales obreras y la Fecode han convocado manifestaciones el 7 de junio para respaldar las reformas propuestas por el gobierno. Con el mismo objetivo realizarán un Encuentro Nacional de organizaciones sociales, sindicales y políticas (ENOSSP) el 10 y 11. El presidente Gustavo Petro ha anunciado que encabezará la manifestación de Bogotá y no es de descartar que él o alguno de sus ministros asista al Encuentro.
Impulso Socialista y el Grupo de Trabajadores Socialistas (en proceso de unificación) expresamos nuestra posición ante esta convocatoria.
Promesas que se llevó el viento
En los nueve meses que lleva de presidente, las beligerantes promesas del candidato Petro sobre aspectos muy sentidos por millones se las llevó el viento. Las reformas propuestas, negociadas y recortadas en el engorroso trámite parlamentario al que aún están sometidas sin garantía de que sobrevivan, encubren el incumplimiento de las promesas.
Preguntamos: ¿En qué quedó la promesa de eliminación del ESMAD, ese escuadrón asesino odiado por millones, instrumento de la más brutal represión durante años a toda clase de lucha y protesta, el mismo responsable de disparar a los ojos de los manifestantes? ¡En un simple cambio de nombre! ¿En qué quedó la libertad de los detenidos durante el estallido social? ¡En nada!
¿En qué quedó la promesa de eliminación de los contratos temporales? Ya el gobierno podría haber decretado la contratación estable mínimo a todos los empleados de las instituciones estatales del orden, nacional, departamental, municipal y de instituciones descentralizadas. Ya se podría haber solucionado la temporalidad de miles de profesores de las universidades públicas. Nada de eso se ha dado. ¡El plan es ir contratando a cuenta-gotas!
¿En qué quedó la promesa de eliminar el super-billonario negocio de las Administradoras Privadas de Pensiones? ¡En nada! La reforma pensional, por el contrario, lo que busca es fortalecerlas o salvarlas, como lo ha afirmado el presidente.
En muchos otros aspectos salta a la vista que la conciliación y concertación con la burguesía, política central del gobierno reformista de Petro, impide tomar medidas radicales –menos aún revolucionarias—para comenzar a aliviar la angustiante situación de millones. La famosa “renta básica” quedó reducida a un “auxilio” de 250 mil pesos. Ningún agresivo plan nacional de empleo se ha formulado; única forma efectiva de comenzar a superar la miseria de millones. El solo asistencialismo no basta. Los aumentos salariales han sido en la práctica similares a los de otros gobiernos.
Entretanto, en lugar de suspender el pago de la onerosa deuda externa y sus intereses, se sigue cumpliendo al pie de la letra las instrucciones del FMI, el Banco Mundial, la OCDE, organismos defensores de los intereses de la burguesía imperialista. Esos organismos, en la medida que se cumplen sus exigencias, elogian los planes del gobierno. Y el gobierno y sus seguidores sacan pecho por ello; en una actitud completamente arrodillada ante el imperialismo al que durante años dijeron combatir.
¡Hipotecados! ¡Furgón de cola! ¡Comité de aplausos!
La mayoría de las direcciones sindicales y de las organizaciones sociales y populares del país, al estar orientadas por el Pacto Histórico, actúan como comité de aplausos del gobierno, hipotecadas al mismo. Las manifestaciones que han convocado en los meses que lleva Petro como presidente, incluida la del Primero de Mayo, han tenido como objetivo respaldar las propuestas de reforma; sin un milímetro de independencia.
Como socialistas revolucionarios consideramos que la primera y más importante tarea del momento es conformar una corriente que, con absoluta y total independencia del gobierno del Pacto Histórico, formule sus exigencias y reclamos y convoque a la movilización para conquistar esas reivindicaciones.
La independencia a la que convocamos nada tiene que ver con la oposición y ataques de las fracciones más reaccionarias de la burguesía que están en contra del gobierno. Nuestra posición es a favor de los millones que necesitan solución inmediata a sus necesidades más urgentes; a favor de quienes tuvieron la ilusión de que un gobierno que se proclamaba de “cambio” adoptaría medidas radicales y que ahora miran perplejos, algunos ya desilusionados, otros preocupados, que la solución a sus problemas no llega. Por el contrario, ven como el gobierno “del cambio” se sumerge en una profunda crisis política; porque ha sido incapaz de romper radical y completamente con las prácticas y fuerzas que sostienen el corrupto régimen político. El escándalo en curso en los últimos días así lo demuestra.
En consecuencia, no llamamos a participar en las movilizaciones del 7 de junio ni en el Encuentro del 10 y 11 porque son un respaldo a la colaboración de clases; estamos convocando a las organizaciones y sectores que se reclaman clasistas, defensores de la independencia política de los trabajadores, a los Comités de Solidaridad, a las Coordinadoras que existen en distintos lugares, a que confluyamos y actuemos unificadamente con plena y total autonomía e independencia del gobierno.
Hay que construir una corriente que levante un programa de lucha y movilización que –coincidiendo o no con alguna propuesta gubernamental–proclame que la solución a las necesidades de millones de trabajadores, explotados y oprimidos del país no se logrará con una política de conciliación y concertación con la burguesía y el imperialismo. Los trabajadores debemos levantar nuestras propias banderas, nuestras propias organizaciones como opción de poder y de gobierno pues la liberación de los trabajadores solo puede ser obra de los trabajadores mismos.
Impulso Socialista – Grupo de Trabajadores Socialistas (en unificación)
Bogotá/Medellín, 5 de junio de 2023
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Editorial
PRIMERO DE MAYO
¡Que la crisis la paguen los ricos!
¡A las calles, a defender nuestros derechos,
sin conciliar con la burguesía!

El Primero de Mayo es el día internacional de la clase trabajadora. Salimos a las calles para reafirmar nuestra voluntad de acabar con el capitalismo: un sistema de explotación, opresión, hambre, violencia, guerras y depredación de la naturaleza. Debemos rechazar cualquier intento de poner nuestra conmemoración y esta jornada de protesta al servicio de los planes de cualquier gobierno burgués o “progresista”. Para defender nuestros derechos debemos, antes que nada, preservar nuestra independencia política de clase.
La catástrofe que nos amenaza
El capitalismo mundial enfrenta una nueva crisis económica. Todos los pronósticos son negativos: la producción se estanca, disminuye la inversión y se empuja a millones de trabajadores al desempleo y la precarización laboral. Al mismo tiempo asistimos a una escalada del costo de la vida y al endeudamiento creciente de las familias. Los países más desarrollados, encabezados por EE.UU., descargan la crisis sobre el resto del mundo con deudas impagables, atándolas a nuevas condiciones de dominación y entrega de recursos para sus multinacionales. Imponen tratados de libre comercio y reformas tributarias, laborales y sociales que les faciliten la explotación y el saqueo de los ecosistemas.
La salida a la crisis que encuentran los gobiernos es atacar los derechos de los trabajadores, cuya sobreexplotación es la única fuente de ganancias y acumulación de riqueza. Así se evidenció durante la pandemia: mientras miles de millones se hundieron en la pobreza y la miseria, un minúsculo grupo de capitalistas incrementó sideralmente su fortuna. Es el 1% de los privilegiados contra el 99% del resto de la humanidad. Sólo una revolución mundial puede dar fin a esta contradicción. Es con esa bandera, y en memoria de los obreros mártires de Chicago, ejecutados en 1886, que nos tomamos las calles todos los Primeros de Mayo para proclamar, como ellos, nuestro odio mortal contra el capitalismo. Nuestro odio de clase contra la burguesía y el imperialismo.
Barbarie y resistencia
En todo el mundo se habla desde hace más de un año de la guerra en Ucrania, la escalada de precios en los combustibles, bancos que quiebran, devaluación de las monedas, alza en los intereses bancarios y crecimiento de la deuda externa. También de aumento de precios de alimentos y tarifas eléctricas, al tiempo que la alteración del clima por el calentamiento global aniquila las cosechas, provoca el desborde de los ríos y destruye las viviendas de millones. El desempleo y los bajos salarios empujan a miles de millones a la precarización laboral y la degradación social. La democracia burguesa se muestra inútil para mejorar la calidad de vida y garantizar bienestar a la mayoría de los seres humanos. En cambio se incrementan los impuestos y el gasto militar, mientras se recortan los derechos a la salud y educación, vivienda o servicios públicos.
Enormes flujos de migrantes recorren el mundo en busca de oportunidades, expulsados de sus países por la pobreza, las guerras, las sequías y la violencia de sociedades que han cerrado toda oportunidad a los jóvenes y se ensañan doblemente con las mujeres más pobres, condenando a miles de estos desplazados a morir en sus desesperadas travesías. Son la imagen más dramática de la barbarie a la que nos arrastra el capitalismo.
Pero dónde hay resistencia, hay esperanza. El pueblo ucraniano defiende heroicamente su territorio, contra la sanguinaria invasión rusa, en medio de la disputa económica, política y militar de las superpotencias por el control del planeta. Las huelgas obreras en Europa se multiplican a medida que se desprestigian los gobiernos, como ha ocurrido en Francia por la reforma pensional, rechazada violentamente en las calles, o en Gran Bretaña con las luchas de los trabajadores del transporte, la salud y la educación. El pueblo palestino enfrenta la agresión permanente del estado sionista de Israel, fracturado por sus propias contradicciones, y el saharaui resiste la ocupación del Sahara Occidental por el reino marroquí. Hace pocos meses vivimos el levantamiento de las mujeres iraníes contra la dictadura burguesa fundamentalista. Todas estas luchas por la autodeterminación nacional, económicas, democráticas, o directamente anticapitalistas, tienen un motivo común: la ofensiva de los grandes conglomerados empresariales contra los trabajadores y los pueblos, a través de sus Estados y gobiernos. Es la lucha de clases, el gran motor de la revolución.
Por nuestros derechos y contra la conciliación: ¡es la hora de la revolución!
En muchas partes del mundo la ultraderecha política intenta levantar cabeza ante la amenaza de situaciones que desborden el orden burgués. Pero el factor más dinámico de la realidad mundial es la incansable lucha de los trabajadores y los pueblos que se expresa con levantamientos sociales, huelgas masivas, movilizaciones y resistencia militar a las invasiones u ocupación de sus territorios. El principal obstáculo que debemos superar es la política conciliadora de las direcciones de los partidos políticos reformistas y las direcciones de las organizaciones sociales y sindicales, controladas por esos partidos, e incluso de los gobiernos de los pueblos en resistencia, como ocurre en Ucrania con Zelensky y sus oligarcas mafiosos.
En Colombia vivimos una situación similar. El ascenso de Gustavo Petro a la Presidencia fue la expresión electoral del estallido social, que debilitó a la ultraderecha, pero la política de su gobierno, el Pacto Histórico y los partidos de izquierda que lo componen, ha sido la de negociar sus reformas con lo más podrido de los partidos tradicionales, entregando ministerios y contratos y aceptando las exigencias de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, en particular del sector financiero. Es así como se recortó la reforma tributaria disminuyendo los recursos del Estado destinados al sector social, se modifica la reforma a la salud para mantener las EPS, los gremios rechazan la reforma laboral que a duras penas busca recuperar conquistas perdidas hace tres décadas, la reforma pensional amenaza derechos adquiridos y deja en la incertidumbre a la nueva generación de trabajadores. Por eso debemos retomar las banderas del paro nacional y preparar nuevas jornadas de lucha.
La reciente visita a Biden, cabeza del imperialismo mundial y enemigo jurado de los pueblos del mundo, fue una evidencia de la confianza que depositan las multinacionales y los especuladores financieros en el gobierno de Petro. A cambio se compromete, como el gobierno mexicano, a ser guardafronteras de EEUU ante la ola migratoria, guardabosques de la Amazonía e intermediario con el gobierno represivo de Nicolás Maduro. Seguirá, eso sí, garantizando el pago puntual de la fraudulenta deuda externa mientras habla de la fantasía de un capitalismo “descarbonizado” y espera parte de las migajas que el imperialismo ofrece para seguir persiguiendo a los narcotraficantes y mineros que arrasan la selva.
No rechazamos ninguna reforma que beneficie a los trabajadores o el pueblo, pero estamos en contra de que se las negocie a nuestras espaldas. Cada derecho adquirido ha sido producto de décadas de lucha y movilización, sacrificios y muertos del pueblo trabajador, la juventud y las comunidades marginadas. Por eso debemos marchar de manera independiente este Primero de Mayo.
Contra la burocracia sindical, que hipoteca nuestra independencia de clase, invitamos a los afiliados a la CUT a apoyar la lista 72 al Comité Ejecutivo, encabezada por Ima Yurley Pérez, presidente de la Asociación Sindical de Educadores de Medellín. Es la lista que encarna un programa socialista y revolucionario para nuestra central sindical, la más importante del país.
Y para avanzar en la construcción de una alternativa revolucionaria los invitamos a sumarse a nuestras filas. Impulso Socialista y el Grupo de Trabajadores Socialistas, en el marco de la Liga Internacional Socialista, próximamente nos unificaremos para contribuir a ese proceso. ¡Las banderas de la Internacional son las banderas de nuestra próxima victoria!
¡Incremento general de salarios contra la inflación!
¡Basta de precariedad laboral: no más contratos por ODS!
¡Incorporación inmediata a la planta del Estado a todos los trabajadores temporales!
¡Salud de calidad para todos: eliminar las EPS!
¡Respetar los derechos pensionales! ¡Acabar con los Fondos Privados!
¡Educación Superior gratuita, de libre acceso, con bienestar y de alta calidad!
¡Por un plan de obras públicas que garantice vivienda e infraestructura para la educación y la salud y la comercialización de la producción de los campesinos pobres!
¡No a la Regla Fiscal! ¡No al pago de la deuda externa!
¡Estatización de todo el sector financiero!
¡Basta de represión: disolución inmediata del ESMAD!
¡Trabajo, tierra, vivienda, salud y educación para todos!
¡Por un gobierno de los trabajadores y los pobres!
¡Fuera Rusia de Ucrania! ¡Fuera la OTAN del Este de Europa!
¡Vivan las huelgas de los trabajadores europeos,
viva la resistencia de los pueblos del mundo!
¡Proletarios de todos los países: UNÍOS!
Impulso Socialista – Grupo de Trabajadores Socialistas
Liga Internacional Socialista – LIS
Abril 26 de 2023
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Editorial
Las marchas del 14 y 15 de febrero
¿Qué significan
y que se pretende con ellas?

Desde hace semanas sectores burgueses que están en oposición al gobierno (Centro Democrático a la cabeza) convocaron una marcha de protesta contra los proyectos de reformas de Petro para el 14 de febrero. En respuesta, el propio Petro y el Pacto Histórico convocaron una de respaldo para el mismo día. Ante los riesgos de enfrentamientos la marcha en contra fue movida para el 15.
Nos encontramos ante una medición de fuerzas y un forcejeo en el cual, a la larga, los trabajadores, los sectores populares, el campesinado pobre, saldrán perdiendo si no logran asumir una posición propia, independiente de uno y otro sector, con un programa revolucionario que defienda tanto sus intereses y reivindicaciones inmediatas como soluciones reales, profundas, efectivas, a los grandes problemas que aquejan a millones; contra los cuales se produjeron los levantamientos y luchas de los años anteriores, de los cuales se benefició electoralmente Petro y el Pacto Histórico.
El 15 lo convoca el pasado reaccionario
La marcha del 15 la organizan las fuerzas políticas que, unidas a otras que para mejor defender sus intereses ahora hacen parte del gobierno de Petro, son directamente responsables de lo más terrible del pasado del país. Son los responsables del accionar de un Estado y un régimen que literalmente masacró al pueblo colombiano, con miles de desaparecidos, con 6.402 falsos positivos, con infernales niveles de miseria.
El triunfo electoral de Petro colocó a la defensiva política a esas fuerzas. Están tratando de reorganizarse, de convertirse en canal para el descontento, desilusión y desesperanza que puede comenzar a profundizarse ante la incapacidad del gobierno actual de brindar soluciones inmediatas, efectivas y reales a las necesidades de millones. Procesos similares al de Colombia se han dado en varios países y marchas como esa son el medio a través del cual las fuerzas burguesas más reaccionarias vuelven a levantar cabeza.
Llamamos a las organizaciones populares, sindicales, campesinas y sociales a rechazar la movilización del 15, pues hay que señalarla como un intento de volver al pasado. Frente a un gobierno que no responde ante las mayorías sociales la salida no es la oposición de la burguesía más reaccionaria quien ya gobernó y nos trajo hasta aquí. Por el contrario, se requiere de una fuerte unidad con independencia de clase para luchar y exigirle al gobierno de Petro que se cumplan medidas realmente efectivas para las reivindicaciones de la clase trabajadora y popular de Colombia.
El 14 defiende un camino sin salida
Uno de los objetivos principales de Petro y sus más cercanos seguidores al convocar la marcha del 14 es forcejear con las fuerzas burguesas que son parte de su gobierno para que respalden en forma más decidida su plan de reformas. Sin el respaldo pleno de esas fuerzas los proyectos de reformas, ya de por sí bastante timoratos, se volverán una colcha de jirones en el Parlamento; ahogándose así todas las ilusiones y esperanzas que millones tuvieron. Si algo sale serán algunos paños de agua tibia a los cuales, por supuesto, no es posible oponerse pero que no significan solución profunda y duradera a ninguna de las enormes necesidades de millones.
Sin entrar a analizar a fondo las diferentes reformas propuestas por Petro, a esta altura de su gobierno es posible concluir que está cumpliendo a la letra la esencia de su programa y propuesta política: intentar un desarrollo capitalista, en común con algunas fracciones de la burguesía (el santismo, el samperismo y otros), que no cuestiona en nada y para nada la dependencia económica y política del imperialismo. El ritmo y profundidad de las reformas del gobierno lo determinan las fuerzas burguesas que, hábilmente, desde antes y luego del triunfo de Petro, se reacomodaron para controlar el desbordado proceso de lucha y movilización del pueblo colombiano.
Un solo ejemplo permite demostrarlo. La promesa de hacer que la salud no sea un negocio supondría que miles de clínicas, laboratorios e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, así como la industria farmacéutica, dejen de serlo. La reforma a la salud de Petro no les toca un pelo. La promesa de eliminación de las EPS, intermediarias financieras en el actual sistema, que son solo una parte de ese negocio, se está desvaneciendo rápidamente. Ahora se declara que podrán continuar, ajustándose al nuevo modelo. Síntesis: ¡bastante poco para tanta alharaca!
Encerrado en los estrechos límites del respeto a la “institucionalidad” de la mal llamada democracia colombiana el gobierno de Petro puede terminar como el perro, dando vueltas intentando morderse su propia cola. Es el camino reformista que, por la desilusión que produce ante la no solución a los problemas, abre el regreso al pasado reaccionario.
Abrir un camino revolucionario
La cúpula de las organizaciones sindicales, la burocracia que frenó y desmovilizó el paro de 2021, llama a los trabajadores y a sus organizaciones a convertirse en comité de aplausos del gobierno Petro. Llaman a respaldar unas reformas de las cuales no se conoce aún siquiera el articulado definitivo. Llaman a movilizarnos sin organizar y desarrollar una discusión democrática entre las bases sobre cuál es la posición que más conviene y, peor aún, nos llaman a confiar en el Parlamento controlado por lo más podrido de los partidos de la burguesía. Por esa vía, hipotecan lo más sagrado de la clase obrera, los trabajadores y sus organizaciones: su independencia política ante el Estado y los gobiernos burgueses.
Lo que está a la orden del día no es salir a respaldar o defender al gobierno Petro. Lo que está a la orden del día es lanzarnos a la construcción de una opción revolucionaria que abra un nuevo camino, ese sí de radicales y profundas transformaciones a la estructura económica, social y política del país.
Es bastante fácil proponer e incluso realizar reformas. Pero no es eso lo que necesita el pueblo colombiano. Se necesita más que reformas, se necesita una verdadera revolución.
A las organizaciones que defienden el programa de Petro pero que cuestionan cómo lo está desarrollando las invitamos a cuestionar las bases de ese programa. No es el camino de “profundizar las reformas” el que conducirá a las verdaderas soluciones. Esa es la llamada ilusión reformista; total y completamente distinta de la opción revolucionaria.
Impulso Socialista y el Grupo de Trabajadores Socialistas, actualmente en un proceso de unificación, estamos abiertos a propiciar todo lo necesario para abrir el camino revolucionario que el pueblo colombiano necesita; dialogando, discutiendo fraternalmente, desarrollando acciones comunes con todas las fuerzas que se decidan a buscar ese camino independiente de quienes defienden el pasado con la marcha del 15 y de quienes preconizan el camino sin salida promoviendo la marcha del 14. Porque nos diferenciamos radicalmente de una y otra opciones, mantenemos una posición independiente.
Rechazamos la marcha del 15. No impulsamos, no respaldamos, no invitamos ni participamos como organización en la del 14. A los trabajadores que lleguen a participar en la del 15 les decimos: ¡Están en el lugar equivocado! A quienes, movidos aún por sus ilusiones y deseos de cambio, respalden o participen en la del 14, les decimos: Ese no es el camino, hay que transitar otro. ¡Los invitamos a dejar el camino reformista, vengan al camino revolucionario!
Grupo de Trabajadores Socialistas – Impulso Socialista
Bogotá/Medellín, 11 de febrero de 2023
Editorial
¡Basta de concertación:
exijamos un salario mínimo
que cubra la canasta familiar!

Sin movilización para derrotar los planes de los gremios económicos y el FMI, el salario mínimo seguirá definiéndose entre unos pocos, pero afectando a la mayoría de los colombianos.
Ha comenzado una dura prueba al gobierno “del cambio”: el Pacto Histórico y Petro se miden ante los más pobres para responder a 22 millones de trabajadores, de los cuales más de la mitad viven del rebusque o tienen contrato tercerizado. Además, más de 2 millones de personas se encuentran desocupadas en el país. El salario mínimo en Colombia define el poder adquisitivo respecto a una canasta familiar fuertemente golpeada por la inflación importada que afecta a más del 20% de los productos, situación que no es de interés para los empresarios y banqueros del país. ¡O de los parlamentarios, quienes acaban de recibir un aumento de $2.573.000, elevando su salario a $37.880.000 mensuales!
Solo los trabajadores entendemos lo que es conseguir la papa todos los días. Para los empresarios su preocupación son las ganancias, y estas comienzan por mantener bajos los salarios. Solo un sector minoritario de trabajadores logra contratos estables y salarios que superen el mínimo; la mayoría de la población trabajadora se interna en el mundo del desempleo y el rebusque. Tal realidad está lejos de las mesas de concertación laboral, mecanismo implementado por los empresarios para validar las políticas de gotero que aplican a los salarios de los trabajadores. La absoluta mayoría no están sindicalizados y laboran en pequeñas y medianas empresas. Pero también cubre sectores claves de exportadores como cafeteros, bananeros y flores, que hoy hacen bonanza con un dólar que roza los $5.000.
El gobierno del “cambio”, propone la concertación con los capitalistas
El gobierno de Petro propone un alza de $135.000, 13.5%, como punto de partida para sentar en la mesa a las Centrales Obreras y los gremios económicos, asumiendo Gloria Inés Ramírez como ministra de Trabajo la postura “neutral” de aproximar los intereses del capital y del trabajo. Ya el presidente de la CUT ha declarado que, más que porcentajes, su interés es la concreción de políticas que regulen las tarifas energía, control a los precios de los medicamentos, pedir tasas de interés más bajas a los bancos, controlar la devaluación y subsidiar las empresas de fertilizantes para aliviar los precios de los agricultores. En los gremios económicos, solo se oyen voces lastimeras por los efectos “inflacionarios” que puede producir un aumento de los salarios, mientras los trabajadores de a pie siempre quedamos mirando un chispero, y debemos hacer maromas con un salario que cada día compra menos cosas. Alimentos, servicios, transporte y vivienda ya consumen el 80% del salario básico y quedan pendientes educación, salud, recreación, vestido y otros.
Los negocios van bien y la crisis la estamos pagando los pobres
Según los organismos económicos internacionales de la burguesía, como la OCDE y el FMI, se calcula un crecimiento del PBI en Colombia de más de 8% en 2022, sostenido por los ingresos petroleros y la reactivación de la economía después de la pandemia; pero no se reconoce el derecho de los trabajadores a participar del crecimiento de la riqueza que nosotros mismos producimos. Lo cierto es que los jóvenes y las masas, después de derrotar la reforma tributaria de Duque y protagonizar una explosión social que cuestionó los cimientos de la política neoliberal, hemos caído de nuevo en la trampa concertadora. Ésta sirve a los dirigentes sindicales para silenciar las exigencias que levantó el Paro Nacional, y el pliego que exigía soluciones a la miseria, que ha crecido por la inflación y el desempleo general.
El salario mínimo debe cubrir las necesidades básicas de las familias trabajadoras
Desde el pasado 30 de noviembre se vienen reuniendo representantes de los gremios empresariales, del gobierno y las centrales obreras, para llegar a un acuerdo por el aumento salarial del 2023. Los criterios para este año, inflación, competitividad y productividad, en la práctica, ignoran todas las realidades que involucra el sustento básico de los colombianos. El salario mínimo no solo ha sufrido los impactos de la inflación, puesto que el incremento para el 2022 del 10,07% fue anulado por la inflación anual que llega al 11,44%, con una pérdida adquisitiva del 1,37%, sino que también ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos diez años, pues si lo vemos en dólares, el salario mínimo que correspondía a 315 dólares, hoy es de apenas 200 dólares. Es decir, además de la inflación, el salario ha sufrido su propia devaluación.
¿Dónde están $575.000 que se han evaporado del poder adquisitivo en el salario mínimo? Esto es importante porque un porcentaje importante de los productos de la canasta familiar son importados, lo cual tiene un impacto mucho más fuerte para los y las trabajadoras. Para poder darle vuelta a esta situación, y si tenemos en cuenta que el panorama económico mundial es de crisis, como lo afirman el FMI y el BM, el aumento del salario debe ser como mínimo un 63% para recuperar la pérdida de los últimos años. Sobre esta nueva base, es decir, partiendo de un salario de $1.575.000, es que se debería evaluar el reajuste salarial para el 2023, por lo cual el salario mínimo en su conjunto debería quedar por lo menos en $1´800.0001, combinado con una serie de medidas que ayuden a reducir el costo de la vida, pero, ni el gobierno de Petro lo puede poner en la mesa, ni los dirigentes de las centrales se levantarían de la mesa para exigir con firmeza justicia salarial.
Para responder a las necesidades de millones que por la crisis económica y la pandemia vieron como sus condiciones de vida desmejoraban, lo cual los volcó a las calles, se requiere un plan de emergencia que adopte una serie de medias a favor de la clase trabajadora y los sectores populares. Entre ellas, como mínimo:
- Para combatir la inflación: Aumento salarial al nivel del coste de la canasta familiar. Reducir y congelar las tarifas de servicios públicos, combustibles, medicamentos. Eliminar el IVA a los productos de la canasta familiar.
- Contra la precarización y la informalidad: Eliminación de los contratos de prestación de servicios, o por horas. Contratación indefinida y directa.
- Para combatir el desempleo: Reducción de la jornada laboral a 6 horas y crear tres turnos por día sin reducción de salarios.
- Por un sistema de salud público y estatal. Por una educación pública y gratuita para todos los niveles.
Entre el gobierno, los empresarios y la burocracia sindical hacerse pasito es la regla; de nuevo nos van a calentar la oreja con inciertas reformas y aumentos insuficientes, este plan no se conquistará a través de la concertación con banqueros, terratenientes, industriales, comerciantes. De los voraces parlamentarios que se acaban de aumentar su salarios individuales en más de dos salarios mínimos cada uno, tampoco podemos esperar nada. Solo un gobierno de los trabajadores puede dar tierra para producir alimentos, y entregar el fruto del trabajo a los que producen la riqueza del país.
Impulso Socialista (Liga Internacional Socialista)
Grupo de Trabajadores Socialistas
Diciembre 7 de 2022
1 Este aumento sigue siendo insuficiente, puesto que según el DANE: “…En 2019, la nueva canasta básica familiar (Cbf) dada a conocer en enero pasado, le cuesta a un hogar promedio –integrado por cuatro personas– $ 3.488.577 mensuales. El hogar requiere de 4,2 salarios mínimos legales (SML 2019=$828.116) para la adquisición de todos los bienes y servicios necesarios y vitales…”
———————-Editorial
Ante la convocatoria de la CUT y Fecode
en respaldo al gobierno de Petro
¿Qué debemos hacer?

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha hecho un llamamiento a salir a las calles “a respaldar al gobierno de Petro” el 15 de noviembre, en todas las ciudades del país. De manera similar, la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, señalando que “soplan vientos de unidad nacional”, invita “a marchar en respaldo al liderazgo de Gustavo Petro y Francia Márquez”. Es bastante probable que muchas juntas directivas de sindicatos de manera burocrática, es decir sin realizar una discusión democrática entre sus bases, respalden este llamamiento
El Grupo de Trabajadores Socialistas e Impulso Socialista, dos organizaciones que se ubican en una posición revolucionaria, de defensa de los intereses inmediatos y estratégicos de la clase obrera y sectores populares, que actualmente avanzamos en un proceso de unificación, presentamos algunas consideraciones y propuestas.
Buscamos, ante todo, establecer un diálogo con los millones que, con su voto, garantizaron el triunfo de Gustavo Petro. Esos millones de votos expresaron las ilusiones y esperanzas de cambio y de solución a las enormes necesidades que aquejan al pueblo colombiano. Por eso, sin compartir elementos esenciales del programa del Pacto Histórico, nos colocamos electoralmente de su lado, llamando a votar en contra de la opción reaccionaria, respaldada por la enorme mayoría de la burguesía, personificada en Rodolfo Hernández.
Posesionado el gobierno, conformadas las alianzas parlamentarias que consideró conveniente o aceptó conformar y las condiciones que establecen esas alianzas, y transcurridos ya tres meses de actuación es importante reflexionar si debemos salir a las calles a respaldarlo.
¿Qué esperaban millones del gobierno de Petro?
Los millones que votaron por Petro, que fueron los millones que participaron o respaldaron todas las luchas que se dieron contra los gobiernos anteriores, en especial contra el de Iván Duque en 2019 y en el Paro Nacional del 2021, esperaban que una vez posesionado el gobierno adoptase de inmediato, en el término de días o semanas, medidas efectivas, radicales, profundas, para comenzar a solucionar sus más urgentes necesidades. Hasta ahora, nada de eso se ha producido. Veamos:
–El precio de los alimentos se ha disparado y el gobierno no ha adoptado ninguna medida para controlarlo. Entretanto, la inflación galopante de ha comido el exiguo aumento salarial de inicios del año y el gobierno, pudiendo hacerlo, no ha decretado un alza general de salarios.
–El desempleo se mantiene y el gobierno no ha adoptado ningún plan de choque para reducirlo; exigiendo por ejemplo a todas las empresas que enganchen nuevos trabajadores, reduciendo la jornada laboral y distribuyendo el trabajo entre más trabajadores, pero manteniendo los salarios.
–Los millones de trabajadores que sufren la tortura de estar vinculados en el Estado por órdenes de prestación de servicios o por contratos a término definido siguen sometidos al chantaje de sus jefes para la renovación de los mismos; pudiéndose haber decretado ya su vinculación a término indefinido, con plenas garantías laborales.
— Grandes masas del campesinado pobre esperaban una verdadera reforma agraria. En lugar de ello los terratenientes de Fedegan harán el negocio del siglo, vendiendo al Estado (a buenos precios) tres millones de hectáreas. Esos tres millones de hectáreas fueron arrebatados a sangre y fuego al campesinado durante las décadas anteriores. ¡Nada habría que pagarles y el gobierno, con la ministra de Agricultura a la cabeza, por esa vía terminará legalizando ese despojo! Por algo José Felix Lafaurie está dichoso y muy cordial con el gobierno y su “distribución de tierras”.
–Los centenares de jóvenes procesados y detenidos durante el estallido de 2021 continúan en las cárceles y el gobierno da largas a su liberación inmediata y al cese de esos procesos judiciales, mientras negocia con los sectores que se oponen. Esa, una promesa central de la campaña de Petro que hizo que miles de jóvenes confiaran en él y lo respaldaran con su voto, está siendo abiertamente incumplida.
–El ESMAD, la infernal parte de las fuerzas represivas que se ensañó durante años atacando despiadadamente a cualquier clase de manifestación de protesta, continúa “vivito y reprimiendo”. El gobierno ha decidido no proceder a su disolución completa y total. Por el contrario lo hemos visto seguir cumpliendo su función represiva en el violento desalojo de pobladores pobres que han ocupado tierras rurales o urbanas.
–Hay muchos otros aspectos en educación, salud, servicios públicos y demás que podríamos señalar, ante los cuales los votantes por Petro esperaban soluciones prontas y profundas. Por ejemplo, la reducción de tarifas de servicios públicos, energía en especial. Es una verdadera burla la mísera reducción con la que el gobierno intenta apaciguar la ira de la población, en especial en la Costa Atlántica.
¿Esperar, hasta cuándo y por qué?
Muchos compañeros, en especial aquellos más comprometidos con las organizaciones integrantes del Pacto Histórico, dirán que “no hay que desesperarse”, “los cambios no se pueden dar de la noche a la mañana”, “hay que tener paciencia”, “este gobierno es nuestro gobierno, hay que confiar en él y hay que darle tiempo”. Eso mismo es lo que dice el gobierno, cuando se le exigen soluciones a necesidades que no dan espera.
El gobierno tiene toda la capacidad de actuar ya y decididamente frente a los asuntos que hemos señalado y frente a muchos otros. De hacerlo ganaría más apoyo y simpatía de la que obtuvo en la campaña electoral. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué se tarda? ¿Por qué hay que esperar?
La razón última por la cual el gobierno no actúa para brindar solución inmediata a necesidades urgentes de millones es porque está comprometido con mantener la esencia del sistema actual en el cual unos pocos miles se lucran y aprovechan del trabajo y la riqueza que producen millones. Y Petro proclama a voz en cuello una falsedad monumental: que es posible solucionar las necesidades de millones de pobres y, a la vez, que a esos pocos miles de capitalistas les vaya cada vez mejor.
Por lo anterior Petro conformó su gabinete integrando a representantes de partidos políticos que durante décadas han actuado contra los trabajadores, pobres y oprimidos del país. Por eso mismo, desarrolla acuerdos de todo tipo con el gobierno de los Estados Unidos y con los organismos rectores de las políticas económicas y sociales al servicio de la gran burguesía mundial. Por eso negoció una reforma tributaria que, tal como lo dice su ministro de Hacienda, “fue apoyada por todos los organismos internacionales, por la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”. (El Espectador, 6 de noviembre de 2022). Por eso mantiene en el Presupuesto General de la Nación una partida de 77 billones de pesos para pago de la deuda externa, una deuda fraudulenta con la que los países imperialistas sojuzgan a decenas de países pobres.
¿Respaldar a Petro o exigir soluciones?
Es cierto que hay algunos sectores burgueses, minoritarios y bastante desprestigiados, como el Centro Democrático, que han empezado a expresar, con manifestación en las calles, la oposición que hacen en el Parlamento al gobierno. Pero no hay ninguna institución del régimen que esté enfrentada directa o violentamente al gobierno y que se plantee echarlo. Solo en un caso excepcional como ese, un intento de golpe de estado contra un gobierno producto del voto popular, por ejemplo, podría ser válido llamar no tanto a respaldar al gobierno como a detener el ataque a los derechos democráticos que eso significaría.
En la actual situación del país y del gobierno lo más importante para los trabajadores y sectores populares es organizarse, con absoluta independencia de las políticas gubernamentales, discutir las peticiones, exigencias o reivindicaciones que se deben presentar al gobierno y movilizarse demandando solución inmediata a las mismas. Ese debería ser el papel de las direcciones sindicales en lugar de actuar, como ahora lo hacen, de monaguillos del gobierno.
Las manifestaciones del día 15 no están planteadas en los anteriores términos. Por eso no las respaldamos ni llamamos a participar en ellas. En su lugar, proponemos que en todo sitio que sea posible, en todo sindicato, en toda escuela, en toda universidad, en todo barrio, se realicen asambleas democráticas en las cuales se discutan las necesidades y reivindicaciones más urgentes de cada sector y se elabore un pliego de exigencias inmediatas que se presente directamente al gobierno nacional.
El gobierno de Petro está obligado a cumplir su promesa de cambio. Por lo tanto, los millones de que lo respaldamos con el voto tenemos todo el derecho a exigir que los cambios que no dan espera se hagan ya.
Grupo de Trabajadores Socialistas– Impulso Socialista
Bogotá, 10 de noviembre de 2022
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Editorial
¡Fuera Blinken y Biden
de Colombia y América Latina!

La visita de Antony Blinken, Secretario de Estado del gobierno de Joseph Biden, a Colombia, busca reafirmar la hegemonía del imperialismo yanqui en América Latina. No es casual que su recorrido continúe hacia Chile y Perú, dos países cuyos gobiernos son calificados como progresistas al igual que el de Gustavo Petro. Es necesario mantener en el corral a las supuestas “ovejas negras.
La política exterior yanqui siempre ha sido en defensa de los intereses del conjunto de su burguesía, pero el cambio de guardia en la Casa Blanca, luego de la derrota electoral de Donald Trump, define los temas sobre los que se hace énfasis y la forma de abordarlos. Por ejemplo, para la burguesía norteamericana la llamada “guerra contra las drogas” ha sido funcional para subordinar a los gobiernos latinoamericanos, pues permite justificar su política de control militar de la región.
Es ingenuo afirmar que el gobierno de Biden está pensando modificar lo fundamental de su política para América Latina en relación con el narcotráfico o frente las masivas migraciones de población pobre hacia EE.UU. Lo que ha logrado Biden es que buena parte de los gobiernos de la región, incluidos los llamados “progresistas”, fortalezcan sus aparatos represivos para continuar la “guerra contra las drogras” y toda la cadena delincuencial que la acompaña. La continuidad de esa estrategia, incluida la extradición de nacionales, fue confirmada por Blinken.
Hace pocas semanas estuvo en Colombia Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur del Ejército de EEUU, quien subrayó la importancia de la relación privilegiada de Colombia como socio militar estratégico en el área. Recordemos que nuestro país es además un “Aliado Mayor Extra-OTAN”, alianza militar de los imperialismos yanqui y europeo para enfrentar a Rusia y China, a las que consideran potencias emergentes que disputan su hegemonía mundial. Estas potencias ya están interviniendo con sus inversiones y acuerdos militares en América Latina.
Los gobiernos latinoamericanos, entre ellos el de Petro, quien solicitó a Blinken tratamiento especial para los migrantes colombianos, se constituyen de hecho en guardafronteras de los EEUU a costa del sufrimiento de decenas de miles de latinoamericanos. El colmo de esta actitud sumisa ha sido la propuesta de Petro de que el ejército yanqui se encargue de “proteger” la Amazonía latinoamericana en defensa del medio ambiente.
En el actual momento, al gobierno de Biden le interesa contar con un intermediario confiable para el cambio de política que ha decidido adoptar frente al gobierno de Venezuela, pues necesita reactivar la producción y comercialización de su petróleo, frente a la escasez provocada por las sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania. El gobierno de Petro asume de esa manera el lamentable papel de testaferro de los intereses norteamericanos, a cambio de la reapertura comercial colombo-venezolana y el reinicio de las negociaciones con el ELN en Caracas.
El pueblo colombiano y los pueblos latinoamericanos no tienen nada bueno que esperar de la visita de Blinken fuera de una mayor sumisión a los intereses yanquis, más violencia en nuestros territorios y un agravamiento de las condiciones sociales de las mayorías, por la pesada carga que impone la deuda externa de nuestros países en beneficio del capital financiero internacional, en particular la destinada al armamentismo que impone el Departamento de Estado que encabeza Blinken. Por eso repudiamos su visita y llamamos a la protesta antiimperialista.
¡Fuera Blinken y Biden de Colombia y América Latina!
¡Por una solución soberana y democrática frente al problema del narcotráfico!
¡No al pago de la deuda externa!
¡Ruptura de todos los pactos económicos, políticos y militares con el imperialismo!
¡Fuera Colombia de la OTAN!
¡Por la Segunda Independencia de América Latina!
Grupo de Trabajadores Socialistas GTS
Impulso Socialista IS- Liga Internacional Socialista
6 de octubre de 2022
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Editorial
A propósito de la posesión del nuevo gobierno
¡Porque el pueblo no aguanta más!
Le proponemos estas medidas
al gobierno de Petro y Francia

Este 7 de agosto, inicia el gobierno del Pacto Histórico, en cabeza de Gustavo Petro, muchos colombianos esperan soluciones inmediatas a las necesidades más urgentes: el hambre, desempleo, alto costo de vida, salud y educación.
Iniciar el cumplimiento de las promesas de campaña, obliga al nuevo gobierno a adoptar en los primeros días un paquete de medidas que muestren a las claras, sin sombra de duda, que estamos ante un verdadero cambio. El cambio no son palabras, no son discursos, no son espectáculo. El cambio son las medidas que modifiquen drástica y rápidamente las miserables condiciones en las que sobreviven millones de colombianos.
El triunfo electoral de Petro y Francia fue consecuencia, en lo fundamental, de las luchas en las calles de miles y miles de inconformes; jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, trabajadores e informales, desempleados, que dijeron no más a los gobiernos de hambre y represión con las luchas iniciadas en el año 2019 y que culminaron con el Paro Nacional de 2021.
El Grupo de Trabajadores Socialistas e Impulso Socialista proponemos las siguientes medidas inmediatas que el nuevo gobierno debería adoptar:
Contra el hambre
Que se radique con solicitud de urgencia el proyecto de la «Ley contra el hambre» y que este incluya la congelación de precios de todos los productos de la canasta básica de alimentos e inicio de distribución gratuita, directa, a los colombianos que viven hoy en pobreza.
–Aumento del salario mínimo acorde con el índice de inflación, como lo han solicitado las centrales sindicales.
–Contra el alto costo de servicios públicos; Tarifa cero de servicios públicos de agua, energía y gas para el estrato 0, 1; rebaja del 50% para estrato 2 y rebaja del 25% para estrato 3.
Por educación pública y gratuita
–Por centros de educación, escuelas, colegios y universidades de calidad.
–Ampliación del presupuesto para la educación superior que garantice la gratuidad, la accesibilidad universal, garantizando un aumento en la cantidad de cupos para estudiantes, la planta docente y la capacidad instalada de las universidades públicas de todo el país. ¡No más ley 30 ni mercantilización de la educación!
Para que la salud no sea un negocio
–La salud es un derecho fundamental y el Estado está en obligación de garantizarlo como derecho público y no un negocio.
–Radicar con medida de urgencia el proyecto de Ley de Reforma a la Salud, que permita prestar un servicio con cobertura total a los colombianos.
–Fortalecimiento inmediato de la red de hospitales públicos del país, que las EPS paguen la deuda a clínicas y hospitales.
–Eliminación de los copagos.
Si el Congreso no toma las medidas. el Presidente estará en la obligación de asumirlas de inmediato.
Contra el desempleo
–Cumplimiento del artículo 25 de la Constitución Política que dice: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.” Este trabajo, para que sea digno y justo, ha dicho la Corte Constitucional, debe cumplir los requisitos del artículo 53 de la CP, que son: contrato de trabajo estable, con un salario suficiente, las prestaciones sociales y seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales.
–Eliminación inmediata de los CAPS, Contrato Administrativo de Prestación de Servicios. Derogar de manera inmediata las normas sobre los nefastos contratos de prestación de servicios y todas las personas contratadas actualmente bajo esa modalidad, deben pasar a la nómina de la entidad correspondiente con sus derechos laborales y con la seguridad social asumida por los empleadores. Terminar con la tercerización laboral y la intermediación.
–En un plazo no mayor de tres meses toda empresa pública o privada debe ampliar su planta de personal en un 30%, incrementando su producción o redistribuyendo el trabajo entre todos los empleados –disminuyendo sus horas de trabajo– sin afectación de su remuneración salarial.
Dinero sí hay
Para iniciar este plan de emergencia el gobierno cuenta con suficientes recursos.
1. Reducción del 50% del presupuesto de las Fuerzas Militares y de la Policía; destinando ese presupuesto a educación y salud pública.
2. Suspensión del pago de la deuda externa pública, que va en US$100.582 millones y la privada que actualmente está en US$73.731 millones, ambas haciendo un total de US$174.000 millones de dólares. Cifra que se lleva el 49,2% del PIB del país.
Esa deuda externa ha sido la forma en que los chupasangres del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás instituciones financieras internacionales han saqueado al país, sumiendo en la miseria a millones y millones en el mundo.
3. En el próximo proyecto de Reforma Tributaria, a presentar, se deben eliminar las exenciones tributarias al sector financiero, a las petroleras, y a las empresas mineras, otorgadas por el gobierno de Duque en el 2019.
Estas serán las exigencias básicas al gobierno de Gustavo Petro, muchas de ellas prometidas en campaña electoral. Los luchadores populares, que apoyaron con su voto al Pacto Histórico están a la espera del cumplimiento de las promesas electorales. Nosotros, el Grupo de Trabajadores Socialistas GTS e Impulso Socialista, sabemos que dentro del capitalismo no podrán acabarse los males que aquejan a los desposeídos, a los “nadies”, por eso nuestro compromiso está con ellos. Por lo tanto, nuestra lucha y movilización será permanente hasta derrotar la explotación capitalista.
Grupo de Trabajadores Socialistas
Impulso Socialista
Bogotá, 7 de agosto de 2022
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Editorial
Luego de la derrota electoral
de Rodolfo Hernández y la ultraderecha
¡No dar tregua!

La elección de Gustavo Petro y Francia Márquez para la presidencia y vicepresidencia de la república ha sido una expresión de la resistencia del pueblo colombiano frente al régimen de explotación, violencia, opresión y discriminación con el que la burguesía y el imperialismo han dominado y saqueado tradicionalmente a nuestro país y a nuestro pueblo. Es una consecuencia directa de las luchas sociales que se han librado en los años recientes, en particular el estallido social del 28 de abril de 2021.
Detrás de la candidatura de Rodolfo Hernández se unificaron en un bloque los sectores políticos tradicionales y lo más retardatario de la burguesía. A pesar de sus promesas populistas de acabar con la corrupción, con la que muchos de ellos se han enriquecido, consideraban al empresario Hernández más confiable para preservar sus intereses contra las propuestas reformistas del Pacto Histórico. Utilizaron todo el poder de los medios a su disposición para luchar por mantener el monopolio del gobierno. Fueron derrotados en las urnas por un margen estrecho, pero suficiente para evitar el cuestionamiento de la legalidad de los resultados. Es una importante derrota política a la ultraderecha que cambia drásticamente la realidad política del país.
¿Acuerdo Nacional?
Ante el ascenso de la candidatura de Rodolfo Hernández, Petro ya había llamado a buscar un Acuerdo Nacional ganara quien ganara. Algunos sectores políticos burgueses acogieron su propuesta pues les atemoriza un nuevo estallido social y consideraron que Petro y Francia tienen la posibilidad de contener el malestar popular. Ahora como Presidente electo Petro ha insistido en su propuesta. En primer lugar porque el país quedó dividido políticamente por la mitad y los sectores que apoyaron a Hernández pueden ser la base social de la oposición de ultraderecha, encarnada en el Centro Democrático. Y en segundo lugar porque los partidos tradicionales controlan la mayoría de las curules en el Congreso de la República y otras instituciones como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Como se ha comprometido a respetar la institucionalidad burguesa, y ha renunciado a la posibilidad de convocar una Constituyente, Petro sabe que las reformas prometidas deben ser negociadas con los que hasta hoy han sido sus contradictores políticos, enemigos jurados de la población trabajadora, la juventud y los marginados.
En su discurso de la victoria, el 19 de junio, Petro se comprometió a respetar la propiedad privada y a desarrollar el capitalismo; se refería a garantizar los intereses de los grandes empresarios a cambio de que acepten un margen de distribución de la riqueza, por la vía de nuevos impuestos y algunas modificaciones al modelo de desarrollo económico. No podemos descartar que logre implementar algunas medidas de asistencialismo social que cubran a los sectores más empobrecidos; pero la profundidad de sus reformas está por verse, pues la actual situación de la economía capitalista reduce los márgenes de maniobra de los llamados gobiernos progresistas. La inflación de precios a nivel mundial está deteriorando aceleradamente los salarios y el crecimiento económico se basa en la precarización laboral, las privatizaciones, la destrucción de garantías sociales como la salud, la educación o los servicios públicos y la aceleración de la depredación de la naturaleza. Estallidos sociales como el que hoy conmueve a Ecuador están al orden del día.
¿Colaborar con la burguesía y el imperialismo para lograr los cambios?
La burguesía necesita que la lucha social se apacigüe como lo lograron desde el levantamiento del paro nacional y durante el período electoral, a fuerza de represión y algunas medidas coyunturales de asistencia social. Quieren aprovechar la comprensible euforia que sienten los electores de Petro para lograr una tregua, a cambio de la promesa de negociar en el Congreso algunas reformas como la tributaria o el Plan Nacional de Desarrollo, con las que supuestamente se garantizarían la paz, la justicia social y ambiental, tres ejes que resumen el programa de gobierno de Petro.
Los trabajadores, los jóvenes, los campesinos, los indígenas, los “Nadies” como los denomina la vicepresidenta electa Francia Márquez, no debemos esperar nada de la colaboración con la burguesía que promueven el Pacto Histórico y su gobierno. El respaldo “incondicional” del partido Liberal de César Gaviria, padre de la Constitución del ‘91 y del neoliberalismo en Colombia, al gobierno de Petro, o la jefatura del Congreso en manos de un personaje oportunista como Roy Barreras no es garantía de nada para nosotros. Barreras ha definido al gobierno de Petro como “liberal, socialdemócrata, progresista”, enfatizando que no es “un gobierno radical”. Ya está en negociaciones con el partido Conservador para seguir desangrando el erario a cambio de su apoyo parlamentario.
Basta ver los candidatos al Ministerio de Hacienda, entre los que se encuentran personajes como Rudolf Hommes, exministro de Hacienda de César Gaviria, o Alejandro Gaviria, exministro de Salud de Juan Manuel Santos, para entender que el gobierno de Petro estará conformado por personajes de absoluta confianza de la burguesía y será un gobierno de conciliación y colaboración con sus intereses. Así, los únicos que van a “vivir sabroso” son los mismos de siempre.
En la primera conversación de Petro con Joe Biden, presidente de EE.UU., se limitaron a reafirmar supuestos intereses mutuos en el desarrollo económico, el plan de paz y el cambio climático. Petro se ha vanagloriado de sus estrechas relaciones con el partido Demócrata yanqui, base electoral de Biden, mientras se conmemoran 200 años de sumisión de nuestro país al imperialismo. Para la muestra el Tratado de Libre Comercio, el Plan Colombia, la llamada Guerra a las Drogas, las bases militares yanquis en nuestro territorio y la integración a la OCDE, la OTAN, las Cortes internacionales, o el pesado lastre de la deuda externa protegida por la Regla Fiscal. Además, debemos estar atentos al papel que cumplirá Petro en el restablecimiento de las relaciones entre EE.UU. y Venezuela.
En el programa del Pacto Histórico no se menciona ninguna ruptura radical con esas relaciones, por eso sería una exageración caracterizar al gobierno de Petro como antiimperialista.
Retomar el camino de la lucha y la movilización
Por su parte, la dirigencia social agrupada en el Comité Nacional de Paro y las confederaciones sindicales, consideran al gobierno de Petro como “su gobierno”, y serán promotores de una “tregua” social. Debemos luchar contra la camisa de fuerza con la que la burocracia y los reformistas quieren contener la protesta. Es necesario levantar de manera decidida las banderas del paro nacional, fortalecer nuestra organización y prepararnos para las inevitables luchas que tendremos que librar si queremos soluciones definitivas a nuestras necesidades y reclamos.
En ese sentido nuestra consigna debe ser ¡No dar tregua!. El hambre que acosa a los hogares pobres no da espera. Requerimos un reajuste inmediato de salarios y un plan de choque que garantice trabajo genuino para todos. Congelación de precios y tarifas para atajar la inflación. No basta con elevar los impuestos a las cuatro mil mayores fortunas del país, es necesario expropiarlas y poner esa riqueza en manos de la sociedad. Es indispensable una verdadera reforma agraria que devuelva millones de hectáreas de las que fueron despojados millones de campesinos, indígenas y afrodescendientes. No habrá relaciones “más igualitarias” con el imperialismo si no rompemos todos los pactos que nos atan a sus planes de saqueo y guerra. Necesitamos negarnos a pagar la usurera deuda externa. Es inaplazable la verdadera democratización del régimen político, que pasa por el juicio y el castigo a los responsables de las masacres contra la población pobre y los líderes sociales, para que las organizaciones sociales sean las protagonistas de la participación y toma de decisiones sobre el destino de la sociedad.
Sólo un verdadero gobierno de los trabajadores y los pobres, que chocará inevitablemente con los intereses de los capitalistas nacionales y el imperialismo, puede lograr imponer este programa radical. Debemos fortalecer las organizaciones sociales y sacar a la burocracia de su dirección. Nuestro método de lucha debe ser la movilización social, la democracia de los trabajadores y la defensa democrática de las organizaciones sociales y sus líderes. Para ello es indispensable la construcción de una organización socialista revolucionaria nacional e internacional. Ese es el propósito del Grupo de Trabajadores Socialistas en unidad con Impulso Socialista, sección de la Liga Internacional Socialista. Los invitamos a acompañarnos en esa tarea.
Grupo de Trabajadores Socialistas – GTS
Impulso Socialista – LIS
Junio 24 de 2022
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Editorial
Detener a Rodolfo Hernández:
¡votamos y nos organizamos para salir
a las calles a luchar
por un verdadero cambio!
Llamamiento a las bases del Pacto Histórico:
¡Los cambios profundos se ganan en las calles,
no en las urnas!

Dirigimos este llamamiento no sólo a las bases honestas y luchadoras del Pacto Histórico, sino a los millones de electores que han encontrado también en Rodolfo Hernández la manera de expresar su rabia contra este régimen corrupto, genocida y hambreador. La sorpresiva votación por Hernández refleja el hastío con los partidos políticos tradicionales, y con su mensaje “anticorrupción”, “anti-político” y su imagen de “independiente”, canalizó una parte sustancial de la indignación popular contra el gobierno de Duque.
Tanto la votación por Petro, como el respaldo electoral a Hernández, expresan el profundo deseo de cambio que anima a los electores. La derrota electoral del uribismo es un efecto directo del paro nacional, y la elevada abstención también expresa el descrédito de las instituciones políticas colombianas.
Discrepando con el programa y la estrategia de colaboración de clases del Pacto Histórico; exigiendo a las organizaciones sindicales y populares que lo respaldan que llamen a retomar la lucha y movilización en las calles para exigir al gobierno -sea el que sea, ahora o después del 7 de agosto- solución inmediata a las necesidades de millones; señalando que los acuerdos con las élites tradicionales que tiene el Pacto son inaceptables y retrasan la lucha y avance de la conciencia de los trabajadores; estamos dispuestos a llamar a votar contra Hernández, marcando la casilla del Pacto Histórico.
¿Cambio de gerente o cambio económico, político y social?
En las elecciones lo único que hacen los capitalistas, a través de sus partidos, es cambiar la junta y el gerente que les va a administrar los negocios, apoderándose del aparato estatal. Esa es la razón por la que todos los candidatos, incluido Petro, se empeñaron en demostrar que son confiables para garantizar el funcionamiento de la economía capitalista colombiana. Según ellos, si los empresarios incrementan sus ganancias habrá bienestar para todos. Petro ha tratado de demostrar que es posible un “capitalismo humano” que garantice la armonía y la colaboración entre las clases sociales y el cuidado del ambiente. Pero la realidad todos los días demuestra lo contrario, como se puso en evidencia en el paro nacional; pues el hambre, el desempleo y la violencia acosan a diario, mientras los capitalistas incrementan de manera desmedida sus fortunas, como lo ha hecho el propio Rodolfo Hernández. Lo que los trabajadores y los pobres reclaman a gritos es un verdadero cambio económico, político y social, no sólo un retoque a la fachada del régimen político y asistencialismo social. Lo que se requiere en Colombia es una verdadera revolución social.
¿Fue derrotado el uribismo en las urnas?
Durante dos décadas, el uribismo, que representa los intereses económicos de los sectores más reaccionarios del empresariado -narcotraficantes, ganaderos, latifundistas- ha profundizado el régimen autoritario, corrupto y genocida con el que la burguesía ha dominado tradicionalmente a la sociedad colombiana. Federico Gutiérrez representaba la continuidad directa de ese régimen y su elevada votación es la prueba de que “la culebra sigue viva”, a pesar de su derrota electoral. Con su apresurado apoyo a Hernández buscan acomodarse frente a esta derrota. A ese respaldo del uribismo se ha sumado lo más retardatario de la burguesía colombiana. Como Rodolfo Hernández no es más que otro empresario, y su cuantiosa fortuna se la debe a la expoliación sin misericordia de la necesidad de vivienda de las familias más pobres, su triunfo sería una nueva frustración de las expectativas de las mayorías trabajadoras.
Petro y Francia: ¿cambio colaborando con la burguesía?
Los dos hechos verdaderamente nuevos que se presentan en la situación política nacional han sido el paro nacional, que cambió la correlación de fuerzas entre las masas y la burguesía, y el sorpresivo avance electoral de Rodolfo Hernández. El insuficiente triunfo electoral en la primera vuelta del Pacto Histórico es producto directo de la errada política de su dirección ante la lucha social.
Durante el paro nacional Petro se opuso a los bloqueos de carreteras y avenidas que pusieron en jaque los negocios de los grandes capitalistas y golpearon al gobierno de Duque. Su único interés y el de la burocracia sindical del Comité Nacional de Paro, controlada por las Coaliciones del Pacto Histórico y el Centro Esperanza, era volver a la tranquilidad para llegar a las elecciones. Este año se opusieron a las protestas del 28 de abril y el Primero de Mayo. Además el Pacto Histórico absorbió a Francia Márquez, que trataba de postularse como candidata independiente, quien por su trayectoria política reflejaba la radicalidad de la protesta social.
Junto con su oposición a la movilización independiente de la juventud y la clase trabajadora, la estrategia electoral de Petro ha sido ganar la confianza de sectores de la burguesía, incorporando a su Coalición a representantes de lo peor de la politiquería tradicional. Con esa política conciliadora contribuyó a represar el malestar expresado distorsionadamente en las urnas. Esto generó un estancamiento del Pacto Histórico y el meteórico ascenso de Rodolfo Hernández, quien a pesar de sus concepciones retardatarias, machistas, homofóbicas, autoritarias y de desprecio clasista por “los hombrecitos” y “las mujercitas”, como llama despectivamente al pueblo trabajador, ahora tiene grandes posibilidades de ganar la presidencia.
Dos gobiernos diferentes ante la misma crisis
Sea quien sea elegido el 19 de junio y encabece el gobierno, Petro o Hernández, estarán ante la misma crisis, expectativas y reclamos de millones. Las soluciones que ambos plantean salvaguardan los intereses esenciales de la burguesía y el imperialismo. Por eso, ni el uno y el otro será “nuestro gobierno”. Es decir, los trabajadores no debemos confiar en ninguno. Ante uno u otro tendremos que organizarnos, plantear nuestras exigencias, reivindicaciones y luchar por ellas.
Sin embargo, hay una diferencia sustancial. Tras un gobierno de Hernández se alinearán de manera abierta, como ya lo han hecho para segunda vuelta, las fracciones más reaccionarias de burgueses y terratenientes a través de los partidos derrotados el 29 de mayo, en cambio tras el gobierno de Petro se alinean fracciones burguesas débiles y minoritarias. Mientras la fuerza política de Hernández proviene de la expresión amorfa y dispersa de millones que desean un cambio y renovación, la fuerza de Petro surge, en mucho, de la fuerza de organizaciones sociales, sindicales, populares, que a través de sus direcciones respaldan al Pacto Histórico. Como revolucionarios, estamos obligados a luchar dentro de esas organizaciones para conquistar una nueva dirección política y sindical que rompa con la política de colaboración y conciliación de clases, exigiendo a un posible gobierno de Petro medidas muchísimo más radicales que las que plantea su programa. El gobierno de colaboración de clases que propone Petro, estando nosotros en contra de este, expresa en forma más clara el desarrollo de la lucha de clases en el país y la posibilidad de, construyendo una dirección revolucionaria, plantearse la construcción de un gobierno de obreros y campesinos, sin burgueses, que aplique un programa socialista para enfrentar la crisis capitalista a la cual ni el gobierno de Petro ni el de Hernández lograrán dar solución.
Gobierne quien gobierne, ¡el verdadero cambio se conquistará
en las calles, en la lucha y la movilización, no en las urnas!
Las bases honestas y luchadoras del Pacto Histórico deben emplazar a su dirección exigiéndole que llame a salir a las calles para enfrentar al gobierno de Duque, por reajuste inmediato de los salarios que están siendo devorados por la inflación, control de precios y tarifas, cese del pago de la deuda externa para atender el crecimiento de la pobreza y otros problemas sociales urgentes, ruptura de todos los pactos económicos y militares con el imperialismo, entre otras reivindicaciones. O sea, una plataforma de lucha para la movilización social.
No hay que esperar pasivamente a ser derrotados en la segunda vuelta. El lugar de la lucha no son las urnas en las que Petro y Francia esperan derrotar a Hernández, pero en cambio taponan la movilización social. Si el Pacto Histórico no se pone a la cabeza de la lucha estará cavando su propia tumba política y desmoralizando a sus militantes y electores. Es indispensable romper políticamente con la burguesía y el imperialismo, radicalizando el programa, y preparar la movilización de protesta contra un posible fraude electoral.
Impulso Socialista y el Grupo de Trabajadores Socialistas en ninguna circunstancia llamaremos a respaldar en segunda vuelta a un empresario burgués como Rodolfo Hernández, pero consideramos indispensable la independencia política de la clase obrera frente al programa y los pactos de colaboración de clases que levanta el Pacto Histórico.
Nuestro voto es contra Hernández que es, hoy por hoy, un enemigo inmediato y directo a derrotar. La estrategia política del Pacto Histórico dificultará mucho esa derrota. Por eso también, nuestro llamado a votar contra Hernández significa un llamado a luchar contra la política quehoy impulsa el Pacto Histórico; política a la cual se han plegado las direcciones de las organizaciones de los trabajadores. Marcaremos el voto por Petro y Francia con la rabia de los que luchamos en las calles.
Para derrotar esa política de colaboración de clases, de acuerdos con la burguesía, es imprescindible además de la lucha y la movilización, avanzar rápidamente en la construcción de una organización política revolucionaria, que oriente esas luchas hacia el único cambio que garantizará comenzar a satisfacer las necesidades de millones de trabajadores, explotados y oprimidos: la toma del poder y el inicio de la construcción de una sociedad socialista. ¡A esa tarea llamamos a dedicar los mayores esfuerzos!
¡Por incremento inmediato y general de salarios! ¡Por congelamiento de precios y tarifas!
¡Contra el hambre, el desempleo y la corrupción: no al pago de la deuda externa!
¡No a las reformas laboral y pensional del FMI y la OCDE!
¡Libertad para los detenidos por el Paro Nacional,
justicia y castigo por los asesinatos y violaciones!
¡A las calles a luchar, impulsemos un nuevo Paro Nacional!
¡Por un gobierno de los trabajadores y los pobres!
¡Por un programa revolucionario contra el capitalismo y su barbarie!
Gobierne quien gobierne, ¡el verdadero cambio se conquistará en las calles, en la lucha y la movilización, no en las urnas!
Grupo de Trabajadores Socialistas – Impulso Socialista
Bogotá, 6 de junio de 2022
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Editorial
Una decisión difícil
¿Cómo votar en la primera vuelta?

El próximo 29 de mayo se realizará la primera vuelta de las elecciones para presidente de Colombia.
A diferencia de las parlamentarias del 13 de marzo, la elección presidencial genera mayor interés por ser la Presidencia una institución burguesa que no aparece tan desprestigiada como el Congreso; nido de politiqueros corruptos, con nexos paramilitares, que legislan en contra del pueblo a favor de sus intereses económicos y de los partidos que representan.
El desprestigio del Congreso llevó a que el 13 de marzo la abstención, el voto en blanco y el voto nulo fueran los grandes triunfadores. Ni siquiera la votación por las consultas inter-partidarias logró revertir la baja participación.
Los trabajadores y sectores populares debemos expresarnos de nuevo en las urnas rechazando los actuales candidatos y sus programas porque no representan nuestros intereses. Verdaderas soluciones al desempleo, al hambre, a los bajos salarios, por una salud digna o educación gratuita y universal no está contemplada en sus programas o son solo frases vacías.
El poder presidencial
La expectativa en la elección presidencial es un reflejo de cómo se ejerce el poder político en Colombia, pues el Presidente puede llegar a gobernar a punta de decretos. Es la cabeza de un régimen autoritario con una engañosa fachada democrática, y una división de poderes que permite a los corruptos y asesinos actuar con total impunidad. Así ha ocurrido con Iván Duque, quien se tomó todos los organismos que lo deberían controlar (Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo; entre otros) y tenía a su servicio las mayorías parlamentarias. Es el régimen uribista impuesto hace veinte años y del que han hecho parte todos los partidos de los grupos económicos que hoy respaldan a diversos candidatos en su disputa por la presidencia; como Juan Manuel Santos, flamante Nobel de Paz, quien fue el Ministro de Defensa de Uribe, responsable político de los “falsos positivos”, y quien luego lo sucedió en la Presidencia.
Estallido social y trampa electoral
Estas elecciones se dan en medio de una nueva situación política; la que se abrió con las masivas y vigorosas movilizaciones de 2019 y se profundizó con el combativo paro nacional de 2021. El estallido social puso en vilo la estabilidad del gobierno de Duque quien ordenó reprimir violentamente la inconformidad popular. Los trabajadores debemos ser conscientes de eso para preparar las nuevas batallas que deberemos librar para defender nuestros derechos, reconquistar otros y, sobre todo, imponer una solución definitiva a los grandes males sociales que nos afectan.
Luego de levantado el paro, el gobierno, todos los partidos burgueses y la absoluta mayoría de la dirigencia de las centrales sindicales y organizaciones sociales temen que se fortalezca de nuevo la movilización y la protesta, canalizando el descontento hacia las urnas. Pero los resultados electorales expresaron, de manera distorsionada, la nueva correlación de fuerzas, con el significativo respaldo que obtuvo el Pacto Histórico y el crecimiento de su bancada parlamentaria.
Ganancias a sangre y fuego
La riqueza que acumulan los empresarios nacionales y las multinacionales la producimos los trabajadores. En Colombia una ínfima minoría de capitalistas y terratenientes se apropia esa riqueza, sostiene un régimen criminal y ha controlado los gobiernos durante décadas, incentivando la más descarada corrupción y utilizando bandas de paramilitares para mantener aterrorizada a la población. El país está al servicio de las transnacionales norteamericanas, europeas y chinas. El saqueo destructivo de las riquezas naturales y los bajos salarios son el principal atractivo para la inversión capitalista nacional y extranjera. Para garantizar sus ganancias Colombia acata las orientaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), y hace parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -organismos que dictan los planes económicos. Las fuerzas armadas son un apéndice de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza militar imperialista, mientras nuestro territorio está sembrado de bases militares de EE.UU.
Constitución y Acuerdo de Paz
Gustavo Petro plantea que su objetivo es defender la Constitución de 1991, pactada entre liberales, conservadores y la AD-M-19, que era su partido en esa época. Ahora le agrega el Acuerdo de Paz, firmado entre Santos y las FARC; y, para sumar adhesiones, plantea la necesidad de un “Frente Amplio” hasta con sectores de la burguesía condenados por corrupción, como Samuel e Iván Moreno, para los que pide “perdón social”. Los trabajadores debemos saber que con la Constitución del ‘91 se abrió el camino para desmontar los derechos laborales y sociales que conquistamos con duras luchas a lo largo del siglo XX. Se privatizaron además la salud y las pensiones, se mercantilizó la educación y se permitió el despojo de la tierra de millones de campesinos a sangre y fuego, mientras crecía el poder de la burguesía narcotraficante y los paramilitares y se asesinaba a miles de líderes sociales. El Acuerdo de Paz con las FARC ha tenido como objetivo principal la seguridad territorial para las inversiones capitalistas en la gran minería, los hidrocarburos, las hidroeléctricas y la agroindustria extensiva, mientras las mínimas garantías para los reinsertados se han burlado o estos han sido perseguidos, amenazados y asesinados. Al mismo tiempo garantiza la impunidad de los responsables del despojo de tierras de millones de campesinos, su desplazamiento forzado y las más brutales masacres y violencia contra la población pobre.
Rechazar a los candidatos de la burguesía
En la primera vuelta para la elección presidencial es claro que algunos candidatos representan abiertamente los intereses de las transnacionales, los banqueros, los grandes empresarios y los terratenientes. Además, defienden el genocida régimen uribista. Federico Gutiérrez representa la continuidad directa de ese régimen, apoyado por el Centro Democrático, el partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U y el propio partido Liberal. Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, ha estado al servicio de la misma burguesía regional y cogobernado con parapolíticos y narcotraficantes. Rodolfo Hernández, que se presenta como “antipolítico”, reconoce que su fortuna la acumuló vendiendo vivienda a familias pobres, o sea lucrándose de sus necesidades. Ingrid Betancur no oculta su disposición a negociar su apoyo con el candidato que represente a la derecha. Los trabajadores debemos rechazarlos a todos sin dudarlo.
No votar por el “mal menor”
Los trabajadores somos la única clase que puede cambiar la sociedad. Miente quien afirme que es necesario colaborar con los capitalistas para tener una economía productiva, una distribución democrática de la riqueza y paz social. Tratan de engañarnos para que demos una tregua en la lucha que iniciamos con el Paro Nacional. Muchos trabajadores, jóvenes luchadores, miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, feministas, intelectualidad progresista o sectores sociales oprimidos ven como alternativa electoral a Gustavo Petro y Francia Márquez. Es lamentable que el Pacto Histórico los traicione incorporando a sus filas a politiqueros y corruptos comprometidos con quienes se han beneficiado del hambre y la miseria de millones de colombianos.
Otros piensan que es el “mal menor” frente a un posible triunfo del uribismo. Respetamos su opinión, pero la consideramos errada. Respaldar al «mal menor» desvía y confunde a la clase obrera, a la juventud y a los sectores populares en la lucha contra «el mal mayor» (la estructura económica, social y política capitalista); mal al que el programa del Pacto Histórico no enfrenta; pues defiende abiertamente un ilusorio «capitalismo humano». El voto por el “mal menor” será un “voto castigo” contra el uribismo, pero no derrotará su régimen criminal.
¡Por un programa revolucionario que garantice el bienestar de las mayorías!
El programa que levanta el Pacto Histórico tampoco modifica radicalmente las causas reales de la desigualdad social y la violencia, ni rompe las cadenas que atan a Colombia a los dictados de las potencias imperialistas. Es importante analizarlo en detalle para verificar que se trata solo de un listado de reformas, la mayoría de ellas imposibles de aplicar sin enfrentar con la movilización social a los dueños del poder económico y político. Y esa movilización hoy es frenada por los propios dirigentes del Pacto, como lo pudimos constatar en el Paro Nacional, cuando Petro se opuso a los bloqueos y llamó a “cuidar a Duque de Uribe”, dándole un respiro a su gobierno, que asesinaba y apresaba a los manifestantes. El 28 de abril pasado se reiteró esa actitud cuando desautorizaron los llamados juveniles a la protesta, mientras la dirigencia sindical y social organizaba una lánguida conmemoración del Primero de Mayo. Ahora estamos pagando con sangre esa política de desmovilización con el incremento de las amenazas, los asesinatos y el desplazamiento de comunidades. Incluso los narco-paramilitares han hecho una provocadora demostración de fuerza con el paro armado (bajo la mirada complaciente de Ejército y Policía) a raíz de la extradición de “Otoniel”, jefe del Clan del Golfo; extradición al servicio del encubrimiento de altos militares y políticos que podrían ser delatados por él.
Ante este panorama electoral, en la primera vuelta, Impulso Socialista y el Grupo de Trabajadores Socialistas, llamamos a los trabajadores a expresar nuestra independencia política votando en blanco, al tiempo que levantamos un programa revolucionario que resuelva los problemas estructurales de la sociedad, y persistimos en el llamado a reactivar la lucha unificada contra el gobierno de Duque y los planes del imperialismo. A las bases honestas y luchadoras del Pacto Histórico las invitamos a rechazar la política de conciliación de clases de su dirección y a exigir la radicalización de su programa rompiendo con los intereses de los monopolios y los grandes empresarios.
Por un gobierno de los trabajadores y los pobres
En la primera vuelta: ¡VOTAR EN BLANCO!
¡Por un programa revolucionario contra el capitalismo y su barbarie!
¡A las calles a luchar, impulsemos un nuevo Paro Nacional!
¡Libertad para los detenidos por el Paro Nacional,
justicia y castigo por los asesinatos y violaciones!
¡Contra el hambre, el desempleo y la corrupción: no al pago de la deuda externa!
¡No a las reformas laboral y pensional del FMI y la OCDE!
Grupo de Trabajadores Socialistas – Impulso Socialista
Bogotá, 12 de mayo de 2022
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Editorial
Primero de Mayo 2022

¡Contra la invasión rusa a Ucrania!
¡Contra la política guerrerista
del imperialismo mundial!
¡Contra el gobierno de Duque y la adhesión
de Colombia a la OTAN!
La barbarie a la que empuja el capitalismo a la humanidad se expresa dramáticamente en la disputa por el reparto del planeta, a manos de las facciones imperialistas y los grandes capitales, como consecuencia de la crisis económica que hoy descargan en la población pobre del mundo. Por ello debemos unirnos todos los trabajadores del mundo, para solidarizarnos con los trabajadores y el pueblo ucraniano contra la guerra de ocupación iniciada por Putin, con la que intenta imponer un nuevo reparto del mercado mundial, ante EE.UU. y los países de la OTAN, llegando a amenazar con desencadenar un enfrentamiento nuclear.
Nuestra principal tarea internacionalista hoy es la defensa de la autodeterminación nacional de los pueblos y el rechazo a la injerencia de las potencias imperialistas, que buscan someter a los pueblos y apropiarse de los recursos naturales a conveniencia de los grandes capitales. Ninguna potencia, como Rusia o EEUU, puede interferir el destino y las decisiones de cada nación y con ello reprimir la lucha de los trabajadores contra el capitalismo.
Invitamos a todos los trabajadores y las organizaciones sociales y políticas colombianas a respaldar con su firma la declaración que impulsa la Liga Internacional Socialista (https://lis-isl.org/2022/04/14/firma-declaracion-sobre-ucrania/). En ella se reivindica la movilización y la solidaridad con los trabajadores ucranianos, apoyo a su resistencia militar contra la ocupación rusa, y se afirma que no es una guerra entre la “democracia” y el “autoritarismo” o una guerra entre el “progresismo” y el “nazismo”; por tanto, rechazamos el nacionalismo con el que se arropa cada bando imperialista. Exigimos el fin de la ocupación, que a los millones de ucranianos se les conceda la ciudadanía del país que llegue y a todos los refugiados del mundo, para que no sufran el racismo, ni se les sobreexplote con salarios de hambre. Exigimos la cancelación de la deuda externa para la reconstrucción de Ucrania bajo el control de los trabajadores.
No le creemos al imperialismo norteamericano ninguna de sus declaraciones hipócritas a favor del pueblo ucraniano, menos las del propio gobierno de Iván Duque. Es el propio imperialismo el que azuza la violencia del ejército contra las poblaciones y comunidades, el principal patrocinador de las masacres y falsos positivos en Colombia. Exigimos la ruptura de todo pacto o subordinación militar de Colombia a la OTAN, el Pentágono o la embajada norteamericana. El silencio de todos los candidatos a la presidencia frente a la guerra y la subordinación de Colombia a los acuerdos militares y comerciales con el imperialismo, son un síntoma de lo que nos espera cuando se conforme el próximo gobierno.
Este Primero de Mayo, en Colombia, nuestro llamado es a ganar las calles y recuperar la movilización para derrotar al régimen uribista. En las elecciones del congreso quedó demostrado que el régimen corrupto quedó intacto: una fracción minoritaria del Pacto Histórico no tiene las condiciones para revertir la agenda de ataques a la contratación laboral, a los salarios y las pensiones. La valiosa presencia de Francia Márquez, quien reivindica a los más segregados y ninguneados, está subordinada a los acuerdos con cuanto burgués se arrima al Pacto Histórico, cuyo objetivo es domesticar los próximos estallidos sociales y la justa rabia de millones de colombianos. Los jóvenes no olvidan sus muertos y desaparecidos, por eso exigimos la liberación de todos los presos y la indemnización a las víctimas de la represión que encabezaron Iván Duque y su Ministro de Defensa. La actuación de los paramilitares sigue impune y los empresarios arrecian sus planes para sobreexplotar a los trabajadores y hundir más en la miseria a mayor población.
Consideramos el levantamiento del Paro Nacional por las Centrales Obreras y el Comité Nacional de Paro la mayor traición de la burocracia sindical y de las fuerzas políticas que lo dirigen, que terminaron instrumentalizando la lucha para promover una política electoral de colaboración de clases, encarnada en el programa del Pacto Histórico. Renunciar a la movilización es la peor política para derrotar el terror que infringe el gobierno. Una táctica de participación electoral, sin principios e independencia en programa y propósitos frente a los partidos de la burguesía, solo promueve la confusión política para terminar dando aire a un régimen podrido, pero que se soporta en la ausencia de una alternativa revolucionaria y socialista.
Solo la movilización y la unidad, con los más claros principios de clase, puede dar un carácter combativo a este Primero de Mayo, que repudie las agresiones imperialistas a los pueblos. Solo la lucha más decidida por recuperar la calle y las reivindicaciones de abril de 2021, puede demostrar la fuerza para derrotar el régimen uribista y de los capitalistas en Colombia y el mundo. Exigimos cárcel para Uribe y todos los gobiernos patrocinadores de la violencia, del despojo y la miseria. Ni perdón, ni olvido. No nos callaremos ante los crímenes de Estado.
Solo un gobierno de los trabajadores podrá entregar la tierra a los campesinos y dar garantías democráticas para organizar la sociedad al servicio del trabajo cooperativo y sin explotadores. Solo un gobierno de los oprimidos y despojados, puede reparar a las mujeres trabajadoras, las mujeres indígenas y negras. Solo un gobierno al servicio de los que producen para las necesidades de la sociedad y no de las ganancias capitalistas, puede alejar la amenaza permanente de las guerras, planificar la recuperación del planeta y detener la vertiginosa espiral de destrucción que arrasa selvas y océanos.
Primero de Mayo:
¡levantar las banderas del socialismo
y por la revolución mundial!
¡Fuera Rusia de Ucrania!
¡Fuera la OTAN del Este de Europa!
¡Contra la política guerrerista
del imperialismo mundial!
¡Contra el gobierno de Duque
y la adhesión de Colombia a la OTAN!
¡Luchar contra la crisis capitalista
y derrotar el abismo de hambre,
pandemias, guerras y destrucción
del planeta que impone a la humanidad!
Contra la carestía:
¡salario igual al costo de vida!
Congelación de precios y tarifas!
¡Basta de asesinatos de líderes populares!
¡Abajo el gobierno de Duque!
Grupo de Trabajadores Socialistas – GTS
Impulso Socialista
Bogotá, 29 de abril de 2022
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Editorial
¡Derrotar el fraude
con la movilización!
¡Fuera el Registrador!
¡Elecciones bajo control
de las organizaciones sociales!

Pasadas las elecciones parlamentarias y las consultas interpartidarias se pusieron en evidencia masivas irregularidades en el proceso electoral. Los dirigentes del Pacto Histórico llegaron a hablar de fraude, y exigieron el reconteo de votos. En la primera verificación aparecieron más de medio millón de votos adicionales a su favor y obtuvieron tres nuevas curules.
Pero el escándalo no terminó allí. Los perjudicados con la pérdida de cargos parlamentarios, el Centro Democrático y el partido Conservador, en cabeza de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, también hablaron de fraude, poniendo en cuestión la legitimidad de las elecciones y auspiciando una crisis política. Sus declaraciones se las interpreta incluso como instigación a la preparación de un golpe de Estado si su candidato es derrotado en las urnas.
Ante esta insólita situación el Registrador, responsable político de la logística electoral, propuso un reconteo general, algo que el propio ordenamiento jurídico actual no contempla. Su propuesta fue una patada en el tablero y acentuó la incertidumbre sobre las intenciones del gobierno y los partidos de ultraderecha frente a las elecciones presidenciales.
Corrupción, fraude y violencia
La legislación electoral colombiana es profundamente antidemocrática y coexiste con la corrupción abierta de la compra de votos y el clientelismo. Los grandes empresarios no dudan en utilizar todo su poder para conservar el control del Estado y el gobierno en beneficio de sus intereses económicos. Por esa razón no se puede descartar un fraude masivo en las elecciones de mayo.
El régimen político colombiano es fuertemente centralizado en la Presidencia, con unas fuerzas armadas sobredimensionadas y un siniestro aparato de seguridad. Además, cuenta con la actuación impune de bandas paramilitares que persiguen y asesinan a la oposición y a los líderes sociales. En el pasado se llegó incluso a asesinar a candidatos presidenciales, como Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal. Y el liberal Luis Carlos Galán cayó a manos de la burguesía narcotraficante, instigada por Alberto Santofimio, politiquero de profesión del partido Liberal.
Ese régimen corrupto y asesino no será modificado por la vía electoral. Tal como lo demostró el paro nacional, al gobierno de Duque y al uribismo sólo lo podemos derrotar con la movilización callejera y el fortalecimiento de las organizaciones sociales de los trabajadores y los sectores populares.
¡A las calles a luchar, contra el fraude y el gobierno de Duque!
Contra el fraude anunciado, no basta con el cambio del Registrador, o el nombramiento de uno “ad-hoc” que supuestamente garantice la transparencia de los escrutinios. El pueblo chileno nos mostró que una lucha sostenida contra un gobierno autoritario puede llegar a imponer una reforma institucional profunda, en su caso con la Constituyente para enterrar los restos del régimen heredado de la dictadura pinochetista. Corresponde al Pacto Histórico y a las organizaciones sociales que influencian sus partidos, llamar a las calles a retomar la senda que marcó el paro nacional.
De nuestra parte, en las pasadas elecciones llamamos a anular el voto, como protesta contra estas instituciones corruptas y autoritarias. No obstante, seremos los primeros en movilizarnos contra el fraude electoral y toda medida antidemocrática que impida el libre ejercicio de opinión política. Los trabajadores debemos ser vanguardia en la defensa de las libertades democráticas.
Exijamos que sean las organizaciones sociales, de trabajadores, campesinos pobres, indígenas, afros, populares, las que garanticen la transparencia de las próximas elecciones. ¡Ninguna confianza en el régimen y el gobierno de Duque-Uribe!
Bogotá, marzo 29 de 2022
Grupo de Trabajadores Socialistas
Impulso Socialista
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Editorial
¡Proteste!
¡El 13 de marzo: Anule su voto!

El año pasado el pueblo colombiano libró una lucha histórica contra el régimen de explotación, opresión, violencia y discriminación al que nos han sometido los capitalistas y sus gobiernos durante décadas. Si no logramos echar abajo a Iván Duque fue porque la dirigencia de las centrales obreras, las organizaciones sociales y los partidos que las controlan declararon una tregua y convirtieron el Pliego de Emergencia en proyectos de ley que el Congreso, controlado por los partidos de la gran burguesía, hundieron sin ningún remordimiento. Esto hizo que el gobierno no cayera por la fuerza de la movilización, canalizando la necesidad de cambio hacia las elecciones.
Ahora nos plantean que utilizando esta podrida democracia basta con ganar mayorías parlamentarias y una presidencia “progresista” para superar la insoportable desigualdad social que nos agobia. Mienten y pretenden que caigamos en su engaño. Para lo único que puede servir la participación electoral es para tratar de presentar ante millones de personas de a pie el programa revolucionario por el que debemos luchar para resolver de una vez por todas los problemas estructurales de la sociedad y construir un orden social sin explotados ni explotadores. Ninguno de los partidos o coaliciones que actualmente aspiran a legislar y gobernar proponen ese programa. Por eso no debemos brindarles nuestro apoyo.
¿Cuáles son las opciones que nos ofrecen los opresores?
El 28 de abril del 2021 el pueblo salió a la calle exigiendo cambios profundos, lo que debilitó políticamente al uribismo. Por eso el candidato y las listas del Centro Democrático, que reivindican los gobiernos genocidas de Álvaro Uribe e Iván Duque, merecen el repudio general. La crisis actual del uribismo, fruto de la lucha del pueblo, le ha impedido al régimen poner candidatos sólidos, por esto debemos estar alerta frente al fenómeno de Rodolfo Hernández, un empresario, con tintes de populista de derecha, que se hizo alcalde de Bucaramanga amasando una fortuna, con una falsa política anticorrupción y, que por fuera de la maquinaria política tradicional busca mantener lo más reaccionario del régimen genocida actual. En el marco de la contienda electoral, se hace cada vez más visible la simpatía que recibe del propio Álvaro Uribe y queda en evidencia que su programa no es de cambio sino de más autoritarismo.
También debemos rechazar al llamado “Equipo por Colombia”, en el que, bajo el disfraz de la “experiencia”, se amangualan politiqueros de oficio y parapolíticos que han desangrado por décadas las arcas estatales en beneficio propio y de los grandes contratistas. Tampoco merece ninguna confianza la coalición Centro Esperanza, desgarrada por el choque de intereses entre la maquinaria tradicional y los supuestos renovadores anticorrupción. Todos ellos han gobernado y hay que desenmascarar su demagogia, como en el caso de la alcaldesa Claudia López o el ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo, quienes han demostrado que están muy lejos de ser una alternativa real al régimen uribista. A todos ellos y a los sectores capitalistas e imperialistas que representan debemos rechazarlos en las urnas y enfrentarlos en las calles, como hicimos en el paro nacional.
¿El Pacto Histórico es suficiente para vencer al uribismo?
Una evaluación especial merece el Pacto Histórico: muchos jóvenes, comunidades étnicas, sectores sociales empobrecidos y clase trabajadora, hastiada con la corrupción y la violencia, ven en Gustavo Petro y sus propuestas una salida. Son comprensibles estas ilusiones, pero no las compartimos. Basta recordar que el propio Petro, en medio del paro nacional, llamó a levantar los bloqueos y a garantizar la finalización del mandato de Duque. De hecho, le sirvió de salvavidas al régimen, en lugar de ponerse a la cabeza de la movilización y llamar a derrocarlo.

Si hay alguna duda sobre cuál es el papel del Pacto Histórico, basta mirar las alianzas políticas que ha buscado, con personajes como Roy Barreras o Armando Benedetti. Destacados dirigentes del Pacto Histórico llaman incluso a la unidad con el partido Liberal, uno de los máximos responsables políticos de las precarias condiciones sociales que padece el pueblo colombiano. Ha buscado además el acercamiento y apoyo del gobierno imperialista de Biden y los partidos y gobiernos socialdemócratas del imperialismo europeo. Estas alianzas prefiguran el tipo de gobierno que haría Petro: un gobierno de colaboración con grandes empresarios nacionales y extranjeros, al servicio de sus intereses. Es decir, nos proponen cambiar de gobierno, de administrador, sin cambiar en lo absoluto las causas estructurales de la crisis actual.
La candidatura de Francia Márquez en el Pacto Histórico genera bastante simpatía en una vanguardia que ve en ella y sus propuestas la representación de las mujeres, las comunidades indígenas, campesinas y afro que han vivido en carne propia la guerra, el terrorismo estatal, el extractivismo y el papel de los terratenientes y capitalistas agrarios. Varios sectores de la izquierda se unieron a su campaña electoral en la disputa al interior de la coalición, pero esa política sólo contribuye a legitimar las alianzas con los oportunistas y sectores del imperialismo que hemos mencionado. En ese sentido, llamamos a Francia Márquez a ser coherente con los sectores que dice representar, rompiendo con el Pacto Histórico y ayudando a construir un movimiento con independencia política y de clase que enfrente integralmente al régimen uribista y las políticas de ajuste con un verdadero programa revolucionario.
Ya en otros países de América Latina los pueblos han hecho la experiencia con los llamados gobiernos progresistas, que contaron en su momento con una coyuntura económica favorable que les permitió hacer asistencialismo social. Ahora se enfrentan a la cruda realidad de la crisis capitalista mundial, la pandemia, la degradación ambiental y las tensiones bélicas con las que los imperialistas ponen en riesgo la supervivencia de la humanidad. En el momento actual, los proyectos progresistas tienen poco margen de maniobra, tienden a derechizarse más rápido que tarde y terminan reproduciendo a fondo las políticas neoliberales a favor de sus grandes aliados burgueses e imperialistas.
Construir una salida revolucionaria para vencer al uribismo
El programa por el que debemos luchar los trabajadores y los pueblos es sencillo pero radical: eliminar la propiedad privada de los medios de producción y poner la riqueza que producimos los trabajadores en manos de toda la sociedad; y eliminar las fronteras nacionales para poder planificar la economía a nivel mundial, en armonía con la naturaleza y en beneficio de todos. Solo eso frenaría la catástrofe que nos amenaza y alejaría definitivamente las crisis económicas y sociales y el riesgo de la guerra.
El capitalismo “humano” que proponen Petro y el Pacto Histórico es un callejón sin salida que tendremos que demoler, tarde o temprano, con la movilización social. A las bases honestas del Pacto Histórico, en particular a los trabajadores y la juventud de los partidos de izquierda que lo conforman, les llamamos a romper con el mal menor, a enfrentar todas las variantes de derecha y a sumarse a la lucha por un programa revolucionario en las calles, donde seamos quienes salimos al paro nacional junto a todo el pueblo explotado, quienes podamos proponer los cambios profundos que se necesitan para los cuales es necesario conquistar un gobierno de los trabajadores y los sectores populares, explotados y oprimidos.
Por todas estas razones, Impulso Socialista (Liga Internacional Socialista) y el Grupo de Trabajadores Socialistas los invitamos a sumarse a la campaña por expresar nuestro rechazo a todos los candidatos y sus programas, anulando el voto en las elecciones del 13 de marzo, para rechazar también la participación en consultas de coaliciones que defienden, todas ellas, el conjunto del régimen de explotación capitalista. Esta la mejor manera de repudiar activamente la legitimación de un Congreso de politiqueros corruptos al servicio de los grandes empresarios, corporaciones, terratenientes y banqueros.
Tenemos total confianza en que la energía de lucha desatada en el paro nacional tiene la capacidad de lograr transformaciones profundas y derrotar al uribismo. Seguramente algunos sectores de las masas expresarán la falta de opciones electorales para el pueblo trabajador votando en blanco o absteniéndose. Las consideramos opciones válidas, pero llamamos a una expresión más categórica: ¡a protestar anulando el voto! A la vez, llamamos a todos y todas quienes vean necesario construir una salida radical a canalizar su descontento en organización.
¡A las calles a luchar, en las urnas protestar!
¡Nuestra hambre, nuestros muertos, nuestra rabia no caben en sus urnas!
¡Gobierne quien gobierne, volveremos a las calles!
¡En las urnas y en las calles debemos continuar la lucha del paro nacional!
¡Al uribismo se lo derrota en la lucha, no en las urnas!
Impulso Socialista – Liga Internacional Socialista
Grupo de Trabajadores Socialistas
Bogotá, 11 de febrero de 202
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Editorial –
¡Rechazamos la guerra desatada contra líderes
y organizaciones sociales y populares!
¡Cese a la política de terror del gobierno,
de las organizaciones armadas que se reclaman insurgentes
y grupos del narcotráfico!

Los graves hechos de asesinatos, amenazas, persecución y violencia ocurridos durante las últimas semanas en Colombia obligan a las organizaciones obreras, sindicales y populares a pronunciarse con un categórico rechazo a los mismos, sean quienes sean los autores de los distintos casos.
Entre esos hechos, largo de enumerar, resaltamos: la ola de casi 30 asesinatos selectivos en Arauca, a inicios del año, atribuidos a enfrentamientos entre organizaciones armadas (ELN, disidencias de las FARC, grupos de narcotraficantes); el asesinato en el Cauca de Albeiro Camayo, fundador y dirigente de la Guardia Indígena atribuido por distintas fuentes a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC; el asesinato del niño ambientalista Bréiner David Cucuñame y de hasta nueve líderes indígenas en enero del 2022, según INDEPAZ.
Los anteriores hechos se dan en el marco de una situación de gravedad aún mayor: la absoluta desprotección en que ha colocado el gobierno de Duque a los desmovilizados firmantes del Acuerdo de Paz, lo cual ha conducido al asesinato, hasta ahora, de más de 300 de ellos. Adicional: las decenas de asesinatos de jóvenes durante el Paro Nacional del 2021, a manos del Esmad y grupos paramilitares; la persecución judicial a toda expresión de protesta social que ha conducido al encarcelamiento injustificado de decenas de participantes en el pasado Paro Nacional y la expedición de la nueva Ley de Seguridad que está al servicio del mismo objetivo: tratar la protesta social como un asunto de guerra, actuando contra ella con políticas de terror.
El rechazo a las políticas de terror y guerra del gobierno y de las organizaciones armadas, que terminan favoreciendo al mismo gobierno, es el primer paso para contener la ofensiva que golpea a los sectores populares, a sus organizaciones y dirigentes, a lo largo y ancho del país y para comenzar a adoptar las medidas defensivas necesarias.
El Grupo de Trabajadores Socialistas e Impulso Socialista hacemos un llamado a unir fuerzas entre todas las organizaciones obreras, sindicales, populares, campesinas, indígenas, afrodescendientes, organizaciones políticas democráticas, para construir una barrera masiva que frene la política de terror del gobierno, de las organizaciones armadas que se reclaman insurgentes o de grupos del narcotráfico.
Estamos convencidos que frenar la actual ofensiva de terror es posible con la movilización unitaria y democráticamente organizada de miles y miles. Rechazamos toda acción que, encubierta tras rótulos revolucionarios, termina dando argumentos y justificativos al gobierno y a las fuerzas más reaccionarias para profundizar esas políticas de terror.
Al calor de la movilización unitaria y democráticamente organizada es necesario avanzar en la construcción de verdaderas estructuras de autodefensa, sometidas al control y decisiones de las organizaciones de masas. En ese sentido consideramos que la Guardia Indígena es un embrión que hay que potenciar y fortalecer, dotándolo de instrumentos más eficaces para la defensa del territorio y las comunidades. Bogotá, 3 de febrero de 2022
Grupo de Trabajadores Socialistas – Impulso Socialista
3 de febrero de 2022
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Editorial – 17 de noviembre de 2021
Carta abierta a Francia Márquez
¡Es la hora de los trabajadores y los pobres!

Compañera Francia:
Los abajo firmantes, organizaciones revolucionarias, luchadores sociales y gente del pueblo trabajador y marginado, nos dirigimos a usted para compartir las siguientes reflexiones y hacerle una honesta invitación.
El pasado Paro Nacional nos mostró que el pueblo colombiano está exigiendo una profunda transformación de nuestra sociedad, una transformación radical, una transformación revolucionaria. La creciente desigualdad social por la desatención del Estado llevó a millares de luchadores a mostrar su furia aun con riesgo de perder su vida por enfrentar las políticas criminales de este gobierno.
Después de un gran estallido social de más de mes y medio, donde se evidenciaron las más diversas demostraciones de inconformismo popular no se logró que el gobierno de Iván Duque, los empresarios y las transnacionales retrocedieran en la aplicación de la totalidad de sus planes, a pesar de las victorias parciales donde se hizo retroceder la primera reforma tributaria, o se impidió la Ley 010 contra la salud. La realidad es que ese mismo gobierno, de común acuerdo con sus amos imperialistas, ha continuado con la implementación de medidas que nos sumirán aún más en la miseria, el desempleo, la desesperanza y la violencia.
Sabemos que usted, como una mujer del pueblo, negra, líder social, defensora de las comunidades racializadas y del medio ambiente conoce en carne propia esos padecimientos. Por eso confiamos en que nuestras palabras serán escuchadas con la sensibilidad social que la caracteriza.
El principal obstáculo que las luchas sociales en nuestro país aún no logran superar es la ausencia de una dirigencia política radical, honesta, luchadora, dispuesta como usted lo propone a “construir desde abajo” y a eliminar las desigualdades, las injusticias y conquistar las reivindicaciones por las que tanto se ha luchado.
La ausencia de esa dirigencia revolucionaria hace que las expectativas de millones de trabajadores y gentes del pueblo, se estén volcando a conquistar un cambio en las próximas elecciones. Ya en el pasado lejano y reciente hemos recorrido ese camino. Otros pueblos latinoamericanos también lo han hecho. De esta manera la gran burguesía y sus regímenes políticos han logrado sobreaguar profundas crisis y la rueda de la explotación, la opresión y la marginación ha seguido girando. A lo sumo se han obtenido pequeñas migajas que, como limosnas, calman el hambre de hoy, a cambio de mayores penurias mañana.
Debemos decir: ¡Basta ya! ¡Es la hora de las y los trabajadores! ¡Es la hora del pueblo empobrecido! ¡No queremos más migajas! ¡Queremos todo, porque todo es nuestro! ¡Somos nosotros y nosotras quienes producimos la riqueza y merecemos una vida mejor!
Francia usted se ha postulado como candidata presidencial independiente, por el movimiento Soy Porque Somos, pero participará en la consulta que promueve el Pacto Histórico en la que estará postulado Gustavo Petro; también ha expresado claramente “que sus propuestas y su integridad no están sometidas a lealtades por ningún partido y mantendrá una postura crítica frente a la alianza”.
Es comprensible que millones de trabajadores consideren la unidad como una condición para triunfar en luchas como la que acabamos de librar en el Paro Nacional, y trasladen ese sentimiento al terreno electoral. De esa justa aspiración se aprovechan personajes que provienen de lo más podrido del establecimiento, como Roy Barreras o Armando Benedetti, incluso, el propio Alfredo Saade, representante de sectores antiderechos de las mujeres y las disidencias sexuales, quienes ahora se suman de manera oportunista a las filas de Petro. La explicación es simple: el programa político de Gustavo Petro no representa ningún riesgo de fondo para los privilegios del gran capital, las transnacionales y los terratenientes que han monopolizado el poder en nuestro país.
Con ese programa no se lograrán las soluciones a los problemas estructurales que afectan a la mayoría de la población: pleno empleo con salarios dignos, salud y educación de calidad a cargo del Estado, vivienda para todas las familias y, sobre todo, entrega de tierras al campesinado pobre al que le fueron arrebatadas sus parcelas y fue desplazado violentamente a los cinturones de miseria de los centros urbanos. Esas medidas exigen, como mínimo, una profunda revolución democrática que sólo se puede lograr con la movilización de millones, no en las urnas, sino en las calles.
Francia: usted puede presentarse como alternativa con ese programa radical, usted puede crecer como figura independiente que personifique las aspiraciones de los que salimos a las calles a enfrentar la represión del régimen genocida que encabeza Iván Duque. El Pacto Histórico que Petro propone y en el que convoca a los trabajadores y a los pobres de Colombia a colaborar con los dueños del capital –pues según él, hay un capitalismo humano y tendríamos intereses comunes– es una nueva trampa, un engaño para evitar que radicalicemos nuestra lucha. Requerimos de una organización política independiente de la burguesía y el imperialismo, que se proponga ser la dirección de una revolución que impida la catástrofe en la que nos está sumergiendo el capitalismo; esa es una tarea inaplazable. Levantando una política electoral revolucionaria podríamos avanzar rápidamente en esa dirección. La invitamos a asumir este reto: Construyamos juntos un partido revolucionario, con un programa socialista y con el método de la movilización social de masas.
El positivo resultado electoral del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT-U) en Argentina el pasado 14 de noviembre, demostró que es posible canalizar el descontento y rabia de millones contra un sistema electoral, proponiéndoles un programa anticapitalista y socialista. ¡No hay capitalismo con rostro humano! Todo el sistema capitalista chorrea sangre, hambre, miseria y opresión contra millones por todos sus poros.
Pero aún si no tuviésemos pleno acuerdo en lo anterior, consideramos posible actuar en común en torno a una candidatura como la suya, que se comprometa con un programa verdaderamente revolucionario, sin acuerdos y compromisos con políticos burgueses corruptos, como algunos de los que hoy comparten las tarimas en las manifestaciones del Pacto Histórico. Tenemos conocimiento de las propuestas que se hacen por varios sectores del Polo Democrático Alternativo de avalar su candidatura. Su independencia política es un factor fundamental para aglutinar las esperanzas de decenas de miles de jóvenes que se jugaron la vida en el Paro Nacional.
El compromiso mínimo, inicial del programa, sería que su primer decreto como Presidenta de la República fuese la cesación de todo proceso judicial y libertad a todos los procesados o detenidos por motivos de las protestas de los últimos años contra los gobiernos que han descargado la crisis contra los pobres.
Una ubicación electoral como la que le proponemos, que contaría con nuestro respaldo, sería la mejor continuidad y expresión electoral de las grandes y heroicas luchas del pueblo colombiano en los años anteriores. Esta es nuestra propuesta.
Grupo de Trabajadores Socialistas – GTS
Impulso Socialista – IS en la Liga Internacional Socialista
Bogotá, 17 de noviembre de 2021
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Editorial – 20 de agosto de 2021
Las tareas del momento

La dinámica de la lucha social del país cambió. Las radicales y masivas movilizaciones que sacudieron al país desde el 28 de abril hasta casi finales de junio han cesado. Las manifestaciones del 20 julio, convocadas por el Comando Nacional de Paro, si bien congregaron aún a varios miles de personas en distintas ciudades, más que continuidad del movimiento beligerante de miles y miles fueron, por su objetivo –respaldar la radicación ante el corrupto Congreso de proyectos de ley que expresan el pliego de peticiones– el cierre del telón.
Concluyó así el lamentable espectáculo protagonizado por la sexagenaria cúpula de la Dirección sindical congregada en el CNP y los partidos reformistas que la orientan que, por su política de conciliación e incapacidad de desarrollar una lucha consecuente contra el gobierno y el régimen, llevaron al movimiento a un callejón sin salida. Cierre de telón son igualmente los acuerdos firmados por esa cúpula burocrática en la negociación del pliego estatal, incluido el magisterio.
Del movimiento hay tres hechos a destacar: a) la masividad y contundencia de los bloqueos que, durante un período, colocaron al gobierno a la defensiva, desprestigiado y debilitado, logrando triunfos parciales (caída de la reforma tributaria y de Carrasquilla y otros ministros); cuando esos bloqueos fueron masivos y respaldados por las comunidades; b) la conformación de las denominadas Primera Línea, que expresaron la necesidad de proteger y defender el derecho a la movilización ante las provocaciones del ESMAD y las acciones militares y paramilitares alentadas por el gobierno; c) el desarrollo desigual de asambleas populares que congregaban, en una discusión relativamente democrática, a franjas amplias participantes del movimiento buscando avanzar en la organización del mismo. Cada uno de estos procesos merece análisis cuidadoso para precisar sus potencialidades, sus debilidades y sus dinámicas.
Así en el momento actual no se levanten llamaradas, el incendio aún está vivo. Las agudas condiciones de miseria, el desempleo, la carencia de oportunidades para millones de jóvenes, la represión brutal a cualquier protesta o expresión de descontento, la judicialización de quienes encabezan la protesta, los asesinatos de líderes de organizaciones populares, hacen que en cualquier momento y motivado por cualquier hecho pueda volver a presentarse un auge de la lucha a través de masivos y beligerantes enfrentamientos locales, regionales o nacionales.
Se puede afirmar que los procesos de la lucha de clases en Colombia se han sincronizado bastante con el ascenso mundial contra la crisis capitalista que descarga devastadores golpes contra millones de trabajadores del mundo; proceso en el cual se presentan constantemente estallidos de características relativamente similares (Estados Unidos, Haití, Chile, Palestina, India y muchos otros pueblos en los últimos años).
Un sector muy importante de activistas del movimiento social ha hecho un esfuerzo considerable por organizar, promover y participar en las reuniones de la llamada Asamblea Nacional Popular, la primera en Bogotá, la segunda en Cali, pero sus expectativas de organización y centralización hasta ahora se han frustrado por el intento de monopolizar el evento por parte del Congreso de los Pueblos que, además, pretende imponer su limitada y reformista concepción de «construir poder popular» al margen de la realidad del movimiento. Esa concepción, en lugar de potenciar la centralización la dispersa y debilita en infinidad de actividades, desconociendo de manera sectaria el control que aún mantiene el Comité Nacional de Paro sobre la abrumadora mayoría del movimiento sindical.
En la nueva coyuntura, sobre los rescoldos que quedan del gran incendio, para prepararse mejor ante la posibilidad de nuevas y mayores conflagraciones, es necesario precisar las tareas que los revolucionarios debemos desarrollar. Enunciamos las que nos parecen prioritarias y más importantes:
— Realizar un exhaustivo balance de las movilizaciones anteriores, detallando las debilidades de las mismas y la razón de ser de esas debilidades; ubicar los errores cometidos; analizar críticamente la posición de cada uno de los partidos y dirigentes políticos nacionales, regionales y locales, sacando nítidas conclusiones de en dónde están los verdaderos aliados, en donde los enemigos declarados y en donde están quienes buscan aprovecharse de las luchas sin actuar decididamente a su favor o actuando sólo en función de sus intereses propios. Ese balance se debe realizar en cada barrio o sector de barrio, en cada escuela y colegio, en cada sindicato o entre los activistas de base del sindicato respaldaron el paro nacional.
— Sobre claras definiciones y compromiso de dar continuidad a las luchas, organizar democráticamente a los sectores que, motivados por las luchas anteriores, están dispuestos a organizarse en el barrio, en el municipio, en el colegio, en la vereda; discutiendo las reivindicaciones que los unifican, mostrando cómo ellas se integran y son parte de las reivindicaciones generales que deben levantar todos los trabajadores contra el régimen y gobierno actual. Más que un pliego lo que hay que precisar es un programa de lucha, que unifique y sintetice las necesidades y aspiraciones de millones.
— Al interior del movimiento obrero y sindical organizado es necesario exigir a las actuales direcciones que se abra esa discusión democrática sobre las razones por las cuales fue tan débil la participación de los trabajadores a través de sus organizaciones. Debemos luchar por la convocatoria de asambleas donde no solo se realice esa discusión. Se deben adoptar medidas (políticas y de organización) en el sentido de construir una nueva dirección política y sindical para los trabajadores de país. Hay que romper expresamente con la conciliación y concertación con el régimen y el gobierno y orientarse a combatir abiertamente las políticas del mismo en el año que falta de su periodo; no dando tregua ni respiro en esa tarea. Hay que organizar grupos de actividad política clasista y revolucionaria, no sometidos ni supeditados a las actuales direcciones sindicales, que en forma abierta señalen y combatan su adaptación al régimen y la conciliación con el gobierno. Es necesario agrupar, por ciudades y regiones, esos grupos para potenciar su actividad. Hay que potenciar actividad de las Coordinadoras de Solidaridad y Lucha y de los Comités de Solidaridad que existen en algunos lugares. Muestran una perspectiva que, de desarrollarse y centralizarse, puede postularse como un embrión de esa nueva dirección política y sindical, desarrollando métodos democráticos que animen a las bases a participar. Es necesario organizar a los trabajadores no sindicalizados, creando sindicatos donde no existan; exigiendo que los sindicatos libren consecuentemente la lucha en cada empresa por los derechos de los trabajadores temporales y tercerizados y permitan la afiliación de todos.
–Hay que desenmascarar y deslindar campos con los dirigentes y organizaciones que ahora proclaman que la batalla decisiva será la electoral, en marzo y mayo de 2022, y que “respaldaron” el movimiento solo por oportunismo, al servicio de su plan electoral. El hambre y el desempleo no aguantan meses y meses. Derivar las luchas de millones hacia el terreno electoral es una verdadera traición, así se afirme lo contrario. Una actividad electoral revolucionaria, la cual se debería llevar a cabo, solo puede potenciarse y desarrollándose asumiendo como prioridad la lucha y movilización directa. La actividad electoral y en las instituciones parlamentarias solo tiene sentido orientada por un partido del proletariado, buscando la movilización y avance de los trabajadores hacia la lucha directa por el poder.
–Hay que brindar una perspectiva política y organizativa revolucionaria a los miles de jóvenes que participaron o participan aún en los grupos de “Primera Línea”. En primer lugar, evitar que sean cooptados por quienes son verdaderos enemigos (gobierno nacional y las llamadas “Alcaldías alternativas” que han diseñado diversos planes paliativos para desmovilizarlos y dispersarlos). En segundo lugar, denunciar la represión y judicialización y estigmatización a la que están siendo sometidos muchos de ellos en el momento actual. Las direcciones sindicales intermedias, tomando distancia de la política del CNP, deberían definir una política que integre la radicalidad y masividad del movimiento juvenil con la capacidad de organización y actuación disciplinada de los trabajadores. Ese sería el mejor camino para cerrar la brecha que mostró el movimiento y que fue, sin lugar a dudas, una de sus mayores debilidades. Hay que señalar con claridad los errores en que haya podido incurrir la “Primera Línea”.
–Es decisivo dar pasos firmes, por pequeños que sean, en agrupar a decenas o centenares de trabajadores y activistas juveniles en una organización revolucionaria que tenga como estrategia orientar la lucha por una nueva sociedad, una sociedad socialista. Bajo cualquiera de sus modelos, el sistema capitalista es la razón última de las penurias de millones en el planeta. La actividad de los revolucionarios en todas las luchas parciales por necesidades concretas gana sentido si a partir de ella se avanza en la construcción de dicha organización. Nuestro grupo, el Grupo de Trabajadores Socialistas coloca todas sus fuerzas y planes de trabajo al servicio de ese objetivo. Lo invitamos a unir fuerzas y actuar en común.
Grupo de Trabajadores Socialistas
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Editorial – 12 de julio de 2021
¿Qué hacer para continuar la lucha contra el gobierno de Duque?

Luego del levantamiento del paro del magisterio por parte de la dirección de la Federación de Trabajadores de la Educación (Fecode), la suspensión de convocatorias a movilizaciones masivas por parte del Comité Nacional de Paro (CNP), y el desmonte a sangre y fuego, o vía acuerdos locales, de los bloqueos en todo el país, lo que ha llevado al repliegue generalizado del movimiento del Paro Nacional, es necesario que los diversos sectores sociales involucrados hagamos un balance y nos preparemos para las luchas que se avecinan. Sólo una evaluación objetiva de los acontecimientos nos permitirá reconocer los logros obtenidos y dimensionar los obstáculos a superar. La reunión de Coordinadoras de Solidaridad Sindical (Cosoles) y la Asamblea Nacional Popular (ANP) que se realizarán en Cali los días 16 al 20 de julio, serán una oportunidad para ello.
Un formidable avance de la movilización
A partir del 28 de abril, Colombia vivió un estallido social, continuidad del movimiento de protesta que se inició el 21 de noviembre de 2019 en respaldo al Pliego Nacional, que fue represado durante el 2020 por la pandemia, las cuarentenas y los confinamientos, pero que se había vuelto a expresar con la violenta insurrección juvenil en Bogotá el 9 y 10 de septiembre, frente al asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía. El agravamiento insoportable de las condiciones de vida de la mayoría absoluta de la población, la política criminal del gobierno frente a la crisis sanitaria y su paquetazo de medidas antipopulares, coronado por el anuncio de la reforma tributaria, hizo estallar el polvorín social.
El llamado del CNP a realizar manifestaciones masivas el 28 de abril abrió de nuevo el dique que contenía la ira popular. De allí en adelante, pasando por encima del propio CNP, se generalizaron las auto-convocatorias a las concentraciones de protesta y la movilización, pero sobre todo se multiplicaron los bloqueos de vías urbanas y de la red vial del país, que llegó a superar más de dos mil puntos a nivel nacional, afectando gravemente al puerto de Buenaventura, por dónde circula el 70% del comercio internacional colombiano. Las llamadas “Primeras Líneas” (que emulaban las del pueblo chileno contra Piñera) fueron la forma organizativa y de lucha defensiva de la población frente a la barbarie de la represión del repudiado Esmad y espacios de deliberación política sobre las reivindicaciones que la juventud y sectores populares exigen al gobierno de Duque. Los bloqueos se convirtieron en la más poderosa medida de fuerza que afectó el bolsillo de los grandes empresarios que veían como, día a día, se paralizaban sus negocios, hasta que, a través de sus partidos y gremios, presionaron al gobierno a ceder a algunas de las demandas de la movilización. Llegaron incluso a anunciar que asumirán el costo de buena parte de la reforma tributaria. Es así como los más grandes capitalistas “prefirieron entregar los anillos, para no perder los dedos”, como dicen los trabajadores argentinos.
Este poderoso movimiento social puso contra las cuerdas al gobierno, lo obligó a retirar la reforma tributaria, hundir la regresiva reforma a la salud, impuso la renuncia de su equipo económico, la Canciller y el Alto Comisionado de Paz, lo aisló internacionalmente por el movimiento de solidaridad mundial que se desencadenó –hasta llevarlo a aceptar la inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— y, coyunturalmente, agrietó la unidad parlamentaria con la que los partidos de la coalición gubernamental, y otros partidos burgueses como el Liberal, le han garantizado la aprobación de sus planes. Este notorio debilitamiento del gobierno fue el que llevó al imperialismo, en cabeza de Joe Biden, a brindarle respaldo, ratificando el apoyo presupuestal del gobierno yanqui a las Fuerzas Armadas colombianas, incluida la Policía, a cambio de un plan de reformas que las fortalezca.
De todos modos, el desgaste de Duque, su gobierno y todo el aparato institucional, que sale profundamente desprestigiado, es un triunfo incontestable de la movilización que tiende a consolidar una nueva situación política de largo plazo en nuestro país. Podemos afirmar que del 28 de abril en adelante Colombia entra en la dinámica que ha tenido la lucha de clases a nivel internacional, en particular en América Latina, por la crisis que corroe a la economía capitalista mundial desde 2008. Pero esta movilización enfrenta los mismos obstáculos, para lograr los cambios estructurales que requieren y reclaman los trabajadores y los pueblos, que se han presentado en otros países.
Un salvavidas para Duque
Paradójicamente, el principal obstáculo que debe superar el movimiento social colombiano es la propia dirección de la lucha. Ya los integrantes de la Primera Línea y otros sectores juveniles -como el estudiantil- y populares, han señalado que el CNP no los representa. Si bien este organismo tiene el control de los principales aparatos sindicales y por lo tanto cuenta con la capacidad de elaborar pliegos como el que se presentó a fines de 2019, sustituido por una versión recortada llamada Pliego de Emergencia en 2020, o fijar fechas a la movilización y hacer propaganda masivamente, se encuentra aislado de sus propias bases a las que no convoca a que deliberen democráticamente y decidan el curso de la movilización. El movimiento sindical se encuentra en medio de un círculo vicioso: la dirección está desprestigiada, pero ante la falta de una alternativa, la lucha se estanca, se pierden derechos en las mesas de negociación, las bases se desmoralizan y el desprestigio de la dirección crece. Esto explica en buena medida la ausencia de los trabajadores del sector industrial en este paro, ya que más del 95% carecen de organizaciones sindicales y están sometidos a la inestabilidad, la tercerización y la precarización laboral. Además, la inconsecuencia del CNP lo ha distanciado de las Primeras Líneas y otros sectores sociales como el movimiento indígena y las organizaciones de afrodescendientes. Esa desarticulación del movimiento social –producto directo de las políticas de colaboración y conciliación de clases, reformista, de las direcciones políticas mayoritarias a su interior– ha sido el principal salvavidas para el gobierno de Duque.
Un ejemplo actual de esa situación lo vive el magisterio agremiado en Fecode a nivel nacional y en sus filiales departamentales. Fecode es el principal sindicato del país y es la columna vertebral de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y del CNP. Desde el 27 de abril fue el único sector sindical que estuvo en paro, pero a medida que éste se prolongaba era necesario que el resto de trabajadores sindicalizados se vinculara al cese de actividades para que los maestros no quedaran aislados. La ocasión no podía ser más propicia: hay más de 600 pliegos de peticiones en proceso de negociación en el sector estatal. No obstante eso, durante las seis semanas en que el movimiento nacional mostró su mayor fortaleza, la dirección nacional del sector estatal se negó a convocar un cese de actividades general de respaldo a sus propias exigencias. Un Paro Nacional Estatal hubiera sido un espaldarazo a la protesta juvenil y popular y otro golpe a los planes de Duque.
Suspendido el paro del magisterio la alta dirigencia sindical pretende ahora negociar el pliego nacional estatal, los pliegos sectoriales y por institución. Pero de hecho el gobierno anuncia un plan draconiano de ajuste fiscal, para hacer caer el costo de la crisis en los trabajadores estatales, a los que considera privilegiados por gozar de estabilidad laboral, salarios y prestaciones sociales. Oculta de paso que hay una planta paralela de un millón de trabajadores que son pasto del clientelismo de los partidos de gobierno, y cuya dignificación contractual es la principal reivindicación del sector.
Como parte de esa contraofensiva, el gobierno ha aprovechado la desmovilización general para endurecer sus posiciones decretando que los maestros deben reponer las clases no dictadas durante el paro, bajo la amenaza de descuentos salariales, y, peor aún, impone la presencialidad en escuelas y colegios en medio del tercer pico de la pandemia y sin que se haya garantizado la vacunación de toda la comunidad educativa para evitar el incremento de los contagios con los servicios de salud colapsados. Hoy la base del magisterio se encuentra confundida y la dirección de Fecode propone que se hagan acuerdos locales, en lugar de llamar de nuevo al paro nacional apoyándose en las Asambleas por institución educativa, y vinculando a estudiantes y padres de familia para promover la unidad contra la política represiva y genocida de Duque.
Aunque millones salieron a las calles en el curso del primer mes, la realidad es que la protesta chocó contra un gobierno reaccionario que acude a la represión más abierta y criminal, por medio de la policía y su escuadrón el Esmad, para golpear las movilizaciones y dar cuenta de la lucha de las calles, las cuales derivaron en un cuadro de muertos, desaparecidos, detenidos y violaciones y en abierta complicidad con sectores de privilegiados protegidos por bandas paramilitares, que actuaron hasta hoy con total impunidad. Incluso los asesinatos de líderes sociales continúan y ningún policía o civil implicado en crímenes está siendo investigado o requerido por las entidades de control, pues son de bolsillo del gobierno y fichas del uribismo. Esto además de la burla a las víctimas del gobierno ante los señalamientos de la CIDH, que terminaron siendo solo “recomendaciones” y por tanto sin ningún efecto sancionatorio. El gobierno demostró que cuenta con todo el apoyo de los partidos burgueses, al defender al ministro de Defensa de un juicio político que llevara a su dimisión. Queda claro que sin derrotar este gobierno es difícil conquistar garantías para la movilización y la vida, lo que nos exige redoblar las tareas de denuncia y toma de las calles con una nueva orientación que derrote las vacilaciones del CNP.
Es necesario construir una nueva dirección, en medio de las luchas
Entonces, la tarea fundamental para el próximo período es rearticular la movilización social, integrar a los trabajadores estatales, industriales y de servicios a la lucha y fortalecer la unidad contra el gobierno. No podemos descartar que, en la medida en que las causas estructurales de los problemas más graves que afectan a la población no se han modificado y tienden a agravarse, se produzcan nuevos estallidos de protesta social. Por eso es necesario dotarnos de un plan de acción que incluya jornadas de movilización nacional, paros escalonados de los trabajadores estatales en la perspectiva de un paro nacional, la preparación y realización de un gran Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Étnico, Juvenil y Popular en el que se elabore un nuevo Pliego Nacional y se elija una nueva dirección que integre a todos los sectores, incluso al Comité Nacional de Paro.
Al interior de las centrales sindicales debemos promover la organización de corrientes clasistas y democráticas que reemplacen a su burocrática dirección actual, cuyo método privilegiado es la concertación de las políticas gubernamentales y patronales, al servicio de proyectos electorales que no buscan superar el orden social capitalista, causa última de la explotación, desigualdad, discriminación, violencia y depredación de la naturaleza. En síntesis, es necesario construir una nueva dirección política y sindical para el movimiento obrero y popular.
Y justo porque tenemos que responder a las urgencias inmediatas y, al mismo tiempo, luchar por solucionar los problemas estructurales de la sociedad, debemos armarnos de una plataforma de lucha que contemple objetivos económicos, democráticos, transicionales y socialistas que nos sirvan de guía para la lucha.
PLATAFORMA DE LUCHA PARA REORGANIZAR LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
CONTRA EL HAMBRE Y EL DESEMPLEO
1. Por un salario mínimo individual de emergencia para todas las personas sin ingresos. Aumento general e inmediato de salarios que preserve su poder adquisitivo. Congelamiento de los precios de los artículos que constituyen la canasta familiar, con penas de cárcel para los empresarios que violen la congelación. Que el estado asuma la prestación de todos los servicios públicos. Por un plan de obras públicas (vivienda, hospitales, escuelas, red vial, transporte público, acueductos, etc.) que garantice el empleo a todos los desempleados del país.
2. Que las grandes empresas paguen impuestos, derogatoria inmediata de las dos últimas contrarreformas fiscales. No más privatizaciones ni venta de las empresas estatales. Estatización de las entidades bancarias y financieras para que brinden crédito barato al campesinado y los pequeños empresarios y sus utilidades sean centralizadas por el Estado. Que la mitad de la fortuna individual de las 5.000 personas más ricas del país pase a propiedad estatal y se destine al financiamiento del plan de obras públicas de emergencia.
3. Derogatoria de todas las leyes laborales burguesas que constituyen la contrarreforma laboral, pensional y de salud (ley 50 de 1990, ley 100 de 1993, leyes sobre servicios públicos, etc.), que ocasionaron entre otras la pérdida de la estabilidad laboral, derechos económicos, de asociación en sindicatos, de negociación colectiva, así como privatización de la salud y de las pensiones, precarizando derechos de los trabajadores en aras de beneficiar al sector financiero. Derogatoria inmediata de la circular No 049 de 2019 que autoriza el despido de trabajadores en discapacidad laboral.
CONTRA LA PANDEMIA
4. Garantizar la vacunación para toda la población. Levantamiento de las patentes y nacionalización de las farmacéuticas para la fabricación de las vacunas.Que todas las clínicas y hospitales privadas del país pasen de inmediato a ser parte del sistema hospitalario público, para garantizar que la atención de salud realmente sea un derecho igual para todos y no un privilegio de los más ricos. El Estado, sin ninguna intermediación de las EPS, atenderá las obligaciones económicas de todo el sistema hospitalario y la remuneración salarial del personal del servicio de salud, brindándoles plenos derechos de estabilidad laboral y todas las garantías laborales y de protección y prevención que su labor demanda.
5. Derogatoria de la Ley 100 de 1993, establecimiento del servicio universal y gratuito de salud para todo el pueblo a cargo del Estado, en consecuencia, acabar con el lucrativo negocio de la salud privada, con la que se enriquecen las empresas capitalistas. Igualmente, acabar con el sistema de las pensiones privadas y establecer un solo sistema de pensiones centralizado y manejado por el Estado. Luchar por que la pensión se pueda disfrutar a los 20 años de servicio y 55 de edad.
CONTRA LA REPRESIÓN
6. Por el establecimiento pleno de los derechos y las libertades democráticas. Por la libertad inmediata de todos los presos políticos y los detenidos durante el paro, que aparezcan con vida los desaparecidos. Castigo con cárcel a los civiles y policías asesinos de jóvenes durante el paro. Contra las masacres, detenciones arbitrarias y asesinatos, por la disolución y castigo de las bandas paramilitares. No más asesinatos de líderes sociales. Disolución inmediata del Esmad.
EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
7. No al plan de alternancia en medio del tercer pico de la pandemia. Libre acceso a internet a cargo del Estado y las empresas de comunicaciones con banda ancha. Por dotación de infraestructura digital adecuada para que las instituciones, docentes y estudiantes puedan adelantar sus labores mientras se garantiza la vacunación y la adopción de medidas de bioseguridad que protejan a la comunidad educativa del contagio. Reconocimiento del Covid-19 como enfermedad laboral. Dotación de todas las instituciones educativas de enfermería.
8. Derogatoria de la ley 715 y el estatuto docente 1278. Defensa de la educación pública hoy amenazada por la privatización y la descentralización. Por una educación laica, científica, gratuita y obligatoria en todos los niveles y financiada por el Estado. Ruptura de todos los pactos y acuerdos con organismos culturales y financieros internacionales, que imponen modelos educativos al servicio de la explotación capitalista. Dotación de todas las instituciones escolares del Estado de acuerdo a los adelantos de la ciencia y la tecnología.
EN DEFENSA DEL CAMPESINADO POBRE, LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES
9. Restitución inmediata de todas las tierras arrebatadas a las comunidades. Expropiación inmediata de los grandes latifundios agrícolas y ganaderos para garantizar la autosuficiencia alimentaria del pueblo colombiano. Tierra, crédito y asistencia técnica para los campesinos. Respeto a los derechos ancestrales de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Organización armada defensiva de las guardias indígenas, afros y campesinas contra la agresión de las bandas paramilitares y el ejército.
CONTRA LOS PLANES DEL GOBIERNO DE DUQUE Y EL IMPERIALISMO
10. Abajo el Gobierno de Duque, gobierno burgués, proimperialista, corrupto, antiobrero, y antidemocrático. Duque asesino, que responda con cárcel por los jóvenes asesinados, mutilados y desaparecidos durante el paro nacional.
11. Por plena independencia de clase. Los partidos de todas las fracciones burguesas son enemigos de los trabajadores, por defender los intereses de los explotadores. Denuncia implacable del uribismo, santismo, pastranismo, (Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, Partido Liberal) etc., responsables, con Duque, de la crisis actual. Cualquier salida que propicien estas fracciones burguesas para la crisis será igual o peor que el actual gobierno.
12. Ninguna expectativa o confianza en Colombia Humana y Petro, administrador eficiente de los intereses capitalistas desde la alcaldía de Bogotá y quien hoy se lanza a la presidencia tratando de canalizar el descontento popular hacia las urnas; luego de defender la permanencia de Duque. Denunciar a la Coalición de la Esperanza y al Partido Verde que, desde las Alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, son responsables políticos de la represión de la protesta social. Que Claudia López responda por los asesinatos y mutilación de jóvenes cometidos por la policía y el Esmad durante el paro en Bogotá. Esos partidos reformistas, defensores del régimen burgués y del capitalismo, proclaman la necesidad de reformas y cambios al modelo neoliberal para, por esa vía, salvar al propio sistema capitalista que es en realidad la madre de todos los males de país y la humanidad.
13. Fuera del país el imperialismo norteamericano con sus tropas, aviones de combate y multinacionales, que saquean las riquezas del país e intervienen de manera descarada en su política interna. Que no se le page la deuda externa a la banca imperialista. No más financiación de la Policía, el Esmad y las Fuerzas Armadas colombianas por el congreso de EU. Fuera de Colombia el embajador Philip Goldberg.
PARA CONTINUAR LA LUCHA Y PREPARAR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA
14. Fijar la fecha para un paro nacional obrero y popular contra el gobierno de Duque, el imperialismo y su intromisión descarada en la política interna del país. Por el pliego nacional. Para la realización de esta lucha llamar a la amplia unidad de acción con todos los que, en la práctica, estén de acuerdo en poner como centro de la actividad la movilización y la organización independiente de las masas contra el establecimiento capitalista.
15. La solución debe venir de los trabajadores, su programa y el socialismo. Para lograr una solución los trabajadores, campesinos y las masas populares se deben organizar de manera independiente de los partidos burgueses, de los reformistas o “progresistas” como Petro y el partido Verde. Los trabajadores y campesinos se deben apoyar en sus propias organizaciones sindicales y políticas. Por un partido de los trabajadores y socialista.Por un gobierno obrero, campesino y popular. Por una Colombia socialista.
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Editorial – 4 de junio de 2021
Ante la Asamblea Nacional Popular del 6, 7 y 8 de junio
Por una nueva dirección unitaria y democrática,
un plan de lucha y un programa
para derrotar al gobierno genocida y paramilitar

Vamos por la quinta semana de lucha y resistencia del pueblo colombiano en contra de las políticas y del gobierno uribista y genocida de Iván Duque. Lo que inició el 21 de noviembre del 2019 en contra del paquetazo, continuó el 28 de abril de 2021 en contra de la reforma tributaria. La movilización permanente ha logrado contener el avance de las contrarreformas del gobierno expresadas en reforma a la salud, tributaria, en las propuestas de privatizaciones de importantes empresas como Ecopetrol e ISA.
El movimiento de masas está haciendo una experiencia maravillosa de lucha con este estallido, aunque aún le falte avanzar en organización y radicalización de su conciencia. El nivel de popularidad del gobierno cae en picada, evidenciando que está débil y que se mantiene gracias al respaldo de los partidos burgueses, al respaldo del imperialismo y al papel que están cumpliendo la oposición de la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico, sectores que se encuentran al interior del Comité Nacional de Paro (CNP) y que tienen como objetivo evitar que el gobierno caiga por la vía revolucionaria, para así capitalizar toda la energía de lucha en las elecciones del 2022.
Sin embargo, el movimiento ha cuestionado con firmeza el papel del CNP por sus métodos burocráticos, ya que las direcciones de las centrales obreras y movimientos sociales que están en su interior y que en su mayoría son parte del MOIR (hoy Dignidad) dentro de la Coalición de la Esperanza, se sientan a negociar a puerta cerrada y de espaldas a las asambleas populares con el genocida. Desde los diferentes territorios a nivel nacional se expresa la inconformidad y rechazo al CNP, mostrando la necesidad de que se construya desde las bases una dirección genuina que realmente ayude a organizar y radicalizar la lucha.
En este marco, se convoca a la Asamblea Nacional Popular los días 6, 7 y 8 de junio en Bogotá, donde va a ser fundamental concretar la perspectiva de lucha que se necesita hasta lograr derrotar de una vez por todas al gobierno uribista y genocida de Duque.
Diversos sectores políticos y organizaciones sociales están convocando a esta asamblea, incluso organizaciones que hacen parte del CNP, pero que tienen poca correlación de fuerzas al interior, como la Multilateral de fuerzas que hacen parte del Pacto Histórico, y que buscan por medio de este proceso capitalizar lo máximo posible para tener otra ubicación. Desde los sectores revolucionarios y más consecuentes vemos que la Asamblea Nacional Popular puede contribuir a definir el horizonte y la organización de este estallido que está estremeciendo al mundo. Sin embargo, creemos que es necesario luchar para que el resultado sea construir una nueva Coordinación Nacional Popular, una Nueva Dirección unitaria y democrática para todos los que luchan, que procure fortalecer una Dirección legítima sin forzar o usurpar procesos embrionarios en las diversas comunidades y respete las iniciativas de todos los que luchan, que recoja genuinamente los intereses del movimiento de masas que se mantiene en las calles y que por medio de la movilización permanente avance con el programa de exigencias para solucionar la crisis económica y sanitaria a favor de la clase trabajadora y los sectores populares. Se requiere coordinar las luchas e impulsar las asambleas populares en todo el país para lograr conquistar y hacer concreto el ¡Fuera Duque y Uribe!
La represión brutal por medio de las FFMM y paraestatales es la única herramienta que le queda al gobierno y, si bien el movimiento ha frenado en parte que avancen las reformas del paquetazo, es indispensable tener claridad que para derrotar estas medidas retardatarias y antipopulares es necesario derrotar al gobierno en las calles y no en las urnas; pues esperar a las elecciones es desmovilizar, vaciar las calles y darle casi un año más de gobierno al genocida, en últimas, es darle oxígeno y garantizar la impunidad ante las violaciones atroces a los derechos humanos que ejerce hoy el terrorismo de Estado del régimen uribista.
En consecuencia con lo anterior, la Asamblea Nacional Popular debe hacer un llamado abierto al CNP y a las direcciones de las Centrales y todos los sindicatos del país, a las organizaciones populares, campesinas, indígenas, a las organizaciones de la juventud, a los grupos de Primera Línea, a las organizaciones barriales y de toda índole para convocar en forma unitaria un Gran Encuentro Nacional obrero, sindical, popular, campesino, indígena, afro, de delegados de las Asambleas Populares de base, de toda clase de organizaciones de la juventud, de todos los explotados y oprimidos, conformado por delegados electos democráticamente en asambleas convocadas a la mayor brevedad. En ese Encuentro deberían definirse las consignas y reivindicaciones que unifican a todo el movimiento y un plan de lucha y actividad para el logro de las mismas. Ese encuentro, así conformado, con delegados que puedan ser revocables en cualquier momento en sus propias asambleas, sería la dirección máxima del movimiento y cualquier negociación realizada por un organismo del mismo autorizado para tal fin debería ser pública, transmitida en directo a todo el país y ad-referendum del mismo Encuentro; sin desvirtuar otros procesos que aún no se hayan sumado, o que decidan emprender otros caminos de confluencia y fortalecimiento.
Como revolucionarios y revolucionarias proponemos defender un programa que realmente lleve adelante medidas para que la crisis la paguen los capitalistas y de soluciones estructurales a los problemas fundamentales de la clase trabajadora y los sectores populares; entre ellas señalamos.
- Fuera Duque – Uribe y todo su gobierno ¡Impulsemos las asambleas populares!
- Por una huelga general que ponga a la clase trabajadora a la cabeza de esta lucha. Llamado a las bases del sector estatal para que exijan a sus direcciones la convocatoria urgente de un verdadero paro de su sector.
- Destitución, juicio y castigo para toda la cúpula militar y policial, quienes dieron la orden de disparar, torturar, violar y desaparecer.
- Destitución inmediata de alcaldes, gobernadores, jueces y fiscales cómplices de la violación a los DDHH y los asesinatos sistemáticos por parte de las FFMM y paramilitares en el marco de la protesta social.
- ¡Desmonte del ESMAD ya! Imposibilidad de desarrollar otro cuerpo represivo parecido o similar.
- Retirar de las manos del Ministerio de Defensa y de la cúpula militar a la Policía y que responda a ser una fuerza civil.
- Acabar la justicia penal militar, las FFMM no pueden seguir juzgándose a sí mismas por sus crímenes y delitos.
- Quitar las exenciones a los grandes capitales y reemplazarlo por un impuesto progresivo y permanente a las grandes fortunas, volcar estos recursos a la salud, educación y trabajo.
- Ruptura con el FMI, el BM y la OCDE. No al pago de la deuda. Plata para salario, trabajo, salud, educación y vivienda, no para el Fondo Monetario.
- Aumento general de salarios acorde al costo de la vida.
- Eliminación del IVA de la canasta familiar. Abolición del impuesto al salario.
- Prohibición de despidos y suspensiones. Basta de trabajo precarizado. Abajo la reforma laboral.
- Por un sistema público de pensiones, no a la reforma pensional y abolición de las AFP.
- Por garantía de trabajo digno para todo desempleado, contratado por el Estado u obligando a los empresarios a contratar nuevos trabajadores y distribuir el trabajo existente entre todos, con disminución de la jornada laboral sin disminución salarial.
- Por un salario mínimo individual para los desempleados hasta tanto se les brinde un empleo formal.
- Vamos por educación pública, gratuita y al servicio del pueblo: Reapertura gradual y progresiva de los campus estudiantiles con protocolos de bioseguridad, vacunación y condiciones de bienestar aseguradas por el ministerio de salud y de educación. Sanear el déficit presupuestal de las universidades públicas garantizando la gratuidad y universalidad de la educación superior.
- Por un sistema nacional de salud público, único y gratuito: Triplicar el presupuesto en salud y unificar el sistema de salud para que sea público, gratuito y universal. Abolir las EPS y la ley 100.
- Por la eliminación de las patentes para la producción pública de vacunas contra la COVID 19. Vacunación gratuita y universal.
- Declarar de propiedad pública los laboratorios y capacidad instalada para producir vacunas.
- Por un plan de choque que re estatice las principales empresas y recursos estratégicos de la nación
- Entrega de tierras a los campesinos y expropiación a terratenientes, expropiación a las entidades bancarias y a las grandes empresas inmobiliarias y grandes casa-tenientes para dar vivienda digna a todos los colombianos.

Bogotá, 4 de junio de 2021
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Editorial – 17 de mayo de 2021
¡Alto a la agresión genocida del Estado nazi-sionista de Israel
contra el pueblo palestino!
¡Cese inmediato a la masacre en Gaza!

Desde el 10 de mayo, la Franja de Gaza, estrecho territorio al borde del Mediterráneo en el que se hacinan dos millones de palestinos, está siendo sometida a un ataque genocida por parte del ejército del Estado nazi-sionista de Israel. Mentiras del sionismo y del imperialismo cuando dicen que Israel se está defendiendo. El reciente conflicto se inició cuando los palestinos que viven en Jerusalén protestaron masivamente por un nuevo plan de expulsión de familias árabes de sus casas, en el barrio de Sheij Jarrah, para entregar sus viviendas a colonos israelíes. La violencia sionista se ejerció en la Explanada de las Mezquitas, donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. La represión contra las protestas provocó más de 300 heridos.
En respuesta a la política represiva del gobierno sionista, Hamas, partido palestino que gobierna la Franja de Gaza lanzó un ataque con misiles caseros hacia territorio israelí. A pesar de que el sistema de defensa antimisiles de Israel, denominado “Cúpula de Hierro”, neutraliza la mayor parte de estos artefactos –se calcula que han sido lanzados más de 3.000– su ejército desencadenó una violenta agresión contra la indefensa población civil de Gaza. El ataque ha incluido bombardeos contra el edificio en que funcionaban las agencias de noticias Al Jazeera y AP, cuyos doce pisos fueron demolidos por las bombas, y contra las casas de los dirigentes de Hamas, provocando hasta el momento más de 190 muertos, entre ellos 52 niños y 31 mujeres. Del lado israelí solo han muerto diez personas, evidencia de la desigualdad de las fuerzas militares en el enfrentamiento.
La genocida agresión israelí ha sido respaldada por los gobiernos imperialistas de EE.UU. y Alemania argumentando el derecho a la “legítima defensa”, postura a la que se sumó el gobierno de ultraderecha brasileño de Jair Bolsonaro.
Los trabajadores y demócratas del mundo debemos rechazar esta brutal agresión contra el pueblo palestino. En Colombia llamamos a denunciarla y a convertirla en bandera de los participantes del paro nacional. El 14 de mayo Gustavo Petro se reunió con un grupo de empresarios, en su mayoría pertenecientes a la comunidad judía de Colombia. A él le exigimos que rechace este nuevo genocidio y que se sume a la exigencia al gobierno de Iván Duque de ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.
El apartheid (discriminación racista que el sionismo hace contra los árabes-palestinos) al que es sometida la población de Gaza, territorio considerado como el campo de concentración a cielo abierto más grande de la historia, debe terminar. Es el momento de redoblar nuestra solidaridad con la lucha del pueblo palestino exigiendo el cese inmediato de la ofensiva del ejército sionista.
¡Alto al ataque genocida de Israel contra el pueblo palestino!
¡Ruptura ya de relaciones con Israel por parte del gobierno Uribe-Duque!
¡Redoblemos la solidaridad con el pueblo palestino: Boicot, Desinversión y Sanciones contra el Estado de Israel!
¡Palestina para los palestinos!

Grupo de Trabajadores Socialistas (GTS)

Democracia Directa
17 de mayo de 2021
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Editorial – 8 de mayo de 2021
Paro nacional
¡A Duque lo derrotamos en las calles!
¡Organizarnos para continuar!

Atendiendo el llamado de Iván Duque, la burocracia del Comando Nacional de Paro ya inició una negociación buscando desmontar el movimiento. Al desnudo quedaron cuando el mismo gobierno informó que había realizado conversaciones “confidenciales” con ellos.
Tal como señalamos el 3 de mayo, “Entre el 28 de abril y hoy se ha demostrado que ante las medidas del gobierno nada hay que negociar; solo decidirse a luchar para tumbarlas.” Así el movimiento tumbó la reforma tributaria y al Ministro. Así se puede obligar al retiro de lesivo proyecto 010 sobre la salud. Así se puede tumbar el Decreto 1174 y conquistar la matrícula cero para estudiantes de todas las instituciones públicas o privadas. ¡Basta unificar el movimiento, organizarlo democráticamente, dotarlo de una dirección decidida y al mismo Duque podemos tumbar!
En últimas, el interés de la burocracia y los que están desesperados por negociar con Duque es ayudarle a sacar las castañas del fuego, porque no quieren derrotar la totalidad de sus políticas. Quieren negociar y concertar esas políticas, como han hecho durante años, facilitando a todos los gobiernos la aplicación de nefastas medidas económicas y sociales. Por la vía de la llamada “negociación y concertación” los trabajadores, oprimidos y explotados, solo hemos tenido pérdida y retroceso.
Llegó la hora de cambiar de rumbo. El Comando Nacional de Paro no representa a la enorme mayoría de los miles y miles que, en las calles, logramos tumbar la reforma tributaria y al ministro y propinar así un duro golpe al gobierno; así eso haya costado varias decenas de muertos, centenares de heridos y una violenta y generalizada represión sobre la población. Pero lo fundamental de las fuerzas aún está intacto. Si nos organizamos mejor y tenemos orientaciones precisas es posible propinar nuevos golpes al gobierno, obligándolo a echar atrás otras de sus medidas y conquistando reivindicaciones vitales para millones, que están precisas y en nada hay que negociar: ¡Hay que doblegar al gobierno para que las adopte!
La Declaración del 6 de mayo de un conjunto de organizaciones sociales, populares y sindicales de Cali muestra ese camino para reorganizarnos. Realizar asambleas por barrio, por colegio, por sector. Elegir Comités de Paro. Conformar en cada ciudad un Comité Unificado de Paro; en el cual participen delegados democráticamente elegidos por las distintas Asambleas Populares de Base. Realizar de emergencia un Encuentro Nacional constituido por delegados de esas mismas Asambleas, que elija en forma también democrática un nuevo Comité Nacional de Paro. Que las Direcciones de las Centrales participen, sí, pero que se sometan a las decisiones tanto de ese Encuentro Nacional de Emergencia como de ese nuevo Comité Nacional de Paro. Que no hagan el divisionismo que hicieron luego del 21 de noviembre de 2019 y en el encuentro de enero de 2020. ¡Es necesario unificar una Dirección del movimiento, que funcione de manera democrática!
Llamamos a las direcciones sindicales de base a que discutan de inmediato su participación en el movimiento, convocando asambleas de sus sindicatos, a la entrada o salida de los turnos en las fábricas, con participación de todos los trabajadores –sindicalizados o no. Que en esas asambleas participen delegaciones de las agrupaciones juveniles que han estado al frente del movimiento en cada lugar. Que allí se discuta democráticamente las razones por las cuales los trabajadores deben vincularse activamente, organizar el paro de la producción en sus fábricas y exigir a la alta dirección sindical un cambio radical de su política. Las organizaciones sindicales que decidan actuar así deben unificarse en comités o coordinadoras de lucha, conformándolas o acudiendo a las que ya existen en algunas partes.
Se trata, en últimas, de convencernos que esta lucha, que ya mostró su fuerza y capacidad para obtener triunfos (el retiro de la reforma y la caída del ministro) va para largo, que hay que organizarla, que solo derrotando la totalidad de las políticas del gobierno (que son las políticas de los organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial y OCDE) será posible comenzar a solucionar las necesidades más agobiantes de millones y millones. Hasta cuando se ven obligados a entregar unas pocas migajas, los gobiernos burgueses como el de Duque están actuando al servicio de proteger y defender el pastel de unos pocos multimillonarios nacionales y extranjeros que se apoderan de la riqueza que genera el trabajo de millones. ¡Eso, en últimas, es lo que tendremos que acabar si queremos que esta lucha tenga final feliz! ¡Un país sin explotadores ni explotados ni oprimidos; en un mundo sin explotadores ni explotados ni oprimidos!
La solidaridad que se extiende por todo el mundo con la gesta de un pueblo que se levanta contra la explotación y opresión debe expresarse también en todos los países contra los respectivos gobiernos y el imperialismo. No creemos en la hipocresía de los organismos internacionales OEA, ONU, de Biden o la burguesía europea, pero exigimos que supriman todo apoyo político y económico a este gobierno que solo usa la máscara de la democracia para disparar de forma asesina a las multitudes. La solidaridad que esperamos es del proletariado, explotados y oprimidos del mundo en esta hora y sin demora.
¡Viva el paro nacional!
¡Qué pare la masacre y la represión! ¡Qué paren los asesinatos y desapariciones!
¡A Duque lo derrotamos en las calles, organizarnos para continuar!
¡Abajo Duque y la totalidad de su plan contra el pueblo!
¡Por un gobierno de los trabajadores, explotados y oprimidos!
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Tumbamos la reforma y al ministro
¡Vamos por el resto!
Editorial – 3 de mayo de 2021
¡La reforma la tumbamos! ¡Al ministro lo tumbamos! ¡Vamos ahora por el resto! Lo hecho y logrado es solo el comienzo de las nuevas y más profundas batallas que hay que dar para salvar al pueblo colombiano de un gobierno y sus políticas que son más mortales que el Covid-19.
Con centenares de miles en las calles, especialmente jóvenes, batallando a brazo partido contra toda la represión desatada, pagando con sus vidas atreverse a desafiar a un gobierno y régimen asesinos, con el respaldo activo de millones, se ha logrado un primer triunfo.
Ese triunfo sólo se logrará consolidar avanzando más, logrando nuevas conquistas en nuevas batallas, construyendo una dirección y organización del movimiento decidida y capaz de aprovechar el momentáneo desconcierto que la acción decidida de movilización del 28 de abril y los días posteriores ha causado en el principal enemigo del pueblo colombiano: el gobierno de Duque, agente fiel de los potentados, multinacionales y organismos financieros del imperialismo.
¡Para avanzar, hay que propinar nuevas y más fuertes derrotas al gobierno! El Comando Nacional de Paro, encabezado por la burocracia sindical que no quería dar continuidad al movimiento luego del 28, que no llamó a movilización activa el 1 de Mayo, se ha visto obligada a convocar nuevas acciones para el día miércoles 5 de mayo.
¡Hay que convertir el 5 de mayo en una nueva y más potente demostración de fuerzas! ¡Hay que organizarse para que toda la burguesía, los grandes empresarios y el gobierno sientan un nuevo y más doloroso golpe! ¡Hay que parar la producción en todo el país, en todas las fábricas, en todas las empresas! ¡Ahí es donde más les duele!
Exijamos al Comando Nacional de Paro que dé la orden de que todos sus sindicatos paralicen actividades el día miércoles. Los jóvenes, en grupos organizados, desde cada barrio, en cada poblado, deben ir a las puertas de las fábricas a las horas de ingreso de los trabajadores, a realizar allí asambleas, a decidir en ellas paralizar sus actividades; coordinando con los dirigentes sindicales de base, donde haya sindicato. Se trata de abrir un diálogo amplio para que los trabajadores sumen voluntad y consciencia porque unidos podemos vencer.
No basta con que los trabajadores no puedan ir a trabajar por parálisis del transporte. Es necesario ganar, en asambleas, que esa sea una decisión colectiva, consciente y que en esas Asambleas se elijan Comités de Paro para dar continuidad a las nuevas acciones que el movimiento demanda. Esto se puede hacer a la vez que se mantienen los bloqueos y parálisis del transporte. En igual forma hay que proceder en las instituciones educativas, realizando asambleas conjuntas con padres de familia y estudiantes y conformando Comités de Paro.
El Comando Nacional de Paro, los dirigentes de las Centrales, deben dejar de actuar buscando conciliación y concertación con el gobierno. Lo que hay que hacer es echar abajo sus medidas. Si la movilización empalma con el paro de la producción, serán las masas las que dicten las condiciones y millares de comités se constituirán en una fuerza superior al gobierno de Duque, que hoy se esconde detrás de las tanquetas de guerra. Entre el 28 de mayo y hoy se ha demostrado que ante las medidas del gobierno nada hay que negociar; solo decidirse a luchar para tumbarlas. Por eso, para obtener otros triunfos inmediatos, llamamos a concentrar la lucha en:
¡A tumbar el proyecto de Ley 010 de privatización de la salud!
¡A tumbar el decreto 1174!
¡Decreto de matrícula cero para todos los estudiantes, en todas las instituciones educativas del país, públicas o privadas!
Existe demasiada carga laboral, largas y extenuantes jornadas de trabajo, debemos pedir reducción de la jornada laboral sin disminución del salario y las demás horas laborales sean para contratar más trabajadores en condiciones y capacidades de laborar. ¡Exijamos a la empresa privada o estatal empleo inmediato para todos los desempleados!
¡Toda empresa privada o estatal, de más de 10 trabajadores, debe duplicar su nómina de inmediato y se distribuye el trabajo entre todos! Si con esto no se alcanza, el Estado enganchará a todo desempleado. ¡Toda empresa que declare quiebra se entrega a control de los trabajadores y el Estado subsidia su actividad!
¡Contrato indefinido, con plenos derechos laborales, para todos los trabajadores de la salud en instituciones públicas o privadas!
¡No pago de la deuda externa para dedicar esos recursos a un plan de total emergencia de vacunación masiva a la población, exigiendo la liberación de las patentes de las vacunas por parte de las multinacionales!
¡Cese de la represión y masacre contra el pueblo! ¡Castigo a los culpables! ¡Disolución inmediata del ESMAD!
La única “reforma tributaria” que aceptamos es: que la totalidad de las 500 empresas más grandes del país entreguen la totalidad de las ganancias obtenidas en los dos años anteriores. ¡Que la crisis la paguen los ricos! ¡Con esto y las medidas anteriores basta para tener un primer respiro en el hambre y miseria que agobia a millones!
¡A lograrlo! ¡Pudimos tumbar la Reforma y al ministro, podemos lograr nuevos triunfos!
¡Vamos por el resto!
¡Abajo Duque, por un gobierno de los trabajadores!
Grupo de Trabajadores Socialistas
Bogotá, 3 de mayo de 2021
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Declaración
¡A tumbar la reforma tributaria de Duque!
Por pan, empleo y salud para millones
El paro del 28 es necesario, pero insuficiente
A fortalecerlo y darle continuidad
Editorial
El Comando Nacional de Paro, encabezado por las direcciones de las centrales sindicales, ha convocado un paro nacional el miércoles 28 de abril, bajo el lema “Por vida, paz, democracia y el nuevo paquetazo de Duque”.
De cara a esa convocatoria, Democracia Directa, el Grupo de Trabajadores Socialistas (GTS) e Impulso Socialista declaramos ante los trabajadores y ante todos los explotados y oprimidos del país, lo siguiente:
Dos enemigos terribles amenazan la vida de los trabajadores de las ciudades y el campo, las minorías sociales, étnicas y populares. Por una parte, la sindemia, es decir, las consecuencias de la pandemia del coronavirus que actúa, principalmente, sobre los más pobres. Por otra parte, el uribirus, es decir, la política del gobierno uribista de Duque que se derrama en beneficios para los grandes capitalistas, los bancos y los patronos, mientras derrama sangre, desempleo y miseria en nuestros hogares, en detrimento constante de la calidad de vida de los de abajo o de su misma capacidad de subsistencia. Hay 4 millones de desempleados en el país, lo que obliga a la informalidad, la mendicidad y la violencia. Campean el hambre, la falta de atención en salud, las masacres, la represión a todo lo que huela a justos reclamos populares.
Es decir, existen razones de sobra para realizar un paro contra las medidas adoptadas por el gobierno de Duque en los meses anteriores y contra sus políticas y propuestas actuales. Todas esas políticas y medidas solo buscan descargar sobre los hombros de los trabajadores, oprimidos y explotados la crisis que ya venía de antes, y que se ha agudizado hasta niveles sin precedentes.
El gobierno de Duque, agente incondicional al servicio de los intereses de unos pocos potentados, de las grandes empresas, del capital financiero, de las multinacionales y del imperialismo hace todo lo necesario para garantizar las ganancias millonarias de los detentadores del poder económico, político y social.
Para responder a lo anterior, llamamos a todas las organizaciones sindicales, barriales, populares, de campesinos pobres, de indígenas, comunidades afro, estudiantiles y voceras de todos los explotados y oprimidos a unir fuerzas en un solo haz de voluntades que permita que el paro del 28 sea lo más fuerte y tenga la mayor extensión nacional posible.
Sin embargo, esta acción justa y necesaria será insuficiente para obligar al gobierno a echar atrás las medidas adoptadas y para frenar sus planes y políticas. Para lograrlo es necesario asumir el paro como un primer paso de un Plan Nacional de Lucha, permanente y sistemático, que potencie nuevas y más radicales acciones de movilización, con las cuales se consiga doblegar al gobierno.
Y sin embargo, las fuerzas políticas mayoritarias, que tienen a su cargo la dirección de las principales organizaciones sindicales y populares del país, no defienden dicha orientación. Todas ellas asumen como norte estratégico la contienda electoral de 2022 (parlamentaria y presidencial) en lugar de asumir como objetivo central el infligir, por la vía de la movilización masiva y organizada de millones, una derrota al actual gobierno. Es decir, buscan poner la lucha y la movilización al servicio de sus planes y actividades electorales. Como consecuencia, en lugar de fortalecer el movimiento, lo debilitan.
Esas direcciones sindicales mayoritarias no han realizado las tareas necesarias para preparar el paro en los sitios de trabajo, en los barrios, en los pueblos, entre los estudiantes, los indígenas y demás sectores sociales oprimidos por el Estado y los patronos. Poco o nada han hecho por convocar a todas las organizaciones sociales para centralizar y coordinar la lucha, no han acudido a la mayor arma que tenemos los de abajo: la democracia directa para definir qué hacer, cómo y cuándo.
A pesar de que el tiempo para subsanar esta débil preparación ya es mínimo, deben intensificarse los esfuerzos para que en la próxima jornada del 28 participen en forma activa y organizada la mayor cantidad de trabajadores. En ese sentido, en los días que faltan, es necesario fomentar asambleas y reuniones de preparación y organización, en la medida en que las condiciones de cada sector lo permitan.
Las fuerzas que con una vocación distinta trabajamos en el impulso al movimiento, agrupadas en distintos niveles (como la CNSSP, el Bloque por el Paro Indefinido, los Comités de Solidaridad o cualquier otra), algunas de las cuales expresan una relativa independencia de la dirección mayoritaria de las centrales, debemos unificar tareas, actividades y compromisos, buscando la acción conjunta, exigiéndole a la dirección mayoritaria una modificación sustancial de la orientación actual y denunciando abiertamente su política de conciliación, que termina facilitando la aplicación de las políticas gubernamentales y empresariales. A la vez, debemos exigir que la dirección del movimiento se unifique en un solo organismo nacional, en el cual tengan representación todos los sectores comprometidos con la lucha contra el gobierno y dispuestos a impulsar la movilización para derrotar sus políticas y planes.
Desde ya el Comando Nacional de Paro debería convocar un Gran Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Indígena, Afro y Popular, con amplia participación de delegados elegidos directamente por la base de las organizaciones, con capacidad decisoria y que evalúe los resultados del paro del 28. En este espacio deberían definirse, de la manera más democrática posible, unas consignas centrales que unifiquen el movimiento y a partir de las cuales se pueda trazar un plan de acción y movilización. Solo así será posible derrotar las medidas y políticas del gobierno de Duque.
Ese plan de acción debería plantearse la realización de un nuevo paro, a más tardar a mediados de julio. Durante los meses previos se debe garantizar una preparación y organización suficientes para que este próximo paro sea más fuerte y extenso que el que se realizará el 28.
Un Gran Encuentro Nacional Obrero, Campesino, Indígena, Afro y Popular debería definir con precisión las exigencias centrales del movimiento.
Para obligar a echar atrás las antipopulares medidas adoptadas por el gobierno y derrotar sus planes, es necesario levantar, como mínimo, un programa que contenga las siguientes exigencias centrales:
–¡Abajo la reforma tributaria impuesta por el FMI y la OCDE!
–Para garantizar la vida y salud de los colombianos, ¡no al pago de la deuda externa! ¡Uso de esos recursos en entrega masiva y gratuita de alimentos, bienes y servicios, controlada directamente por el Estado, pagada directamente a los productores, cero ganancias para los pulpos distribuidores!
–Plan de emergencia en salud que garantice vacunación masiva y gratuita de la totalidad de la población. ¡Por la libertad de las patentes para garantizar el abastecimiento masivo e igualitario de vacunas! ¡No al enriquecimiento de las multinacionales farmacéuticas a costa de la vida de millones!
–Plan de emergencia que garantice trabajo para todos, incluyendo la reducción de horas de trabajo sin rebaja salarial.
–Derogatoria de todas las leyes y decretos laborales lesivos que han sido emitidas por el gobierno de Duque aprovechándose de la crisis generada por el covid-19. Derogatoria del Decreto 1174.
–¡Fin a la temporalidad laboral en toda la planta estatal! ¡Un millón de trabajadores estatales con contratos temporales constituye el más grave atentado del gobierno contra los derechos de los trabajadores!
–¡Matrícula cero para todos los y las estudiantes de primaria, secundaria y universidad, tanto en la educación pública como en la privada! ¡Que el Estado asuma los costos y el control de todo el aparato educativo nacional! ¡Basta de que la educación sea un negocio! –¡Por plenas libertades democráticas! ¡Cese de las masacres de luchadores y luchadoras! ¡Cese de la represión contra las luchas populares!
Democracia Directa

Grupo de Trabajadores Socialistas

Impulso Socialista – LIS

Bogotá, 18 de abril de 2021
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